Los defectos del censo electoral

EN LAS vísperas del referéndum constitucional, los es pañoles fuimos informados, para nuestra general sorpresa, de que el censo de ciudadanos con derecho a voto presentaba irregularidades que desbordaban amplia mente los márgenes de error tolerables en una sociedad desarrollada y que aumentaban nada menos que en un 5 % el número de electores. El Ministerio del Interior, en una reacción que encaja en su estilo de convertir cual quier derrota en una victoria, utilizó la nota en que el Instituto Nacional de Estadística denunciaba tan escan dalosa anomalía para justificar el elevado porcentaje de abstención ante las urnas el 6 de diciembre, atribuible fundamentalmente -según esa versión- a la duplicación y a la no inscripción de votantes. Al parecer, a las autoridades de ese departamento ni se les pasó por la cabeza la idea de que esos defectos del censo, oportunamente caídos del cielo para paliar el descalabro en la particcipación ciudadana en el referéndum, ponían de relieve, una vez más, su ineficacia y torpeza como servidores de una Administración más propia de un modesto país semidesarrollado que de la décima potencia industrial del mundo. Esgrimiendo abusivamente como coartada lo que no es sino un síntoma más del oxidamiento, imprevisión e improvisación de los servicios estatales, los responsables del desaguisado no han dado, hasta el presente, una explicación mínimamente convincente de las razones de esa gigantesca negligencia ni, por supuesto, han mostrado ni la más remota intención de asumir sus culpas y reconocer sus faltas.El padrón municipal que sirve de base al censo electoral fue elaborado en 1975. Cualquier persona algo familiarizada con las características de una sociedad desarrollada sabe que los movimientos migratorios y los cambios de domicilio son abundantes e inevitables en un país como el nuestro, y que el mismo espacio temporal que los españoles han utilizado para cambiar de ciudad o mudarse die piso podía haber sido aprovechado por una Administración diligente y eficaz para registrar esos movimientos e impedir la duplicación de inscritos en el censo. No se puede aducir como explicación que nuestros políticos ignoren las enseñanzas de la sociología. Prueba de ello es la frenética y abusiva utilización por el Gobierno de las técnicas de encuesta para conocer las tendencias de voto, aunque los contribuyentes que las pagamos seamos mantenidos en la ignorancia de sus resultados y aunque los funcionarios sociólogos que las diseñan y realizan sacrifiquen en ocasiones a las servidumbres hacia el poder su vocación científica.

Las elecciones generales y municipales se van a celebrar, así, sobre el telón de fondo de un censo impreciso y no fiable. Aunque desde el lunes pasado han sido expuestas en los colegios electorales las listas del censo, para posibilitar la inscripción de los ciudadanos omitidos, es dudoso que esa oportunidad sea aprovechada en la medida de lo deseable. Ni el corto plazo previsto para las reclamaciones, ni la mínima publicidad dada al mecanismo rectificador van a ayudar a que el procedimiento produzca espectaculares resultados. Tampoco es seguro que las inercias y perezas administrativas permitan la actualización de las nuevas inscripciones. antes del primero de marzo. Y, lo que es todavía más grave, esa incorporación a las listas de los ciudadanos hasta hoy mudos, a quienes se ha irrogado ya el irreparable perjuicio de impedirles el ejercicio del derecho de voto en las anteriores convocatorias, puede traducirse en un efecto lateral negativo: el todavía mayor inflamiento de un censo al que, en diciembre de 1978, le sobraban millón y cuarto de nombres por duplicación de inscripciones.

Probablemente no hay tiempo para rebajar, antes de las próximas elecciones, ese peso superfluo de las listas electorales y para que el censo incluya ni menos ni más ciudadanos de los que poseen derecho al voto. Pero el Ministerio del Interior tiene, al menos, el deber de informar a la opinión pública de los procedimientos que va a poner en marcha para iniciar esa rectificación y de los plazos que se va a tomar para instrumentarlos. Y durante los escasos días concedidos a los ciudadanos no inscritos para darse de alta en el censo, el Gobierno debería dar una mayor cobertura publicitaria a la forma de llevar adelante las reclamaciones, a fin de que los españoles despojados de ese elemental derecho político lleguen a tiempo de recuperarlo.