El CGV pide el restablecimiento de las policías provinciales

Los representantes del Consejo General Vasco encargados de debatir con el Gobierno la creación de una policía autónoma para Euskadi se negaron, en la reunión que ambas partes celebraron ayer en Madrid, a negociar el estatuto de las policías municipales propuesto recientemente por el Ministerio del Interior e insistieron en la necesidad de centrar las conversaciones en el restablecimiento de las policías provinciales en Guipúzcoa, Alava y Vizcaya.En la mencionada reunión, que se prolongó por espacio de dos horas, estuvieron presentes por parte vasca los consejeros Juan María Bandrés, Txiqui Benegas y Juan José Pujana, así como los presidentes de las Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, que asistieron en calidad de observadores y, en representación del Gobierno, diversos altos cargos de los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos el subdirector general de Seguridad, José Sainz.

La propuesta vasca se centró en la solicitud de restablecimiento de los guardias forales en Vizcaya, los mikeletes en Guipúzcoa y la actualización de los millones en Alava. Posteriormente, y una vez aprobado el estatuto de autonomía, concentrar estas policías provinciales en una única policía nacional para todo el País Vasco.

A este respecto, sobre el que el Gobierno no mostró desacuerdo, los representantes vascos solicitaron que sea el Consejo General Vasco el único organismo encargado de coordinar esta policía autónoma y ambas partes negociadoras llegaron al acuerdo de presentar en el plazo de quince días sendas alternativas sobre los siguientes puntos concretos: elección de los mandos policiales, competencias, actuación, selección, financiación, armamento y determinación del número de policías que actuarían en territorio vasco. El Consejo General Vasco va a comenzar de inmediato a elaborar su alternativa de acuerdo con las diputaciones vascas, sobre cuyo contenido los consejeros presentes en la reunión de ayer en Madrid, únicamente adelantaron que presentarán al Gobierno que la proposición y designación de los mandos policiales corresponda al CGV y que la financiación de la policía autóctona sea compartida con el Estado.