Bolivia, como esquema

EL ESQUEMA de lo que está sucediendo en Bolivia tiene el interés de que representa un modelo -con las lógicas diferencias anecdóticas y de situación local- que se viene repitiendo desde que en Occidente se favorece la sustitución de regímenes dictatoriales por unas democracias comedidas, controladas y aun de carácter experimental. Una dictadura con fuerza militar, y con el nombre personal de Hugo Banzer, debe abrir unas elecciones que resuelvan la situación en favor de la democracia; los tenedores de ese poder y de los antiguos privilegios consideran que las elecciones les pueden legitimar y convertir la dictadura en democracia, pero siempre en manos de las mismas personas; la oposición se modera, acepta, las condiciones no revolucionarias de la democracia controlada; cuando las elecciones se celebran -mes de julio-, los resultados van a aparecer en favor de esa oposición que puede cambiar los privilegios; el poder en activo fuerza los resultados ilegalmente -según las denuncias- en su favor, cambia el nombre presidencial -Hugo Banzer cede ante el general Juan Pereda- y se dispone a gobernar bajo el mismo reparto de riqueza y dominio. No ha comprendido bien que la fuerza de Estados Unidos y la decisión, por tanto, superior de sustituir las dictaduras le sobrepasa. Esta fuerza se presenta el día 24 de noviembre, representada por otros militares, que en un breve y fácil golpe de Estado colocan en la presidencia otro general -David Padilla-, que emprende una campaña llamada de «institucionalización» o de «constitucionalización» para recuperar los objetivos iniciales. Su clave es la anulación de las elecciones de julio pasado y la convocatoria de otras en julio de 1979; en el mes de agosto se entregará el poder a los civiles que representen los partidos políticos vencedores en dichas elecciones.Inmediatamente se abren tres frentes: uno, del actual poder, para ir limpiando progresiva y suavemente la oposición de los elementos considerados más a la izquierda y, desde luego, de los comunistas, para que la sustitución civil y democrática se efectúe dentro de los límites convenientes. Inmediatamente se produce una respuesta del PCB -por su dirigente Marcos Domic- denunciando que su partido está siendo víctima de una campaña «del imperialismo, la derecha y los sectores aventuristas» para que se le separe de la Unidad Democrática y Popular -dirigida por el ex presidente Siles Suazo, que sería el candidato a la presidencia por la Unidad- Otro, de los partidos políticos democráticos, para ser garantes ante los militares y ante la fuerza de Occidente de que su democracia se establecerá según las reglas admitidas y no tendrá un carácter revolucionario, revanchista o neutralista en política exterior. La mayor parte de las reuniones de los partidos democráticos se celebran en el seno de la comisión que prepara la nueva ley electoral, y que reúne a aquellos que tuvieron mayor número de votos en las elecciones anuladas: la UDP -en la que todavía están incluidos los comunistas-, el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario, de Paz Estenssoro) y la Democracia Cristiana. No participa el partido de la Unión Nacionalista del Pueblo: era el del presidente Pereda, derribado, y ha sido disuelto.

El tercer frente es el de los defensores del antiguo régimen, que se enfrentan con la «constitucionalización» por todos los medios a su alcance. Son los «desestabilizadores», según el nuevo lenguaje europeo. Desde sus medios de expresión anuncian continuamente que Bolivia camina hacia el comunismo y propugnan la candidatura de Hugo Banzer como una defensa contra esta comunistización (Hugo Banzer había sido enviado como embajador a Buenos Aires, desde donde organizaba conspiraciones con la anuencia de Videla; ha sido destituido. Su candidatura no sería válida, puesto que la nueva ley prohibe presentarse a los militares; pero Banzeralega que está en la reserva y tiene derecho a ser elegible). Un cierto número de industriales y financieros que fueron beneficiarlos del régimen de Banzer forman un frente importante que, según el periodista Juan Pereyra, «alcanza las puertas de los cuarteles» para organizar un golpe de Estado que impidiera la constitucionalización. Su propa ganda estaría dirigida principalmente a inquietar a los altos mandos sobre la reforma militar del Gobierno, que, por una serie de cambios de puesto, retiros obligatorios y ascensos, está tratando de modificar la composición conservadora del Ejército. Banzer, aún desde Buenos Aires, denuncia al actual Gobierno de realizar maniobras de división en las fuerzas armadas. Y el periódico El Día -de su misma línea política- acusa a los militares jóvenes y a los miembros de la Junta de pertenecer a la «Logia Villarroel» (por el presidente general Gualberto Villarroel, protector de los pobres, los indios y los «cholos»: la derecha del Ejército, en 1946, le hirió a balazos en palacio; le arrojaron después por la ventana y, como estaba vivo todavía, lo colgaron de un farol, que es todavía objeto de veneración).

El Gobierno responde a esta Campaña desmintiendo los rumores de golpe militar, asegurando que el Ejército está unido en torno a la Junta Militar y decidido a proseguir la constitucionalización, y preparando ya un proceso contra Banzer y sus más fieles secuaces, acusándoles de corrupción y de atrocidades durante el período de su mandato. El relevo repentino de mando de cuatro regimientos en La Paz -donde los generales han sido sustituidos por jóvenes tenientes coroneles- puede indicar que había algo más que rumores en el anuncio de un golpe de Estado.

Quizá esta gran derecha no pretende realmente apoderarse del poder por la vía de la fuerza, lo cual sería una aventura muy peligrosa y de dudosos resultados en una Bolivia que comienza a entrever otras posibilidades democráticas. Es posible que toda la fuerza de la campaña esté destinada a contrarrestar el «izquierdismo» del Gobierno de David Padilla, acusándole de procomunismo y de masonería internacional, de influencias soviéticas y cubanas, para conseguir que el control de la democracia que va a llegar sea más rígido y que sus intereses continúen siendo defendidos por la actual Junta: es decir, una forma de presión clásica para buscar un pacto personal. La idea de que Bolivia podría ser un nuevo Irán está destinada a advertir a Washington de que su presión democratizadora puede despertar unas fuerzas a las que será, después, imposible contener y que llegará un día en que se arrepientan de su política blanda de apertura.

Pero no puede excluirse la acción violenta antes del mes de julio. El Gobierno se ha fijado un plazo demasiado largo para las elecciones que deben producir la «constitucionalización». Es el plazo que necesitan para que su control posterior de los civiles demócratas que han de gobernar sea efectivo y para que Bolivia fuese por ese camino clásico del bipartidismo (democracia cristiana-socialdemocracia) que parece estar también en el modelo universal. Pero es un plazo, también, que permite todas las maniobras de la extrema derecha.