ParIamentarios de UCD por Avila, presuntos implicados en irregularidades urbanísticas

«Varios diputados y un senador de UCD por Avila, ayudados y protegidos en todo momento por el gobernador civil, están directamente implicados en varias infracciones urbanísticas de considerable volumen cometidas en la provincia.» Las anteriores declaraciones son obra de María del Coro Cillán, ex delegada del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en Avila, cesada de su cargo «como represalia» en el Consejo de Ministros del pasado 27 de octubre. Sus palabras son corroboradas por Pedro Resina, el arquitecto que dirige las obras de la casa-mansión de Adolfo Suárez, en Avila, y vicepresidente de UCD por Valladolid.

María del Coro Cillán pidió ya el 22 de septiembre que se realizara una investigación oficial para esclarecer el alcance de sus denuncias, y, a raíz de su cese, solicitó una entrevista con el ministro, Joaquín Garrigues, en la que pudiera defenderse de los cargos que se la imputan. Hasta ahora, ni la investigación ni la entrevista se han llevado a cabo.Desde su cargo, antes del cese, la señorita Cillán pudo fotocopiar actas de las reuniones de la Comisión Provincial de Urbanismo, que han sido autentificadas ante notario. Por ejemplo, existen dos actas de la misma reunión, celebrada el 20 de julio. En una de ellas se deniega la aprobación definitiva al plan parcial de El Monte, en la localidad de Maello, por diversas irregularidades urbanísticas. El acta paralela, de idéntica fecha, señala en cambio la aprobación definitiva de dicho plan, aunque sujeto a condiciones. Esta segunda acta es la que ha prevalecido, y permite el inicio de las operaciones a la inmobiliaria Hispana de Promociones, SA.

Al no aprobarse el plan en la citada reunión, y según expone la delegada, el gobernador civil, Emilio Contreras, la llamó a su despacho para pedirle que cambiara su decisión y se le diera luz verde en otra reunión de la Comisión. Como la ex delegada se negara a tal maniobra, en la siguiente sesión de trabajo se declaró el tema como asunto de urgencia y la Comisión estuvo presidida por el secretario general del Gobierno Civil, ante la ausencia del gobernador, aunque la ley señala que en su ausencia las reuniones las preside precisamente el delegado que haya en ese momento, en este caso de la señorita Cillán.

Otro personaje implicado en los hechos es el ex secretario de la delegación, Cipriano Sainz, quien, en un intento de cercar y reducir al silencio a la delegada, llegó a despachar directamente los asuntos con el gobernador, e incluso firmó diversas licencias argumentando que la señorita Cillán no se encontraba en Avila, cuando existen otros documentos firmados por ella el mismo día, que desmienten la excusa.

Diputados y senadores implicados

María del Coro Cillán cita más de cien infracciones urbanísticas cometidas en la provincia. «En varias de ellas se encuentran implicados diputados y senadores de UCD.» Una de las más importantes es la del intento de construcción en suelos rústicos forestales en el término municipal de Arenas de San Pedro. El anterior gobernador, Luis Cuesta, ordenó la paralización de las obras, ratificada luego por la Audiencia. Posteriormente se trató de dejar sin efecto la medida mediante la presentación, ante la Comisión Provincial de Urbanismo, de una ampliación del casco urbano de Arenas de San Pedro, ampliación que también se denegó.El arquitecto de la urbanización es Antonio Sánchez Caro, amigo personal del diputado Martín Oviedo, al mismo tiempo subsecretario de Agricultura. El aparejador, Gerardo Galán, lo es al mismo tiempo de la Diputación Provincial, e hijo del promotor de la urbanización.

Otro de los asuntos irregulares sería el de la construcción de un bloque de cuatro plantas en Piedrahita, promovido por una cooperativa de la que es presidente Constantino Benito, hermano del senador de UCD Darío Benito. El solar en cuestión está calificado como rústico, aunque en la licencia se mencionó como urbano.

Otro edificio de siete plantas se ha construido en Guisando, a pesar de la decisión en contra de la Dirección General de Bellas Artes y de la Dirección General del Patrimonio Histórico-Artístico. En esta ocasión, María del Coro Cillán cita las presiones que recibió por parte del diputado Daniel de Fernando. El arquitecto y el aparejador de la obra son de nuevo Antonio Sánchez Caro y Gerardo Galán, y el promotor el padre del segundo. Un socio de este último es el aparejador municipal, Gonzalo Grande, a su vez cuñado del secretario.

Para no hacer la relación excesivamente prolija, citaremos por último las dos grandes urbanizaciones de chalets de Navahondilla, Navapark y Navahonda, construidas sin licencia municipal ni proyecto de urbanización aprobados por la Comisión Provincial de Urbanismo. Según el documento redactado por la ex delegada, «el gobernador civil de Zamora me visitó una vez y me llamó varias veces para convencerme de que se aprobara».

Por su parte, el gobernador civil, Emilio Contreras, niega rotundamente las acusaciones de la ex delegada. Según sus palabras, tiene en su poder incluso un oficio firmado por ella en que certifica que la comisión el 20 de julio aprobó realmente la urbanización de El Monte, y ofrece la documentación necesaria para aclarar el resto de los asuntos denunciados por aquélla. «En realidad -dijo- la señorita Cillán está molesta por su cese, y es ahora cuando ha comenzado esta campaña, y no en el momento en que se produjeron las supuestas irregularidades. Su cese no fue por motivos políticos, sino simplemente porque tenía totalmente abandonadas sus funciones. En cuanto a las acusaciones contra senadores y diputados, no conozco bien el tema, pero, desde luego ninguno de ellos, que yo sepa, tiene intereses directos en ninguna urbanización».