Los otros aprobados sin plaza

Hace sólo unos días que los medios de comunicación social nos informaban de la feliz terminación de un encierro protagonizado por opositores aprobados sin plaza al Cuerpo de Adjuntos de Universidad. El Ministerio de Educación y Ciencia había resuelto favorablemente sus peticiones de ingreso en el cuerpo.Anteriormente se había dado la misma solución a situaciones análoqas, así: en septiembre de 1978 a profesores de EGB y Bachillerato: en julio de 1977, a profesores agregados de Bachillerato, y en mayo de 1977, a profesores adjuntos de Universidad.

Todas estas noticias alegran a los que conocemos el problema, y hago llegar mi sincera felicitación a todas estas personas, antiguas víctimas de una legislación que en ese punto es, cuando menos, absurda.

Desde que conozco esta información estoy tratando de encontrar las razones por las cuales ante la misma situación jurídica los demás ministerios ignoran la resolución adoptada, en mi opinión muy acertadamente, por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Esas razones pueden estar en que los aprobados sin plaza de los restantes ministerios somos una cifra pequeña dentro de cada uno de ellos y, sobre todo, en que estamos totalmente aislados: sin el contacto necesario para llevar a cabo una acción legal común, o adoptar posturas que sensibilicen a la opinión pública. Entiendo que el comienzo para solucionar nuestro problema puede ser escribir al apartado de Correos 4.064 de Málaga. detallando datos personales y oposición en que se participó al objeto de ir creando un clima de defensa de nuestros intereses.

Observamos cómo, al tratar de forma diferente dos situaciones objetivamente iguales, se está cometiendo una falta contra la justicia; pero si atendemos a las posibles razones de la diferencia, el problema adquiere ramificaciones contrarias a la ética. Es sorprendente la absoluta carencia de coordinación sobre el tema entre los distintos ministerios.

No se piense que el atender nuestros intereses es contrario a la reglamentación general para el ingreso en la Administración pública, ya que al no atenderlos se está infringiendo algo de rango muy superior, como es el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley y la Administración, recogido tanto en las leyes fundamentales actualmente vigentes como en nuestra futura Constitución.