Brigada contra el terrorismo
LA «ESTRATEGIA italiana» del terrorismo español se dibuja día a día con una precisión y rapidez tan asombrosas como crueles. Manteniendo el escalón terrorista de atentados indiscriminados contra las fuerzas de orden público y de amedrentamiento de civiles presuntos colaboradores de aquéllas, se ha ascendido ya el peldaño de golpear repetidamente a las instituciones. Ejército y Magistratura están siendo las primeras víctimas de esta escalada cualitativa y, como lo ha sido en Italia, le llegará el turno a otros estamentos sociales si el Gobierno no es capaz de frenar el fenómeno y si la respuesta emocional de los cuerpos atacados es tan elemental como la que hemos contemplado.No entra en nuestro ánimo el agorerismo o la resignación de los pesimistas; por el contrario, creemos que los únicos problemas político-sociales (como el terrorismo) que no se resuelven son los que no se saben resolver, pero hay que desdeñar la psicología del avestruz y plantearse la evidencia de que hay «listas negras» en manos de la internacional del temor y que esas listas se están cumpliendo indefectible y funeralmente.
Si tuviéramos Cortes sería de urgencia, ante la progresión geométrica que están adquiriendo los atentados, dar estado parlamentario al problema terrorista. Pero no convocar un Pleno como el que ya se nos deparó hace meses sobre orden público para escuchar cómo el Gobierno se justifica, el jacobinismo vasco manipula la violencia institucional y la derecha conservadora remeda al último Calvo Sotelo. No se nos alcanza cómo en este país, en el que la política y la economía se han venido pactando parlamentariamente hasta el 27 de diciembre, no se haya logrado un consenso de todas las fuerzas políticas democráticas para sentar unas grandes líneas de actuación en la lucha antiterrorista.
Por el contrario, el terrorismo y sus consecuencias continúan siendo arma arrojadiza interpartidos, con clara ventaja táctica y psicológica para los segmentos de opinión más reaccionarios. Y es que el terrorismo que estamos padeciendo ya hace tiempo que ha dejado de ser competencia técnica exclusiva de determinado Gobierno o un apartado más de lo que se entiende por «orden público». El terrorismo que padecemos es un problema de Estado que el Ministerio del Interior no sabe ni si quiera contener o acaso no puede hacerlo en su medrosidad de proceder a una verdadera reforma del aparato policial.
Es harto sabido que el anterior régimen dejó unos servicios policiales y de información absolutamente infradotados en personal humano y medios técnicos, si no acaso inexistentes. Buena prueba de ello lo sufrió el propio régimen franquista en sus postrimerías, que coincidieron con el auge del terrorismo. Las estructuras generales de la seguridad del Estado han sufrido con la democracia reformas poco más que formales y nominativas, con el único activo del acceso a algunos puestos de responsabilidad de hombres de talante profesional que han quedado en meras islas de buena voluntad, en un contexto policial significado por la ineficacia, cuando no por el desdén, hacia lo que debe ser una policía al servicio de una sociedad desarrollada y libre.
El no haber procedido -por temores políticos- a la remodelación profesional de la policía en profundidad trae ahora estos Iodos en los que vemos cómo son asesinados hombres públicos previamente amenazados, con conocimiento policial y de sectores de opinión sobre estas amenazas, y, sin embargo, indebidamente protegidos, bajo el argumento de que ellos no querían. El Gobierno tiene el deber de garantizar la seguridad de estas personas que son buscadas por la mano asesina en virtud de su significación política o social y no por motivos particulares. En este panorama emerge como un monumento a la ineficacia esa Brigada Antiterrorista, comandada por el legendario comisario Conesa, experta en capturar secretamente presuntos terroristas para anunciar su detención cada vez que terroristas más eficaces consuman un nuevo atentado. La farsa de la Brigada Antiterrorista puede continuar. La decepción de los españoles ante los servicios de seguridad del Estado es absoluta.
Por lo demás, tenemos enésimamente que condolernos todos ante el asesinato del magistrado Cruz Cuenca -otro crimen evidente contra la sociedad entera- y contemplar pacientemente cómo el Gobierno, a falta de mayor imaginación, adelanta el entierro de la última víctima del terrorismo, en su incapacidad de poner en recaudo a los criminales y de poner orden entre los profesionales de la politización de los sepelios.
