El desequilibrio económico, mayor peligro de enfrentamiento entre las regiones

«Mientras no se aprueben los distintos estatutos de autonomía y subsista la intervención y el control de la gestión local, las facultades hoy ejercidas por el Ministerio del Interior, el delegado de Hacienda y el gobernador civil, deben transmitirse al ente preautonómico», se señala en una de las conclusiones del seminario sobre financiación de las autonomías, organizado por la consejería de Economía y Hacienda del País Valenciano en colaboración con la facultad de Económicas.

La atribución al Estado del poder financiero originario así como los fines de redistribución de rentas, estabilidad y desarrollo económico -se indica más adelante- aconsejan que el Estado se reserve el impuesto general sobre la renta de las personas físicas, el impuesto general sobre la renta de sociedades y el futuro impuesto sobre el valor añadido. Por su parte el ente regional ha de disponer de amplio poder normativo en la creación de tasas y contribuciones especiales, sin interferir con las propias de los entes locales, e igualmente poseen un amplio poder de ordenación del crédito que colabore a constituir su patrimonio integrado fundamentalmente por los bienes del Estado no adscritos en la actualidad al desempeño de una función estatal en sentido estricto.

Autosuficiencia para los municipios

El seminario también estuvo dedicado al análisis de la futura financiación local, y en este sentido se postuló la autosuficiencia de medios en los municipios ya que ello permite un mayor nivel de eficiencia económica y proporciona un contexto institucional más válido en la toma de decisiones públicas de su competencia.«Es incompatible la autonomía municipal con una intervención externa a priori y con un enjuiciamiento posterior ajeno al municipio -indican las conclusiones en este apartado-.

Una vinculación del gasto representa siempre una limitación al sentido autonómico», y agregan «no cabrá hablar de autogobierno ni tan siquiera de descentralización administrativa si a los entes locales no se les dota de los medios económicos suficientes».

En su intervención sobre desequilibrios territoriales y fondo de compensación interregional el profesor de la facultad de Económicas, Tomás Carpi defendió el principio de solidaridad entre las diversas autonomías no sólo en base a un principio de equidad sino también de acuerdo al beneficio que el desarrollo de las regiones atrasadas puede aportar al desarrollo general español y al desarrollo particular de las regiones avanzadas.

En su opinión la solidaridad interregional en el marco del nuevo Estado autonómico corresponde más que a una deuda de las zonas ricas con las pobres a una necesidad que las regiones desarrolladas deben atender en función de sus propios intereses. Es más, y referido a esta perspectiva de actuación económica, el ponente apuntó la hipótesis de responsabilizar el subdesarrollo de las zonas pobres a su desarrollo interno social y no a la acción de las zonas desarrolladas sobre las regiones deprimidas.

Desde un punto de vista político señaló que la persistencia de los desequilibrios regionales pueden plantear serios problemas de enfrentamiento político entre regiones y entre éstas y la comunidad estatal de alcance imprevisto. «La integración social y política -afirmó- es un prerrequisito básico de toda sociedad sana y ello sólo es posible sobre la base de cierta igualdad en el nivel económico. La conflictividad social y política que los desequilibrios espaciales pueden conllevar no beneficia a nadie y menos aún a las regiones desarrolladas.»

El consejero de Economía y diputado de UCD, Javier Aguirre, en la clausura del seminario destacó como garantías de la futura hacienda regional, mantener la unidad económica de España reconociendo al mismo tiempo la autonomía financiera de los diferentes niveles de Gobierno. «La plena realización de la autonomía -afirmó- conlleva que los entes autónomos posean un volumen de recursos propios para dedicarlos libremente a las competencias que se les reconozcan. Ello significa que el principio de soberanía fiscal deberá en alguna medida compartirse entre los entes autonómicos y el poder central.»