UCD coincidió con la izquierda en la defensa de propuestas sociales

Cierto ambiente preelectoral se percibió ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados, en donde los partidos parlamentarios se disputaron la preocupación por temas como el fondo de garantía salarial, la asistencia a emigrantes retornados, pensiones a mutilados del Ejército de la República y convocatoria extraordinaria de febrero para alumnos de BUP. En otros dos casos, el cumplimiento de los pactos de la Moncloa y la creación de una comisión de encuesta para atacar la corrupción existente en RTVE, el vicepresidente segundo del Gobierno, Fernando Abril, pidió tres veces la palabra para defender a UCD y aceptar, en definitiva, las propuestas de la izquierda sobre estos temas, ofreciendo la impresión de que el Gobierno «nada tenía, que temer».

La propuesta de solicitud de creación de comisión de encuesta sobre Radiotelevisión Española fue formulada por el Grupo Socialistas de Cataluña, en cuyo nombre la defendió Felipe Lorda. Por UCD, Joaquín García Romanillos anunció el propósito de su grupo de abstenerse, e indicó que contra la corrupción nadie tiene la exclusiva, y que UCD también se opone a ella. Esta afirmación dio lugar a un pateo desde los escaños de la izquierda. En cuanto a la actitud de abstenerse, el resultado político fue que evitó una derrota de UCD, ya que fueron sólo noventa los votos que se pronunciaron por la abstención, mientras que 107 votaron favorablemente la propuesta. Tanto Ramón Tamames, por los comunistas, como Manuel Fraga, por AP, se mostraron fa vorables a la creación de la comisión. En nombre del grupo proponente, Eduardo Martín Toval señaló que los hechos dirán quién está o no en contra de la corrupción. El comunista Marcelino Camacho aprovechó el turno de explicación de voto para atacar los métodos dictatoriales de relaciones con los trabajadores que subsiste en RTVE, cuyo director general «se sienta con dificultad a dialogar con los trabajadores». El vicepresidente del Gobierno, señor Abril, pidió la palabra para mostrar su alarma ante la intervención del señor Camacho, por pretender llevar demasiado lejos la propuesta aprobada que en ningún caso deberá afectar a los métodos de la dirección de RTVE respecto a los trabajadores-, y dio la bienvenida a la comisión de encuesta contra la corrupción.La proposición no de ley del Grupo Socialista sobre convocatoria extraordinaria en febrero para alumnos de tercer año de BUP con una o dos asignaturas pendientes fue defendida por Luis Gómez Llorente, quien aludió a las 15.000 familias que se encontraban pendientes de la decisión que adoptara el Congreso.

Por UCD, Blas Camacho aceptó la proposición siempre que los exámenes se celebraran «con carácter excepcional» e igualmente la matriculación en COU.

Con estas correcciones quedó aprobada la propuesta socialista.

En relación con el no cumplimiento de los pactos de la Moncloa, el comunista Ramón Tamames aludió a los retrasos y restricciones producidos, así como a la política del «parche permanente». Propuso, y así fue aprobado, que la fecha tope para el cumplimiento de estos pactos sea el 31 de enero de 1979, y que el Gobierno pueda -promover para su cumplimiento tanto proyectos de ley como otras normas de desarrollo de los pactos.

De nuevo el señorAbril intervino para pintar un panorama no tan catastrofista como el dibujado por el señor Tamames. Señaló que UCD había cumplido en tal grado los pactos que votaría a favor de la proposición comunista, porque - «cuando se hace un gran trabajo, es lógico querer airearlo». Manifestó que, UCD coincidía con el PCE en el deseo de querer cambiar «todas las cosas», pero no en cambiarlas todas a la vez.

Por los socialistas, Enrique Barón se mostró también favorable a la moción comunista y criticó al Gobierno por hablar únicamente de los pactos de la Moncloa cuando los demás grupos parlamentarios le empujan a ello.

Asimismo,censuró el cumplimiento de los pactos en lo que se refiere al aumento del número de parados.

Previamente fueron aprobadas, por unanimidad, sendas proposiciones de ley del Grupo Socialista, sobre asistencia a emigrantes retornados, y del Grupo Comunista sobre pensiones a mutilados del Ejército de la República.

Proposición sobre trasplante de órganos

Por la mañana, tras la aprobación por unanimidad, salvo la abstención del diputado Iturrioz (Euskadiko Ezkerra), de un texto en el que se insta al Gobierno para que muestre la grave preocupación de la Cámara ante la violación de los derechos humanos en muchos países, el Pleno del Congreso abordó el debate de dos proposiciones de ley presentadas por los socíalistas, Una sobre el Fondo de Garantía Salarial, que fue rechazada, y otra sobre extracción y transplantes de órganos, que fue tomada en consideración.

En el debate sobre la primera proposición de ley intervino para oponerse a la misma el ministro de Trabajo, Rafael Calvo Ortega. Este indicó que el artículo 31 de la ley de Relaciones Laborales creó el Fondo de Garantía Salarial y que entre las prestaciones figura el pago de «indemnizaciones sustitutivas de salarios». Reconoció, no obstante, que el artículo 31 es confuso, así como la legislación anterior a dicho decreto-ley, cuya interpretación -dijo- corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia. En este sentido, añadió que la proposición de ley presentada por los socialistas era inoportuna porque trataba de invadir cuestiones sometidas a los tribunales de justicia, y que era innecesaria, porque el citado decreto-ley era el más progresivo de Europa en la materia. La proposición fue rechazada por 127 votos en contra, 114 a favor y una abstención.

La proposición de ley sobre extracción y trasplantes de órganos, defendida por el diputado socialista Donato Fuejo, fue tomada en consideración por 225 votos a favor y dos en contra. El señor Fuejo puso de relieve en su intervención la necesidad de adecuar la legislación española a los avances científicos y técnicos en la materia. La proposición de ley consta de diez artículos, en los que se comienza señalando que en los establecimientos hospitalarios autorizados por el Ministerio de Sanidad podrán realizarse extracciones y operaciones de órganos, de acuerdo con las normas que se fijan.