El presidente surafricano, implicado en un escandalo de corrupción

El Watergate-surafricano estalló ayer cuando un juez del Tribunal Supremo, encargado de vigilar irregularidades económicas en el Ministerio de Información, reveló en Johannesburgo que hay amplias pruebas de corrupción oficial y de malversación de fondos públicos, que llegan a implicar al propio jefe del Estado, además de varios ministros y el jefe de la policía política.La oposición ha pedido una convocatoria urgente del Parlamento, después de que el juez Anton Mostert, desafiando una prohibición expresa del primer ministro, Pieter W. Botha, hiciera públicos en una rueda de prensa los resultados de sus investigaciones.

En un intento de «desactivar» las consecuencias políticas del, escándalo que sume al Partido Nacional en su crisis más profunda desde que llegara al poder, hace treinta años, el jefe del Gobierno ha decretado una «completa indagación judicial». Pero horas antes, el señor Botha había amenazado, amparándose en la ley de secretos oficiales, con secuestrar los periódicos que informaran del tema y encarcelar a sus directores. Según las noticias llegadas a Londres, la amenaza sólo ha surtido efecto en la radiotelevisión estatal.

Se financió un periódico

Las pesquisas del juez Mostert establecen que más de mil millones de pesetas de fondos estatales fueron malversados en el lanzamiento, en 1976, de un periódico de extrema derecha, The Citizen, presuntamente independiente y destinado en realidad a ganar para el Partido Nacional los votos de la minoría blanca anglo-parlante en las elecciones de 1977.El diario, financiado con los fondos oficiales a través de una entidad suiza, era teledirigido desde el Ministerio de Información, cuyo titular de entonces, y reciente candidato a la presidencia de la Répública, es el hoy ministro de Relaciones Raciales, Connie Mulder.

El conjunto de la operación recibió el visto bueno del primer ministro, John Vorster, actualjefe del Estado, y del general Van der Bergh, jefe del espionaje y la policía política. El ministro de Educación y el subsecretario de Información, Eschel Roodie, este último auténtico «director» del periódico, conocían también todos sus detalles.

The Citizen, vendido este año por su propietario nominal, Louis Luyt, un financiero amigo personal del señor Vorster, a un grupo de hombres de negocios ultraconservador, fue puesto en pie en un tiempo reducídísimo y llegó a tener gran influencia entre la minoría anglófona. Con anterioridad, los dirigentes del partido gobernante implicados en el escándalo habían intentado, sin éxito, comprar la cadena de Periódicos Surafricanos Asociados, que edita alguno de los diarios de mayor circulación del país y no comparte la línea política del Gobierno de Pretoria.

De las diligencias del juez Mostert se desprende también que cuando comenzaron a filtrarse las irregularidades del Ministerio de Información, el general Van der Bergh propuso una investigación sobre el tema, que permanecería secreta en virtud de la ley de secretos oficiales.