Los partidos no se han puesto de acuerdo

A lo largo del último año, las posiciones mantenidas por los partidos parlamentarios respecto al destino de la prensa estatal han experimentado ciertas variaciones. UCD, que planteó en un primer momento la privatización de la cadena, pero evolucionó hacia posiciones más flexibles ante la oposición tajante del PCE y PSOE. Así, aunque la ponencia sobre información de su congreso de octubre establecía: «No es competencia propia del Estado la titularidad de órganos de información general escrita», se contemplaba a la vez una salida múltiple al problema: privatización de algunos órganos, entrega a los entes regionales y formación de cooperativas de los propios trabajadores. En general, se puede decir que UCD ve el problema más en términos empresariales que políticos.El PSOE, por el contrario, se ha manifestado opuesto a la privatización. Este partido presentó una propuesta según la cual se formarían sociedades anónimas suscritas totalmente por el Estado. Un consejo de administración, nombrado por el Congreso en proporción a la representación de los partidos, asumiría funciones de dirección económica, mientras que la responsabilidad de la línea redaccional estaría a cargo de una sociedad de gestión, formada en un 50% por parlamentarios regionales y el resto, a partes iguales, por representantes de trabajadores del me dio y del consejo de administración. En julio se aprobó en el Congreso una enmienda socialista según la cual se introducía en la Constitución el control parlamentario de dichos medios. En cuanto al anteproyecto actualmente en estudio por el Gobierno, Alianza Popular mantiene posturas eclécticas aunque favorables a que subsista alguna forma de centralización. El PCE también mantiene esta necesidad e insiste en que se trata de una batalla más política que económica, ya que el centro del problema es el fortalecimiento del creciente monopolio de la información.