La CEOE propone una negociación bilateral con los sindicatos para reformar las relaciones laborales

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se unió ayer a la ola generalizada de contestación de las fuerzas sociales frente a los principios básicos de política económica para 1979 expuestos el pasado martes por el Gobierno y en especial respecto del decreto-ley de limitación salarial. A juicio de la patronal, las disposiciones gubernamentales contribuirán a un mayor deterioro de la situación de Ias empresas. Como alternativa, los empresarios urgen la iniciación de unas auténticas negociaciones, encaminadas a llevar a cabo la reforma laboral, que es el gran reto con que España debe enfrentarse en 1979.

En un comunicado difundido al término de la reunión que celebró la ejecutiva de CEOE se señala que «la solución parcial del decreto-ley no es la adecuada. Es el sucedáneo criticable de una negociación que nunca existió, por falta de voluntad decidida del Gobierno y las centrales sindicales». Posteriormente, el presidente de la patronal, Carlos Ferrer, admitió en rueda de prensa haber pecado de ingenuidad al creer que los intentos de alcanzar un pacto socioeconómico para 1979 eran sinceros, tanto por parte de los líderes sindicales como del Gobierno.Carlos Ferrer insistió reiteradamente en que los empresarios han sido y son partidarios de alcanzar un pacto, cuya necesidad nadie parece poner en duda. En tal sentido, anunció que había sido cursada recientemente una invitación oficial a las dos centrales mayoritarias -UGT y CCOO- para el inicio de negociaciones bilaterales, encaminadas sobre todo a redefinir el marco de las relaciones laborales españolas. «Tras las reformas política y fiscal, este país debe acometer en 1979 la reforma laboral», dijo el presidente de la patronal. Al parecer, una de las centrales, y concretamente UGT, ya ha aceptado la celebración de estas negociaciones.

Según aseguró el señor Ferrer, el aumento salarial propuesto por el Gobierno no podrá ser cubierto por un gran número de empresas, so pena de comprometer su inmediato futuro, ya que la situación interna por la que atraviesan la mayoría de las sociedades es muy difícil. El presidente de la patronal rechazó rotundamente que el decreto-ley promulgado por el Gobierno hubiera sido previamente aceptado por CEOE y reiteró la limitación del 10% al crecimiento de los salarios, fijada por el comité ejecutivo hace dos semanas.

Los empresarios tacharon el contenido del decreto de excesivamente influenciado por cuestiones políticas, indicando que tenía ciertos visos de pre electoral. Rechazaron también los proyectos de inversión pública encaminados a generar empleo dada su tradicional ineficacia y por entender que el único medio de ampliar la oferta de puestos de trabajo es consolidar la situación de las empresas, restituyendo el beneficio empresarial y favoreciendo la reconversión de determinados sectores industriales. Carlos Ferrer se mostró incrédulo ante las cifras facilitadas por el Gobierno respecto al crecimiento del excedente empresarial durante 1978; «en cualquier caso, ese incremento vendría motivado por el aumento de las rentas agrarias -por la buena cosecha registrada- y los buenos resultados del sector turismo». Por otra parte, los empresarios estiman muy perjudicial el déficit del sector público que se prevé, ya que la cifra calculada inicialmente como desajuste presupuestario se ha elevado hasta 195.000 millones de pesetas, «lo que contradice gravemente los principios esenciales de un correcto sistema de economía de mercado». CEOE estima que este abultado déficit gravitará en definitiva sobre la tasa de crecimiento prevista para el crédito al sector privado, que puede quedar nuevamente muy por debajo del de las disponibilidades líquidas, como ya ha ocurrido este año. Según los cálculos de CEOE, una desagregación del crecimiento previsto para 1979 de las disponibilidades líquidas -17,4%- demuestra que el crecimiento efectivo del crédito bancario al sector privado sólo será del 14,5%, sin contar la incidencia que pudiera tener una eventual caída del dólar norteamericano, un incremento de las reservas o incluso el ya comentado incremento del déficit del sector público.

Otro tema abordado en el comunicado de CEOE es la incidencia que el nuevo sistema de retenciones fiscales tiene en las rentas salariales. Según la patronal, entre el 70% y el 80% de los trabajadores españoles perciben haberes situados en torno o por debajo de las 700.000 pesetas anuales, que son precisamente las escalas que resultan beneficiadas por el nuevo sistema de retenciones que sustituirá a partir del 1 de enero al IRTP. Esta mejora en las percepciones salariales no ha sido tenida en cuenta por las centrales -con intención, según la patronal- a la hora de asegurar que iba a quedar disminuido el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Carlos Ferrer se mostró sorprendido de que las centrales sindicales se negaran a aceptar este año un tope salarial situado sólo tres puntos por debajo del índice de inflación de 1978, cuando el pasado año, en la Moncloa, los partidos directamente relacionados con ellas habían admitido seis puntos menos de incremento salarial respecto a la inflación del año precedente, si se tiene en cuenta que todos empresarios y dirigentes sindicales, coinciden en afirmar que la situación de las empresas es mucho más grave este año que el pasado.

Por último, el líder de la patronal no descartó que los empresarios puedan hacer uso de las facultades que la legislación les otorga -lock out incluido en caso de que la conflictividad laboral se disparara.

CEPYME coincide con la patronal

Tras una reunión celebrada en la mañana de ayer, la ejecutiva de CEPYME difundió un comunicado en el que califica las medidas económicas del Gobierno en materia de rentas y empleo como una fórmula inadecuada para enmarcar los grandes temas de la economía y las relaciones laborales, a la vez que acusa a todos los participantes del fracaso de negociación de los pactos económicos.

CEPYME subraya, sobre todo, la necesidad de unas nuevas relaciones laborales y de flexibilidad de plantillas, y plantea con exigencia una política de empleo basada en: flexibilidad de plantillas, creación de instrumentos contra el absentismo laboral, superación del actual contrato laboral indefinido, contemplando contrato a término, la política activa de costes salariales, igualando éstos con salarios reales percibidos y referidos a salario-hora y movilidad total de plantillas en empresas de hasta quinientos trabajadores, para devolver a las empresas los niveles de productividad.

La CEPYME llama la atención a los sindicatos porque «están obstaculizando la generación de empleo», sin que pueda entenderse cómo estando «en el 10% la tasa de inflación para 1979, y está tres puntos encima el tope salarial, esto pueda disminuir la capacidad adquisitiva de los salarios», subrayando que «es absurdo que planteen la reducción de jornada cuando el país necesita producir y trabajar».

Continúa la oposición

La USO, tercera central sindical española, mostró ayer, tras la reunión de su comisión ejecutiva, su total rechazo a la política de topes salariales impuesta por el Gobierno, a la vez que rechazaba estas medidas por considerarlas que eran incapaces de resolver la crisis y atender a la demanda que de la crisis se deriva.

Similar rechazo procedió ayer de la CNT, de la Confederación de Cuadros y Mandos, a la vez que el consejero de Trabajo de la Generalidad, Joan Codina, calificaba de antidemocrático el procedimiento seguido para la elaboración del reciente decreto sobre topes salariales.