Sobre el impuesto religioso

El Gobierno tiene en estudio recaudar una determinada cuota a los ciudadanos y distribuirla entre entidades no estatales: las diferentes Iglesias y comunidades religiosas del país. Entiendo que tal proyecto es una clara excepción que en un sistema democrático no tiene por qué existir.Resultaría, pues, que el Gobierno se arroga la autoridad de convertir a ciertos órganos estatales en recaudadores de asociaciones, dignas, positivas, etcétera, pero privadas.

Son numerosas las Iglesias minoritarias que ya se han expresado disconformes del proyecto, y estimo que es la jerarquía católica quien más presiona en el plan del Gobierno. Debería considerarse que la Iglesia católica ya no es el cuarto poder del Estado, como lo fue en el régimen anterior, y que si otras comunidades, sindicatos, asociaciones de vecinos, partidos, etcétera, recaudan directamente las cuotas de sus miembros, la Iglesia católica no puede ser un parcheo a la convivencia democrática. Además, si encuentran dificultades para la autofinanciación, sólo tienen que emular el sistema del Opus Dei, al parecer, tan eficaz.