Cultura afirma no tener fondos para atender los centros sociales

El Instituto de Bienestar Social no tiene presupuesto como para atender eficazmente las actividades que programan los centros sociales repartidos por todo el país, entre los que se encuentran los madrileños. Esta fue, en síntesis, la respuesta que dio María Luisa Jordana, directora general de Bienestar Social, a los representantes del centro social del Pozo-Entrevías, que acudieron ayer al Ministerio de Cultura a plantear sus problemas.

Entre éstos, y al margen de los puramente económicos, se encuentran los que los vecinos califican corno de «intentar controlar ideológicamente los centros, recortando en lo posible la participación de los ciudadanos».El centro social del Pozo-Entrevías ocupa un antiguo edificio del Movimiento. Este año pasó a disposición del Ministerio de Cultura, quien, a su vez, lo cedió para la realización de actividades culturales y ciudadanas por parte de los habitantes de la zona. El primer problema surgió hace meses, cuando el Ministerio, a través de su Dirección de Bienestar Social, impuso como norma que el comité ejecutivo que dirigiera cada centro estuviera formado por ocho personas, de las que cinco serían funcionarios y tres vecinos del barrio.

Los vecinos se opusieron, y después de varias gestiones y una entrevista bastante tensa con el director general de Desarrollo Comunitario (departamento del que depende Bienestar Social), García Margallo, diputado de UCD por Melilla, se consiguió que la composición del comité fuera al 50 % entre vecinos y funcionarios. Por iniciativa de estos últimos, y con ia aquiescencia de los primeros, se formó una especie de consejo asesor formado por la mayoría de todas las organizaciones populares con presencia en el barrio, asociaciones de vecinos, amas de casa, clubs deportivos, centros juveniles, pensionistas, etcétera, que es el que realmente programa las actividades a realizar.

En ese momento surgen dos tipos de problemas. Primero, la falta de un presupuesto concreto, que impide organizar actos o actividades continuadas, tales como montar un servicio de asesoramiento en cuanto a planificación familiar, clases de gimnasia femenina, etcétera. Segundo, las cortapisas de la dirección de Bienestar Social en cuanto a la propaganda de los actos, que en un principio se hacía por el comité ejecutivo sin más trámites y que ahora tiene que ser supervisada -censurada lo llaman los vecinos- por un delegado provincial creado expresamente al efecto.

En la reunión de ayer se expusieron claramente ante la señora Jordana todos los extremos aludidos. Se pidió el reconocimiento de las actividades programadas, la no dependencia del delegado provincial, el control absoluto del presupuesto que se les destine, y, de confirmarse la noticia, la participación de todos los centros sociales en un reglamento que se cree que la Dirección de Bienestar Social tiene en estudio.

La señora Jordana expuso, a su vez, que en absoluto existe una censura previa, sino que la propaganda de los actos, al realizarse en la imprenta oficial, tiene que llevar el visto bueno del departamento al cual se vaya a cargar su coste. Reconoció que no había fondos suficientes para atender todas las peticiones, y en cuanto a la claridad de los mismos, prometió que a partir del próximo año el sistema que se implantará garantizará ese control por parte de los vecinos. Hasta ahora, y dada la reciente creación de su dirección, todo se ha ido resolviendo sobre la marcha. El próximo año el presupuesto global se calculará en base a los programas y necesidades presentados por cada centro social, al que luego se adjudicará la parte proporcional. El señor Margallo, director general de Desarrollo Comuniario, ratificó a EL PAIS la penuria económica de su departamento. En cuanto al reglamento en cuestión, afirmó que ya está redactado y a punto de ser firmado en Consejo de Ministros.