La CEOE y la UGT urgen al Gobierno la aceleración de las negociaciones para los nuevos pactos
Carlos Ferrer Salat, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la UGT insistieron ayer firmemente en la necesidad de lograr rápidamente unos acuerdos económicos de cara al próximo año. Carlos Ferrer Salat declaraba, en el curso de una conferencia en el Club Siglo XXI, que sería imperdonable que sólo pudiéramos ofrecer a los españoles una democracia misérrima, con 1.500.000 parados, las fuerzas sociales y políticas deberán, para que ello no se dé, afrontar incluso el riesgo de la impopularidad, más aparente que real, y a corto plazo, para hacer lo necesario en beneficio de todos». Por otra parte, la comisión ejecutiva confederal de UGT expresó ayer en un comunicado, «una vez más, su voluntad manifiesta de llegar a unos acuerdos que ayuden a salir de la actual crisis económica y en el que se reflejen las justas contrapartidas que compensen los sacrificios que una determinada moderación salarial vaya a ocasionar a los trabajadores».
El presidente de la CEOE, Carlos Ferrer Salat, hizo un detenido análisis de la crisis económica española y puso de relieve lo que en su opinión han sido las dos «quiebras esenciales» de los pactos de la Moncloa: el «grave y peligroso» descenso de la inversión y el aumento del paro por encima de las cifras previstas. Paralelamente, las empresas «han visto incrementar irreversiblemente sus costos internos, se ha encarecido el crédito y complicado y endurecido los mecanismos de financiación, lo que conlleva niveles preocupantes de descapitalización e insolvencia; de otra parte, la política salarial seguida ha resultado innecesariamente lineal, lo que ha arrojado cargas excesivas sobre los cuadros de las empresas, originando un proceso de irresponsabilidad y de falta de incentivos del que debemos salir a toda costa lo antes posible. De otra parte, el sector público ha consumido demasiado crédito, restándolo al sector privado».
Suprimir el espíritu de la Moncloa
«Para reactivar la economía -dijo Ferrer- es inevitable que los partidos políticos y las centrales obreras más representativas admitan la imposibilidad de mantener la clase de recursos y ajustes previstos en la Moncloa, por insuficientes, y la necesidad, por el contrario, de absorber desempleo generando inversión, lo que obliga a sanear nuestras estructuras económicas para ajustarlas a las necesidades reales de la economía de mercado.» Y añadió que «nuestra productividad es muy inferior a la europea porque trabajamos mal y poco». «Una estructura laboral absolutamente paternalista, tutelada por el Estado y favorecedora del salario garantizado, sin apenas contrapropuesta productiva alguna, han devenido en la creación de un marco insostenible en el que frecuentemente la actitud más inteligente se resume en poder sobrevivir. Cortar este nudo gordiano es tarea de todos y pieza básica para afrontar y salir de la crisis».
Los objetivos de la política económica para el año próximo deberían tener en cuenta nuestro elevado potencial de crecimiento, que Ferrer Salat cifró en un 7% en términos reales; en el techo de nuestras exportaciones, que podría aumentar un 50%; en los aumentos de productividad, que puede aumentar decisivamente a través de la corresponsabilidad de sindicatos obreros y patronales; a un mayor porcentaje del ahorro en la renta nacional y a la recuperación de la confianza empresarial, que debe estimular las inversiones.
«El empresariado -manifestó Ferrer- es consciente de que sólo a través de un proceso integral de reforma y cambio económico, asumido por todas las fuerzas sociales, es posible superar las contradicciones y dificultades del momento presente», agregando que «los empresarios deben desarrollar su propio papel, y sin ellos no hay democracia». «La falta de confianza de muchos empresarios tiene algo que ver con el mantenimiento, por parte de la izquierda y de las centrales sindicales, de utopías revolucionarias incompatibles con el tipo de sociedad democrática que el empresariado desea contribuir a edificar y consolidar con su propio esfuerzo. La confianza empresarial no pueden conquistarla meros ajustes técnico-económicos si, previamente, no se ha producido una clara delimitación del contorno dialéctico y del espacio político en el que el empresario ha de realizar su propia función.»
En otro momento de su intervención, Ferrer acusó a las centrales sindicales del deseo de «conservar las estructuras y normativas establecidas en este país con otra clase de sindicatos, los verticales, sin reducir un ápice de derechos y libertades que, en buena lógica, corresponden a toda sociedad democrática».
Señaló finalmente que empresarios, sindicatos y Gobierno «deberán establecer acuerdos viables y conformadores de un marco para nuestras relaciones económico-laborales, europeo y moderno y, desde luego, con capacidad para generar en el empresariado un nivel de confianza que se transluzca en una mejora indudable de los niveles de inversión y, por tanto, en la reducción del paro». «No se pueden combatir los problemas actuales de carácter económico con una estructura empresarial y unas relaciones laborales rígidas y anquilosadas, que han convertido a la empresa en un viejo elefante sin agilidad y energía para defenderse frente a las múltiples incidencias que unas relaciones económicas internacionales muy dinámicas producen a diario.»
Reproches de UGT
La otra manifestación importante a propósito de la situación económica estuvo protagonizada ayer por UGT, quien, en un amplio y duro comunicado, acusó al Gobierno de no haber «presentado hasta el momento unas bases reales que posibiliten un acuerdo satisfactorio» y que «la pretensión gubernamental de convertir los acuerdos en un pacto social pueden llevar a las conversaciones a un callejón sin salida». El comunicado acusa directamente al ministro de Economía de «ambigüedad» en sus planteamientos y de «irresponsabilidad». «La pretensión de que los partidos políticos participen en los acuerdos responde al propósito manifiesto de continuar con una política de consenso que sólo responde a los intereses coincidentes del Partido Comunista y de Unión de Centro Democrático de mantener a este último partido en el Gobierno sin acudir a elecciones generales.»
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