El certificado de "último destino" es la única garantía de tráfico legal

El secreto que envuelve el negocio de las armas, sea oficial o privado, no ha podido impedir que se conocieran algunos casos poco claros. La respuesta de la opinión pública se ha orientado en tres direcciones: demanda de información sobre el tema, oposición de la marina mercante a correr con los riesgos suplementarios que supone un transporte de esta naturaleza y exigencia de que se abra un debate político sobre la exportación de armamento a determinados países sometidos a dictadura militar. Acerca de todo ello informa

Fuentes del SLM M han revelado que las tripulaciones de los barcos desconocen el contenido de los cargamentos, que se les escamotean las mercancías peligrosas para evitar el pago de pluses y que se les obliga a viajar a países en conflicto o sometidos a embargo internacional.,Los marinos han detectado un hecho aún más grave. Barcos de desecho podrían ser utilizados, en su opinión, para llevar a cabo un tráfico ilegal y ser hundidos luego en alta mar, con tripulación incluida, para evitar cualquier indiscreción. Un sistema ciertamente seguro: se cobra al comprador a precios de fantasía, el seguro paga también el accidente del barco y el mar se queda con el secreto.

Recientemente la tripulación del Anna XII se salvó, mediante un motín, de terminar en el fondo del Atlántico. Se han detectado tambi´rn otros hundimientos sospechosos, aunque se carece todavía de pruebas definitivas para iniciar los correspondientes procesos. Como consecuencia, el SLMM ha decidido varias medidas de presión y boicot.

Derechos humanos y realidades

Una fuente cualificada, aunque no oficial, del Ministerio de Asuntos Exteriores opina que, en principio, «nada tiene que ver la exportación de armas a determinados países con la defensa de los derechos humanos. El material que se vende a un Gobierno suele estar destinado a sus fuerzas armadas y es de difícil aplicación en conflictos internos. Un bazooka puede servir para derribar un tanque, pero no para reprimir una manifestación. Los derechos humanos se violan con métodos como la tortura, que no necesitan de armamento especial».

Al margen de que la exportación española de armas difícilmente puede mantener a un determinado régimen en el poder, debido a su escaso volumen, el mismo portavoz insiste en que si no existe prohibición expresa, la ideología de un Gobierno no es motivo para restringir los suministros de armas. «Por ejemplo, Chile no está embargado por la ONU, ni está en guerra con otro país, ni España ha decretado un embargo, ni tiene un conflicto bélico con otra nación. ¿Por qué no se le van a vender armas? China lo hace. »

El director de la División de Productos Especiales de Chrysler España, Alvaro de Ynclán, es pragmático. «En todo el mundo se vende a quien paga y en este sentido España está en mantillas. Ni es un gran país exportador, ni tiene infraestructura para ello. Estamos muy lejos de poder organizar, como lo hace Francia, exposiciones anuales de material bélico a las que acuden todos los jeques y gobernantes del Tercer Mundo. Resulta, por otra parte, un contrasentido reconocer a un Gobierno como legal y someterlo luego a embargo de armas. Además, es algo ineficaz, porque si necesita armas las va a conseguir de cualquier forma en otro mercado. »

Otras fuentes comerciales afirman que España no vende armas fundamentalmente a las dictaduras, sino al Tercer Mundo, en general, precisamente por el escaso desarrollo de nuestra tecnología, que le impide competir en otros mercados. «En estos países -añaden- los cambios políticos se suceden con rapidez y las democracias de hoy son dictaduras mañana. Eso no puede cortar una relación comercial.»

Los fabricantes ponen el acento en la necesidad de clarificar de una vez los objetivos del sector. «Hay que decidir si interesa o no mantener la exportación de armas, sabiendo de antemano que, si se detiene, varios miles de trabajadores quedarían en paro. Si se quiere que España venda armas, es necesario respetar las reglas del comercio. Una vez cumplidas las normas legales, no se puede andar con que este país sí nos gusta y el otro no. »

El certificado de último destino

Aunque Asuntos Exteriores insiste en la debilidad del sector y en la falta de tecnología para -producir armamento sofisticado ello no impide que determinados productos se coloquen en el mercado exterior, pero siempre -subrayan- en ventas directas a los Gobiernos y en la certeza de que se van a usar por sus fuerzas armadas. Estas cláusulas precautorias quedan garantizadas en el certificado de último destino. Hay, sin embargo, razones que impiden la colocación de armas en determinados países: a los que están embargados por la ONU (Africa del Sur y Rodesia), a los que están en guerra civil (Líbano o Nicaragua), a aquellos sobre los que pesa una orden de embargo por parte del Gobierno español (Mauritania, Marruecos y Argelia desde el 15 de junio) o a los que se encuentran en conflicto bélico. Asuntos Exteriores reconoce que a la zona del Magreb se efectuaron, sin embargo, embarques posteriores al 15 de junio, «aunque estaban contratados anteriormente».

El control de este comercio es «bastante exigente» en opinión de la misma fuente. «Toda exportación española necesita una licencia de la Junta de Exportación de Armas, que se reúne cada quince días. Para la concesión de la licencia es preciso presentar el certificado de último destino, legalizado por el representante español en el país destinatario y por la embajada del comprador en Madrid. Si después se hace otro uso de las armas o explosivos, no se puede evitar.»

Este complicado trámite burocrático molesta a algunos países, porque al tratarse de transacciones directas entre Gobiernos, la intervención de las embajadas se considera como un riesgo innecesario para mantener la confidencialidad. Los empresarios creen que España es el país europeo que mantiene una legislación más rigorista en esta materia.

El secreto como norma y el tráfico ilegal

Un importante exportador de armas españolas justifica la exigencia del secreto y de los controles especiales debido a las implicaciones políticas que tiene este comercio. Cualquier venta al exterior está sometida, por otra parte, a los criterios estratégicos de Defensa, «para que no haya retraso en el abastecimiento de las fuerzas armadas propias».

Alvaro de Ynclán, director de la División de Productos Especiales de Chrysler España, que se encarga de modernizar los tanques norteamericanos suministrados al Ejército español, opinó lo siguiente: «Razones de defensa y de competitividad comercial imponen una reserva que practican todos los países. La reserva no debe tener nada que ver con el ocultismo. Tengo entendido que en España el control es bastante bueno y apenas existe tráfico ¡legal, fundamentalmente porque los principales comerciantes son, hoy en día, los Gobiernos. »

El portavoz de Asuntos Exteriores tiene idéntico criterio: «Ningún país quiere que se sepa de qué armamento dispone. Esto da lugar a algo tan viejo como el hombre, el espionaje, y a su amparo surge el tráfico ilegal. La ilegalidad puede darse porque no se cumplen las disposiciones que regulan este comercio o porque se vende a un país y se llevan las armas a otro. También puede darse el soborno, aunque es menos frecuente y los propios mecanismos de competencia comercial suelen encargarse de sacarlo a la luz.»

Las normas existentes en otros países son, ajuicio de esta fuente, muy similares a las españolas, «si bien en España no existe todavía contacto a nivel parlamentario».