Nuevas acciones de caciquismo contra parlamentarios de UCD por Avila

En lo que va de año ya son tres los delegados provinciales que han sido separados de sus puestos en Avila y sustituidos por hombres de UCD: la de Obras Públicas y Urbanismo, María del Coro Cillán; el de Industria y Energía, Carlos Fernández, y la de Educación y Ciencia, Irene Alvaro Sanz. En un escrito dirigido a la opinión pública por el señor Fernández se menciona que su destitución obedece a que «mi gestión no había resultado del personal agrado a los parlamentarios de UCD». Asimismo, la agrupación provincial de Avila de la UGT ha hecho serias acusaciones de caciquismo contra uno de los parlamentarios del citado partido.

En marzo de este año la ex delegada de Educación, Irene Alvaro, solicitó del ministro su relevo afirmando que se sentiría «aliviada» de producirse. La señora Alvaro no ha querido ser más explícita a las preguntas de EL PAÍS sobre los motivos que le llevaron a pedir el relevo. Fue sustituida por Moisés Buenadicha, miembro de la comisión provincial de Avila de UCD.En junio cesaron de su cargo de delegado provincial de Industria y Energía a Carlos Fernández Oliver, sustituido por José Luis Ortega, hasta entonces subdirector de la Pequeña y Mediana Industria en el mismo Ministerio. En la carta enviada por el señor Fernández a EL PAÍS se cita que «el cese de los delegados ministeriales a propuesta de los parlamentarios de UCD no es arbitrio original de última hora», y continúa: «De las parcas explicaciones o justificaciones que sobre mi cese pude obtener tanto de mi Ministerio como del gobernador civil de Avila, Emilio Contreras, tuve la evidencia de que el único motivo de mi destitución radicaba en que mi corta gestión (el señor Fernández actuó como delegado desde enero a junio de 1978) no había resultado del personal agrado de los mencionados parlamentarios». El escrito termina apuntando que si no se aclaran suficientemente las verdaderas razones de los ceses no se «podrá tachar de iluso» a quien piense en «un montaje caciquil y alicorto sobre los hombres y las tierras de Avila».

Otra denuncia sobre las supuestas actitudes caciquiles de los parlamentarios de UCD en Avila parte de la agrupación provincial en dicha provincia de UGT. Según sus documentos, el senador Darío Benito, secretario municipal en Navaluenga, se hizo con una serie de terrenos que se han revalorizado en más de un 1000%.

Numerosos cargos

El señor Benito acumula los cargos de senador, vicepresidente de la Diputación Provincial, secretario municipal de Navaluenga, presidente de la Unión de Empresarios del Sindicato Provincial de Actividades Sanitarias, vicepresidente primero del Consejo Provincial de Empresarios, director de la Compañía de Seguros Hermandad Sanitaria y director gerente de la clínica Santa Teresa. Debido a que por sus funciones en estos organismos no podía atender debidamente la Secretaría Municipal de Navaluenga, nombró un secretario suplente, aunque durante años fue él quien firmó las actas de las sesiones.

El precio de las parcelas

El Ayuntamiento de Navaluenga puso en pública subasta una serie de terrenos municipales para atraer la instalación de colonias de nuevos residentes. De acuerdo con esta finalidad, los compradores de las parcelas se comprometían a iniciar las obras de construcción en el plazo de un año y a terminarlas en dos. En cambio, las 43 parcelas compradas por Angel Madrigal, hombre de confianza del diputado, no estaban sujetas a tales condiciones. Las parcelas se compraron a cien pesetas el metro cuadrado, y hoy, debido a los nueve años transcurridos desde entonces, se están vendiendo a un precio medio de 1.200 pesetas metro cuadrado. Algunas de las parcelas fueron utilizadas para la construcción de chalets particulares del señor Benito, el señor Madrigal, el secretario suplente de Navaluenga, Consolación Barrios, un auxiliar del Ayuntamiento, Luis Sánchez, y otros.Las edificaciones se realizaron sin pasar por los trámites de parcelación, licencia de obras ni plan parcial. A mayor abundamiento, dado que los chalets no tenían agua, se permitió establecer una conducción de agua desde el pueblo, situado a 3,5 kilómetros, que pasa por los terrenos comunales de la Dehesa Boyal, sin que el Ayuntamiento reclamara el pago de tasas fiscales ni de servidumbre de paso, que ascenderían a varios millones.