El cardenal Benelli, acusado de insultos al Parlamento italiano

La polémica italiana sobre el aborto, que fue el tema de actualidad en estas Navidades y que tuvo como protagonistas al Papa y al cardenal Benelli con sus discursos de fuego, ha llegado hasta la Magistratura. El cardenal Giovanni Benelli, que fue uno de los papables en el último cónclave, y de quien se habla como futuro secretario de Estado de Wojtyla, deberá presentarse ante los jueces de Florencia acusado de «ultraje al Parlamento».La denuncia la ha presentado nada menos que un magistrado de casación, presidente del tribunal de Camerino. Se trata de Giovanni Sabalich, de 63 años, que se define como «creyente no católico».

Según el magistrado, las palabras del cardenal Benelli pronunciadas en la homilía de Navidad «contra la ley italiana sobre el aborto» van contra las normas concordatorias, que «imponen a los eclesiásticos que actúan en el territorio del Estado el respeto de su soberanía». Según Sabalich, las palabras del cardenal que presentaban la actual ley italiana como un «tumor engangrenado» que es necesario extirpar con todos los medios posibles, «incitan al ciudadano no sólo al desprecio de la ley, sino también del legislador».

El magistrado piensa que las palabras de Benelli tenían mayor gravedad porque no las pronunció un simple político, sino una «autoridad eclesiástica que en este país ejerce un poder directo sobre las conciencias de los ciudadanos».

No se trata, según Sabalich, de una «manifestación de sectarismo anticlerical», sino más bien de una «exigencia de claridad y de orden en el delicado sector de las relaciones entre el Estado italiano y el poder eclesiástico».

De seis meses a tres años de cárcel

La pena por el delito del que el magistrado italiano acusa a Benelli es de seis meses a tres años de cárcel. Todo el mundo supone claro, que el cardenal será absuelto, pero la decisión de procesarlo ha causado honda impresión.

El diario de la Santa Sede, L'Osservatore Romano, ha respondido inmediatamente afirmando que un cardenal no deja de ser un ciudadano como los demás y que, por tanto, tiene también el derecho de criticar una ley del Parlamento.

De todo el mundo católico están lloviendo al arzobispado de Florencia telegramas de solidaridad al cardenal Benelli. Por su parte, la redacción del Diario Mujer, una publicación autogestionada por periodistas, ha hecho también una denuncia a la Fiscalía de la República contra los miembros del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal por «violencia privada agravada o amenaza agravada contra las mujeres, y por abuso de la credulidad popular». La denuncia trata del documento emanado por esta Comisión de Obispos sobre el aborto y en el cual se amenaza con la excomunión a las mujeres que lo practican. Según la redacción de este diario, esta excomunión no sólo castiga espiritualmente, sino que «discrimina socialmente a estas mujeres».

En el mundo político se sigue diciendo que la actual ley italiana sobre el aborto es una de las mejores de Europa. Pero lo cierto es que esta ley fue el fruto de un compromiso para evitar un referéndum abrogativo de un artículo del Código Penal, que castigaba con la cárcel a cuantos practicasen el aborto. El referéndum hubiese creado un gran vacío legislativo, y por eso se hizo rápidamente la ley actual. Las aguas parecían ya calmadas cuando comenzó esta campaña de la Iglesia italiana, a la cual se unió el Papa estas Navidades, desencadenando las críticas de todo el mundo laico italiano. El cardenal Benelli llegó a decir que la ley actual había creado ya «más víctimas que la guerra mundial», y que era una autorización del Estado «para matar».

En este momento, el Partido Radical, que era quien desde el principio deseaba el referéndum, ha vuelto a la carga y ha presentado ayer oficialmente la petición de un referéndum que abrogue casi toda la ley actual, sobre todo las restricciones que pone a la fecha en la que se puede abortar (tres meses), a la edad de la mujer (mayor de dieciséis años) y a la necesidad de pasar a través de las estructuras públicas de los hospitales.

Si se llega a recoger el medio millón de firmas necesario, el referéndum se hará en 1980.

Por su parte, las fuerzas políticas están preocupadas. ¿Y si los católicos, como al parecer deseaba Benelli, piden también un referéndum para abrogar la ley, no porque la consideran demasiado blanda, sino porque la juzgan inmoral? ¿No se creará una gran confusión?

Las fuerzas de la izquierda piensan que la ley actual es lo máximo que se puede obtener en Italia sin una cruzada religiosa, que es mejor que la ley francesa y que, a pesar de que el 72 % de los médicos se han declarado objetores de conciencia, en los ocho meses de vigencia de la ley se han podido ya practicar en Italia, en los hospitales, y gratuitamente, más de 100.000 abortos, los cuales, sin la ley, hubiesen sido clandestinos, hubiesen costado dinero o, lo que es peor, quién sabe cuántas vidas de mujeres pobres.