Previsibles enfrentamientos en el Gobierno ante los proyectos de suprimir el comercio de Estado

Seis años después de que se publicase en el Boletín Oficial del Estado un decreto de Presidencia del Gobierno por el que se regulaban las importaciones de alimentos y se terminaba con el sistema de comercio de Estado, España no ha avanzado significativamente en este sentido, y continúa manteniendo el régimen de comercio de Estado, propio de autarquías y de países con economía centralizada. En este sistema se basa buena parte de la política proteccionista del sector agrario, ya que se ha convertido la importación agraria en una variable dependiente de la política agraria interior, situación esta inaceptable de cara a nuestro ingreso en las Comunidades Europeas y fuente inagotable de conflictos entre ministerios interesados en el tema. Tras el reciente congreso de UCD, la polémica ha resurgido con más fuerza.

En un momento en que son varios los sectores dentro del propio Gobierno de UCD los que propugnan un sistema de economía social de mercado, parece una contradicción el mantenimiento de este régimen comercial cuya utilización no en todas las ocasiones beneficia al sector agrario sino que le convierte en algo poco menos que privilegiado y en absoluto alienta los procesos de rentabilidad y eficacia deseables en el sector.

Protagonismo agrario

Un elevado e importante número de productos agrarios tiene el régimen de comercio de Estado para sus importaciones (especialmente los agrupados en los cuatro primeros capítulos del Arancel) y hay muchos que aún no estando cuentan con los privilegios de una burocracia que hace poco menos que imposible el traer dichas materias desde fuera cuando se ha podido comprobar una desviación injustificada de sus precios. Basta señalar que de las 76 posiciones arancelarias que se encuentran en el comercio de Estado, setenta pertenecen a productos agrarios.Mientras unos señalan el favoritismo de que se hace gala con el sector agrario en un momento culminante de nuestro proceso de acercamiento hacia la CEE que exige que nuestro país vaya adoptando sus mecanismos de regulación comercial exterior a los puestos en práctica con probada eficacia en la Comunidad, otros consideran que las inflexibles y monopolísticas estructuras de comercio interior engullen sin problemas el posible beneficio al consumidor y la bajada del precio al productor a corto plazo. Por último, los responsables de la importación dicen a los consumidores que no se preocupen, que ya bajará el precio en la plaza, que la ley de la oferta y la demanda está ahí para algo. «Y efectivamente -señalan expertos de Agricultura- está ahí para mostrar una vez más que sin estructuras de comercio interior nítidas y transparentes no se consigue bajar un precio aunque nos pasemos la vida importando.»

Dejando al margen enfrentamientos interministeriales, la realidad, y a la vista de las últimas actuaciones en materia de importaciones en régimen de comercio de Estado, es que la existencia de esta fórmula importadora es cuando menos inútil para el interés general, aunque posiblemente muy rentable para grupos interesados en los privilegios que el mantenimiento del comercio de Estado puede darles.

Botón de muestra

Pongamos un ejemplo. El 10 de agosto del presente año, un real decreto de Presidencia del Gobierno fijaba los niveles de precios de regulación de la carne de vacuno, es decir, los precios que según informes de Agricultura no deberían ser superados, ya que se consideraban como absolutamente rentables para la campaña. Cuatro eran los niveles que se fijaban: garantía, intervención inferior, indicativo e intervención superior, este último quedaba fijado en 210 pesetas kilo-canal. Pues bien, cogiendo este último nivel que, en cualquier caso, es el óptimo fijado por el Ministerio de Agricultura para el ganadero, vemos que el resultado de esta regulación ha sido totalmente inútil, ya que en octubre el precio del vacuno regulado -añojo de segunda, 10% del mercado- alcanzaba las 260 pesetas-kilo-canal, es decir, cincuenta pesetas por encima de la intervención superior. Si en lugar de añojo de segunda se comparase con el de primera el incremento sería, de sesenta pesetas. A este punto se ha conseguido llegar gracias al mantenimiento de las actuales estructuras de aplicación del comercio de Estado y al impedimento de unas importaciones suficientemente reguladas que hubieran evitado tan disparatado incremento de precios. Durante el presente año se han importado un total de 37.000 toneladas de carne de vacuno, a pesar de lo cual el precio ha superado ampliamente los precios de intervención superior fijados al inicio de la campaña, lo cual muestra que este tipo de complicado, intervencionista y sumamente proteccionista comercio de Estado no ha funcionado. La situación llegó a ser tan tensa que hasta en una ocasión el Ministerio de Defensa tuvo que apoyar la importación de vacuno para poder ofrecer este producto a la tropa, ya que con los precios existentes en los mercados interiores no había posibilidad de garantizar la manutención cárnica de los cuarteles. Esta situación, de hecho, sólo tiene, en opinión de expertos consultados por EL PAIS, un claro beneficiario: la industria cárnica, si bien no se precisó en qué escalón recae el máximo interés en impedir las importaciones de comercio de Estado cuando la situación así lo demanda.Según expertos del Ministerio de Comercio, la supresión del régimen de comercio de Estado conllevaría dos acciones muy concretas. La primera, el establecimiento de los reglamentos sectoriales, conjuntamente discutidos entre la Administración y los representantes de los subsectores agrarios respectivos, de manera que sean realmente asimilados por ambas partes, y los mecanismos en defensa de la producción nacional sean operativos. En segundo lugar, debería conocerse a fondo previamente el grado de transparencia y competencia de cada mercado, el papel de las firmas privadas en el mismo, con el fin de que la desaparición del comercio de Estado no significara la entrega, de hecho, de este régimen al control de determinados grupos particulares.

En opinión, de las fuentes consultadas, una definición clara de objetivos en este sentido se considera absolutamente necesaria si se quiere ir a una reordenación de la política agraria, y colocaría, a su vez, a la política comercial de importaciones en una posición activa y no meramente de seguimiento como viene ocurriendo hasta ahora.