El día en que se rompió el monopolio

Es algo más que política- ficción: es toda una posibilidad. Día 6 del próximo mes de diciembre: los españoles dicen sí a una Constitución que en su artículo 20 «reconoce y protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción » y «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión». En otro lugar, el artículo 20 añade: «La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público.» Félix Bayón informa de ello.

Día 7 de diciembre: en algún lugar de España alguien, provisto de un videocassette, un equipo emisor y una antena, comienza a emitir el primer programa de la televisión privada española. Por delante queda un largo puente de tres días. Los políticos están muy cansados. La policía, también. La broma puede durar más de unas horas. El Gobierno queda sorprendido: no esperaba una iniciativa-fuera de los partidos políticos. La oposición de izquierdas tampoco sabe claramente qué decir. Para tratar de reprimir una iniciativa de este tipo sólo existe una vieja real orden del 14 de junio de 1924: el «reglamento para el establecimiento y régimen de estaciones radioeléctricas particulares». De hecho, y con la Constitución ya aprobada en la mano, apenas habría un argumento técnico para limitar las emisoras privadas de televisión: sólo hay espacio posible para algo más de treinta canales, para que todos ellos tengan unas óptimas condiciones técnicas... Y eso sin contar que bajo el suelo de Madrid y Barcelona existe una red de televisión por cable que costó más de 20.000 millones de pesetas de 1975 y que cubre un total de dieciséis kilómetros cuadrados repartidos equitativamente entre ambas capitales. Esta valiosísima infraestructura (que instaló la empresa Philips cuando Antonio Barrera de Irimo estaba a la cabeza de la Compañía Telefónica) no ha sido utilizada nunca y, periódicamente, ha de ser mantenida para evitar el deterioro de los costosos equipos que, en su momento, la harían útil.Bajo el suelo de Madrid y Barcelona, quietos, sin utilizar, hay once canales más disponibles (nueve de ida y dos de vuelta) que, ya metidos en gastos, podrían haber sido muchos más por un precio no muy superior. Madrid y Barcelona, de momento, y sin más costos de infraestructura, tiene capacidad, pues, para más de cuarenta canales de televisión. Lo malo es que la vieja red serviría ahora de muy poco. Con dinero público y una cierta manía de grandeza, se cubrieron zonas de ambas ciudades que en aquel momento eran de alto standing y que, como era previsible, en estos tres últimos años se han ido despoblando para dejar paso a las oficinas.

En cualquier caso, la diablura de comenzar a emitir, sin más, está, aunque pueda parecer mentira, al alcance de bastantes fortunas. Diez kilowatios bastarían para cubrir una ciudad como Madrid. Algunos menos -por su menor dificultad orográfica- serían suficientes para Barcelona. En cualquiera de las dos ciudades reside más del 10% del total de la población española. Tanto desde el punto de vista comercial como desde el político, en ambas urbes están las mejores clientelas del país: los consumistas más conspicuos y los votantes más reflexivos.

Un equipo de diez kilowatios (ya instalado y pagados los correspondientes derechos aduaneros) cuesta poco más de los diez millones de pesetas. Aunque quizá no hiciera falta tanto. Por unos miles de pesetas, un audaz amante de bricolage electrónico podría instalar un modesto equipo que, si bien no cubriría una gran ciudad, bastaría para romper la virginidad del monopolio televisivo.

Para la producción de programas existen estudios dispuestos en toda Europa. En España hay varias empresas relacionadas con el audiovisual que tratan de prestar servicios de vídeo. En Madrid hay una, de muy reciente creación, que trabaja exclusivamente este tipo de trabajos -no ya de modo experimental, sino como negocio único- y que ofrece el alquiler de sus estudios durante una jornada (siete horas de grabación que podrían hacer válidas unas cuatro horas de emisión) por un precio total de 250.000 pesetas.

Pero si sólo se tratase de romper el monopolio, en el mercado americano existen, por ejemplo, copias en vídeo de Lo que el viento se llevó por unas 3.500 pesetas y ya hay empresas, también en España, que ofrecen sus producciones en cinta vídeo. De un modo algo lumpen, y sin contar con una sola cámara, habría posibilidad de mantener una improvisada emisión, que, a poco de imaginación que se tenga, nunca sería más aburrida que la de la propia RTVE.

Por supuesto, en el hipotético caso de que hubiera algún loco que después del 6 de diciembre tratara de sacar sus programas al aire, hay leyes que pueden obstaculizar su camino: desde aquella vieja real orden de 1924 hasta la legislación referente a los derechos de autor. En cualquier caso, conviene no olvidar las experiencias del vecino: los italianos están a punto de tener un interesante sistema mixto de radiotelevisión (estatal y privado) a cuenta de algunos locos que tuvieron la curiosidad de leerse la Constitución. Lo demás es sólo cuestión de paciencia y abogados.

En España, la oposición parlamentaria de izquierda parece mostrar un fastuoso despiste sobre estos temas. Un argumento, de linealidad escolástica, parece presidir su postura: «La televisión -vienen a decir- es cara. Por tanto, si existen emisoras privadas, éstas estarán en manos del gran capital.»

Esta tesis, convenientemente desarrollada, llevaría a pintorescas conclusiones: «La prensa diaria -se llegaría a afirmar- es cara. Por tanto, si existiesen diarios privados, éstos estarían en manos del gran capital.»

Sin embargo, Mundo Obrero (órgano del PCE) sale diariamente. El Socialista, por su parte, se ha planteado en algún momento una posibilidad semejante, si bien, como vino a decir recientemente uno de sus responsables a una periodista madrileña, «esperamos estar pronto en el Gobierno y en Prado del Rey».

Lo que hace pensar que la televisión es un medio caro es, quizá, la contemplación de los inmensos presupuestos de las televisiones estatales. Sólo se habla de miles de millones. Sin embargo, en estos momentos, y en España, bastan unos cincuenta millones de pesetas para montar una emisora de televisión con alcance local, con diez kilowatios de potencia y unos estudios perfectamente instalados.

Naturalmente, un proyecto de este tipo nada tendría que ver con el gigantismo de TVE. Se trata de, con unos medios más reducidos y unos costos más equilibrados, ponerse a pensar una programación adecuada a las posibilidades que se tienen.

En estos momentos, lanzar un diario a la calle (sin ninguna publicidad previa ni mayores garantías de éxito) viene a costar, cuando menos, unos doscientos millones de pesetas. Un periódico tiene, además, unos gastos fijos muy elevados e inevitables: todos los días hace falta papel, y el papel es caro. Sólo el éxito -que se prodiga escasamente- puede compensar económicamente los inmensos costes de un periódico. Para hacerlo funcionar, cuando menos, hacen falta unas doscientas personas.

En los medios electrónicos de comunicación (radiotelevisión) las cosas son muy diferentes. Sólo se necesita una importante inversión inicial -inferior, como se ve, a la de un periódico-, los gastos fijos son bajos y, en el caso,de uti lización por partidos políticos, asociaciones de vecinos, ayuntamientos, etcétera, la mano de obra militante ayudaría, aún más, a reducir los costos impres cindibles. Con planteamientos modestos, bastarían unas cien personas para producir y emitir un canal de televisión local. Las emisoras privadas de radio y televisión configuran un fenómeno inevitable. Mientras los socialistas piensan en llegar a Prado del Rey, los centristas pue den estar barruntando que algún día tendrán que abandonar su coto privado. Antes de hacerlo -y si no hay nadie que fuerce previamente la cuestión, o bien a través de los hechos o valiéndose de sus influencias-, UCD favo recería las emisoras privadas: su futuro puede estar ahí.

Mientras tanto, hay empresas que esperan la privatización de los medios estatales de RTV, en vez de atreverse a crear sus propios canales, lo que, sin embargo, sería más fácil, justo y económico. (Quizá no sea innecesario aclarar que la privatización de la RTVE nada tiene que ver con la creación de emisoras privadas. La tan temida privatización consistiría en convertir a RTVE en un simple emisor que tendría el monopolio sobre los programas informativos y que dejaría el resto de su tiempo a una serie de productoras privadas. Este sistema no tiene, en principio, ninguna razón de ser: hay demasiados lugares libres en las ondas como para tener que utilizar tan sólo los espacios de banda de RTVE. La privatización, además, puede ser considerada injusta, ya que serían los contribuyentes quienes, en última instancia, financiarían una red de la que se beneficiarían las empresas. Por el contrario, la existencia de emisoras privadas, si se camina hacia un sistema mixto, como el italiano, que es merecedor de estudio, no cuestiona el futuro de RTVE, que seguiría siendo la emisora estatal bajo control del Parlamento, y tendería a especializarse en temas de tipo cultural y educacional, para ir abandonando, poco a poco, el terreno de las variedades.)

La experiencia italiana, con sus defectos y virtudes, es, quizá, toda una lección para adaptar al futuro de nuestra radiotelevisión. A principios del próximo año, el Parlamento italiano aprobará una ley que pondrá orden a una experiencia que ha sido, a la vez, caótica y fructífera. La solución que los italianos han dado al problema es inteligente y audaz. La RAI (Radiotelevisión Italiana) quedará como una gran cadena, protegida por el Estado, bajo control parlamentario y la única con derecho a distribuir sus programas, a través de repetidores, por todo el territorio nacional. Las emisoras privadas tendrán sólo el alcance local, potencia limitada y, posiblemente, unos topes sobre la cantidad de publicidad facturada. No podrán formarse cadenas privadas, para evitar que el viejo monopolio de

la RAI se convierta en un doble o triple monopolio y que los grandes grupos industriales se coman a las pequeñas emisoras.