La reforma de la Seguridad Social puede reducir una importante parcela de sector público
La crisis por la que atraviesa el actual sistema de seguridad social, cuyos beneficiarios son, al mismo tiempo, sus financiadores a través de las cuotas que mensualmente abonan trabajadores y empresarios -la aportación estatal es mínima-, justifica la urgente reforma del sistema (que da empleo a 250.000 trabajadores y maneja un presupuesto de más de billón y medio de pesetas).Esta reforma, en efecto, está siendo abordada unilateralmente desde el Gobierno de UCD, con ausencia del necesario debate nacional sobre el modelo de Seguridad Social que la España democrática quiere y puede tener.
La característica fundamental del actual proceso de reforma viene determinada por el esoterismo que rodea a la auténtica situación del sistema, cuya complejidad oculta unjuego de intereses políticos -y económicos de tal magnitud que, en su día, llegó a motivar la dimisión del penúltimo ministro de Trabajo del anterior régimen, Licinio de la Fuente.
Junto al esoterismo que impregna el auténtico alcance y dimensión de la crisis del sistema, resalta la falta de una conciencia pública en torno al exacto significado de lo que realmente está en juego: la dimensión futura de una importante parcela del sector público, en cuya gestión participaban las fuerzas sociales, tal y como estaban concebidas en el anterior régimen.
De hecho, esta presencia de sindicatos y patronales -antes unitaria y artificialmente representados por el verticalismo- que actuaba directamente en la gestión de la Seguridad Social, ya ha sido eliminada mediante el reciente decreto-ley sobre Gestión Institucional de la Seguridad Social, Salud y Empleo (primera materialización de la reforma gubernamental), por el que la presencia de trabajadores y empresarios queda reducida a los órganos de control y vigilancia de la gestión.
Mientras tanto, el mínimo grado de concienciación no sólo a nivel de la calle, sino, también, entre los partidos de la Oposición, imposibilita el necesario debate nacional que impida reformas reformas partidistas.
La reforma iniciada, sin embargo, no afronta de manera decidida el origen de la actual crisis del sistema, que radica en su forma de financiación, a la que el Estado contribuye con menos de un 8 %. El primer paso reformista apunta más por la gestión -causa principal del grado de corrupción que registra el sistema, ya trascendido a nivel público-, y así, el citado decreto-ley reduce la anterior multiplicidad de órganos gestores a tres: Instituto Nacional de la Seguridad Social, para la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema; Instituto Nacional de la Salud, para la administración y gestión de servicios sanitarios, y el Instituto Nacional de Servicios Sociales, para la gestión de servicios complementarios de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social.
En el terreno de las prestaciones económicas -la parte del león de la Seguridad Social- parece tomar cuerpo la pretensión gubernamental de igualar en mínimos las pensiones, lo que llevaría a una igualación en la miseria y a la consecuente necesidad de ir a una Seguridad Social complementaria en la que dar cabida nuevamente a la iniciativa privada.
De hecho, la pensión media en 1978 gira en torno al 59 % del salario mínimo interpfofesional, y según datos del propio Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, tras la revalorización del, primero de enero de 1978, el 77,5 % de los pensionistas percibía cantidades iguales o inferiores a los mínimos; porcentaje que pasa del 80,6 % tras la revalorización de mayo de 1978.
Abunda en este sentido una reciente afirmación del secretario de Estado para Seguridad Social, Luis Gamir, quien se preguntaba por qué sigue hablándose de la Seguridad Social sólo para los trabajadores. La respuesta era que ya es hora de hablar de seguridad social para todos los ciudadanos.
La opinión generalizada de los diversos medios consultados por EL PAIS coincide en señalar que el futuro inmediato de la Seguridad Social podría suponer la cobertura de unos mínimos para todos, lo que justificaría la presencia de la iniciativa privada (los citados medios apuntan hacia la Banca Mas Sarda) para atender la cobertura de una seguridad social complementaria.
Esta especulación enlaza con la exposición que hacíamos al principio: el trasfondo político-económico de la reforma emprendída por el Gobierno de UCD, y en este sentido la postura de Norberto Sanz Frutos, como experto del PCE en Seguridad Social, es coincidente con los temores de otros especialistas, en el sentido de que persigue la reducción del sector público por la vía de recortar la cobertura de la Seguridad Social.
La crisis del sistema, de una parte, y la eliminación de las fuerzas sociales de su gestión, de otra, facilitan cualquier intento partidista en este sentido. La crisis justifica por sí misma la reforma. El riesgo surge cuando ésta se trata de abordar unilateralmente desde posiciones partidistas.
La Seguridad Social no aguantaría formas coincidentes en el tiempo con la renovación en el poder de diferentes opciones políticas.
