Ineficacia y burocratización, problemas de fondo de las oficinas de empleo

A la cola de General Pardiñas, que ya no es tal cola (y no porque haya disminuido el número de parados) acuden diariamente centenares de personas. La joven y frágil democracia no podía permitirse el lujo de mostrar, como antaño, largas filas de desocupados aguardando turno para acceder a la oficina de empleo, ocupando durante todo el día las aceras del barrio de Salamanca. Los servicios se han descentralizado -hoy existen 406 oficinas fijas, 2.303 puntos itinerantes de atención y 147 corresponsalías (puntos fijos de reducido horario)-, pero los problemas de fondo y de falta de eficacia subsisten.«Lo que hay es mucho enchufe y mucha corrupción», sentenciaba un parado del metal en la oficina de empleo. El acudía allí, agotado el subsidio, «por llamar a todas las puertas», pero sin demasiadas esperanzas de que le proporcionen faena. Este escepticismo de los trabajadores hacia las oficinas de empleo no es menor -aunque sí diferente- al que mantienen los empresarios: «El trabajo es un mercado como otro cualquiera, como el de capitales, y no tiene por qué estar monopolizado por la Administración. Es un servicio carísimo e ineficaz.»

Las oficinas y el mercado de trabajo

Aunque el índice de penetración en el mercado de trabajo alcanza una media mensual del 21,2 %, según fuentes directivas del SEAF-PPO, funcionarios del servicio estimaban que de cada cien personas que se apuntan en las oficinas de empleo, sólo quince logran obtener un empleo en el período que les cubre el subsidio. Y de ellas, únicamente tres o cuatro cubren las denominadas ofertas innominadas de trabajo. El resto, las otras doce o trece personas, en muchos casos no llegan a estar realmente parados. Se trata de cambios de colocación, de movilidad laboral, que por requisitos legales o por conveniencia del interesado pasan por las oficinas de empleo y alimentan las estadísticas.

Por otra parte, y aunque no existen datos reales, se estima en fuentes del SEAF-PPO, extraoficialmente, que sólo el 15 % de las colocaciones que se producen en España pasan por las oficinas de empleo. Por esas mismas oficinas que registran estadísticas casi millonarias en desempleados.

El convencimiento general de la ineficacia de las oficinas de colocación, la falta de confianza de los trabajadores en las mismas, las ha convertido en meros registros de subsidios. El trabajador en paro, aunque acuda a ellas «por llamar a todas las puertas», enfoca sus gestiones de colocación por este orden: familiares o amigos («mira a ver si sabes de algún empleo para mí cuñado, que se ha quedado sin trabajo»), directamente («yendo por las obras, a ver si en alguna me quieren»), o a través de los anuncios de prensa (La Vanguardia, de Barcelona, y el diario Ya, de Madrid, son los preferidos por el parado, por sus secciones de anuncios por palabras).

Junto al escepticismo, las oficinas de empleo despiertan en el parado irritación. «Vienes aquí y te torean. Te mandan de un lado para otro y te hacen perder la mañana en persecución del papel o el impreso que siempre te falta cuando ya has conseguido el anterior.» A veces se escuchan palabras gruesas, en las oficinas, dirigidas al funcionario o funcionaria del SEAF, que telefonea a algún lado o comenta algo a algún compañero, desatendiendo por unos instantes a las personas que acuden a la misma. Para muchos parados, estos funcionarios son unos enchufados que tienen trabajo, mientras ellos no, y encima les tratan con altivez. «iY que el sueldo se lo estamos pagando todos! Pero aquí, en cuanto dices una palabra más alta que otra, tienes al lado el guardia de la puerta.»

También existe, entre los parados, una auténtica leyenda negra alrededor de las oficinas de empleo, que hay quien incluso sigue identificando y confundiendo con el mismísimo sindicato vertical. La creencia de que existen listas negras de los empresarios, que vetan la colocación de muchos trabajadores, el convencimiento de que las oficinas sirven los intereses de la patronal y de que es imprescindible tener recomendaciones o padrinos para que te den un empleo, están muy extendidos entre los parados.

Ahogados en la burocracia

La descoordinación entre la política de formación profesional y la gestión de empleo, y el aparato burocrático, han contribuido, en buena medida, a la formación de esta imagen de ineficacia y fraude de las oficinas de empleo. Los subsidios, en 1977, han tardado un promedio de dos a tres meses en ser satisfechos a los parados beneficiarios. En algunas ocasiones, «por el barullo que existe en el INP y en las oficinas de empleo», se ha seguido cobrando meses después de haber encontrado trabajo. La honradez de los propios beneficiarios ha puesto al descubierto en varias ocasiones este descontrol.

Descontrol que también es criticado severamente por empresarios y trabajadores. Los empresarios se quejan del «maremagnum de nomenclaturas de oficios» con que trabajan las oficinas, y algunos parados han puesto de manifiesto cómo las oficinas de empleo les han enviado, y han tenido que ir para no perder el subsidio, a los centros de trabajo en que habían sido despedidos o a empleos que nada tenían que ver con su profesión o sus condiciones (a un carpintero lo enviaron a una empresa donde necesitaban sastras para taller de confección).

Esto explica que la mayor parte de los contratos de trabajo no pasen por las oficinas de empleo, que las ofertas en prensa diaria sigan desconociendo en buena parte la obligación de estar visadas por el SEAF-PPO, y que la propia Administración proceda en múltiples ocasiones a contratar el personal que necesita al margen de las oficinas de empleo.

Fraude y picaresca

La excesiva burocratización y el descontrol no sólo han repercutido en la baja calidad de gestión del sistema de empleo, sino que también han contribuido a la existencia de una situación de fraude generalizado. Sectores como la construcción (caso de las subcontratas sucias y los pistoleros; véase EL PAÍS del 12 de octubre último), el transporte (vehículos de alquiler piratas y chóferes subsidiados), la hostelería y el calzado (el 30 % de los trabajadores a domicilio y numerosas empresas clandestinas, como las denunciadas este mismo año por los sindicatos en Elche y Elda) son, apenas, unos pequeños ejemplos del mercado de trabajadores subsidiados que funciona en España. En Barcelona, en los muelles, existe, según todos los indicios, una oficina paralela de empleo.

Más anecdótico aún, aunque sintomático de este río revuelto de la picaresca que es el paro en España, es la práctica habitual de las chapuzas y la detección en Andalucía, hace no demasiados meses, de un alcalde de un pueblo que se costeaba la querida con el subsidio de desempleo (cotizaba por ella seis meses a la Seguridad Social cada vez que concluía el período de prestaciones).

Más de 10.000 millones mensuales para desempleo

Y es en este marco en el que se distribuyen los 10.000 millones de pesetas largos, promedio mensual, con que los contribuyentes subvencionamos los subsidios del paro. Unos subsidios que, por otra parte, sólo alcanzan a menos de la mitad de los desempleados.

Las elevadas cifras que ha alcanzado este capítulo de subsidios desborda las aportaciones de las cuotas empresariales (unos 5.000 millones mensuales) y de los trabajadores (menos de mil millones), debiendo arbitrar el Gobierno otros fondos del Estado para hacer frente a las obligaciones en el seguro de paro.

Urge el control de los servicios de empleo

Todas las centrales sindicales, sin excepción, han reivindicado su participación en la gestión y control de los organismos y fondos de la política de empleo. La Administración ha dado pasos, aunque contradictorios, para poner fin a la política, más paternalista que eficaz, que ha caracterizado este sector durante años. La creación del Instituto Nacional de Empleo supone unificar una gestión, hasta este año desperdigada entre múltiples departamentos ministeriales, que permitirá racionalizar las acciones e influir con algún peso en el, mercado de trabajo. La presencia de centrales sindicales y patronales en sus órganos directivos supone no sólo una garantía contra el fraude, sino la posibilidad de conocer mejor el mercado de trabajo para poder actuar eficazmente sobre él.

Esa misma Administración, sin embargo, como denuncian reíteradamente CCOO y UGT, continúa excluyendo del seguro de desempleo a los trabajadores autónomos, a los trabajadores por cuenta ajena de la agricultura y a determinados colectivos profesionales (representantes de comercio, toreros y futbolistas, escritores, empleados del servicio doméstico, entre otros).

A esto habría que unir la práctica congelación, aunque el paro se estima que aumentará, de las cantidades presupuestadas para subsidios al desempleo en 1979 y el rechazo por el Parlamento, donde UCD es la minoría mayoritaria, de la propuesta de ley sobre el paro presentada por el PSOE, que ampliaba la cuantía de las prestaciones (actualmente se cobra el 75 % sobre el salario base) y el colectivo susceptible de acogerse al seguro de paro.