Los candidatos piden la revisión de impuestos municipales

«Los Presupuesto ordinarios crecerán en la medida en que se reestructuren los impuestos y arbitrios que constituyen la fiscalidad propiamente municipal y adquieran contenido las transferencias de la Hacienda del Estado a la Hacienda local. Algo falla cuando una fiscalidad para la propiedad urbana, que aparentemente tiene, entre tipos impositivos y recargos, una presión tributaria muy fuerte, no produzca para este Ayuntamiento más que unos 2.000 millones de pesetas como consecuencia de gravar del orden de un millón de viviendas más todos los edificios destinados a las demás necesidades, servicios. comercios e industrias». manifestó el señor Álvarez, alcalde y candidato a la alcaldía por la unión del Centro Democrático.El señor Álvarez manifestó, asimismo, que además de en la reestructuración citada «trabajamos diariamente en el conjunto de medidas que permitan agilizar los servicios de gestión, liquidación y recaudación de recursos, así como en la concienciación de todos nuestros vecinos en orden a la trascendencia que puede tener una falta de colaboración con el Ayuntamiento».

La modificación de los sistemas fiscales de la Hacienda local sería necesaria. según el señor Álvarez, con tres fines: incrementar la participación que tiene el Ayuntamiento en los impuestos que pagan los madrileños al Estado y que «es probablemente la más baja de todas las capitales de Europa»; impedir que una serie de exenciones y beneficios disfrutados por el Estado graven al municipio, «no estoy pidiendo ningún trato de privilegio para Madrid en relación con otras ciudades españolas, sino la justa compensación de los servicios que Madrid presta por concurrir aquí la capitalidad del Estado, y en tercer lugar, conseguir, «con un sistema fiscal justo, que los ciudadanos paguen, no sólo circunstancialmente, como sucede hoy en muchos casos, sino en atención a su capacidad impositiva y de acuerdo, con las normas básicas de lo que es la justicia fiscal».

El señor Tierno Galván apuntó también la necesidad de un cambio en lo que se refiere a la agilización de la gestión tributaria, que iría unida a una serie de medidas «en tanto se realiza la reforma fiscal de los municipios». Estas medidas, según informó el precandidato del Partido Socialista Obrero Español, estarían centradas «en la obtención de un equilibrio financiero en las empresas municipales; en la revisión de la política de tasas y tributos municipales, con lo que se actualizarían impuestos como el de plusvalía, que apenas pagan los propietarios, y en la apertura de un sistema crediticio en el que, incluimos a las cajas de ahorro locales, ya que es en ellas donde los madrileños guardan su dinero. Por último, sería necesario hablar con la Administración y las esctructuras autonómicas, porque de la noche a la mañana no podemos prescindir de su ayuda, objetivo que se logrará con el tiempo».

Enrique Tierno anunció, asimismo, que el PSOE podría solicitar próximamente la creación de una comisión parlamentaria para el estudio de los impuestos que pueden ser transferidos del Estado a los ayuntamientos.

El Estado debe pagar por los centros oficiales

La revisión de los tres impuestos más importantes, el de radicación, el de plusvalía y el de circulación, unida a la revigorización de los impuestos sobre contribución urbana y licencia fiscal «transferidos por el Estado a los ayuntamientos. que en la actualidad sólo reciben el dinero sin tener información propia», son las dos líneas generales propuestas por Ramón Tamames, candidato a la alcaldía por parte del Partido Comunista de España. «En el impuesto de radicación tiene que aparecer el Estado como contribuyente; sería como una transferencia en concepto de equivalencia, ya que los ministerios, los edificios oficiales, los cuarteles y otros locales ocupan millones de metros cuadrados por los que no se paga ni un duro. En este capítulo, entrarían embajadas, consulados y organizaciones culturales extranjeras; al incluir a éstas no vamos contra la inmunidad diplomática, ya que sólo queremos que haya una equivalencia de la que se haga cargo el Estado».Sobre el impuesto de plusvalía, el señor Tamames opinó que «el problema se podría resolver consultando las declaraciones sobre el impuesto del patrimonio con las que se permitiría saber exactamente cuáles son las fuentes de tributación con las que se cuenta. Con la revisión del impuesto de circulación con fines fiscales permitiríamos, asimismo, una ordenación del tráfico y el transporte público». Francisca Sauquillo, candidata de la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, considera que el tema de la capitalidad ha sido hasta ahora negativo, «ya que los madrileños hemos tenido que pagar unos gastos y no hemos tenido ningún ingreso». Los tres puntos que marcarían su política económica serían la suficiencia de ingresos «para lo cual se requiere una profunda reforma fiscal que haga pagar más a los que más tienen», la autonomía municipal para poder distribuir los ingresos «sin la injerencia de los ministerios del Interior o Hacienda», y el control ciudadano de la Hacienda local. «que permita a los vecinos ser informados». «Es necesario -según Francisca Sauquillo- que el presupuesto municipal sea un instrumento al servicio de los intereses populares. Para ello es preciso que las nuevas Cortes que surjan de las elecciones legislativas elaboren una ley municipal democrática y progresiva en su sistema de financiación para que sea posible, en definitiva, modificar la situación socioeconómica del ingreso y gasto municipal.»

Esta ley municipal tendría que ir acompanada de una revisión «de las servidumbres, heredadas por el presupuesto del Ayuntamiento, que no podemos olvidar, tales como gasto de personal, pago de intereses de deudas municipales y créditos y gastos de funcionamiento de los servicios. que absorben prácticamente el grueso del gasto total».

El Partido del Trabajo de España, a través de su candidato Joaquín Aramburu, cree que habría que ir «hacia una simplificación del sistema impositivo. Las fuentes de ingreso serían de dos tipos: el impuesto de carácter local, que no tendría gran capacidad recaudatoria, aunque sí la tendría reguladora, y la participación en el impuesto general sobre la renta, participación que representaría el grueso del presupuesto municipal». El señor Aramburu es partidario de que el reparto presupuestario esté en manos de los organismos autonómicos, punto que tendría que figurar en la ley de Bases del Régimen Local.

Hay que incrementar el presupuesto actual

El presupuesto general ordinario del Ayuntamiento y el de Gerencia Municipal de Urbanismo son considerados por todos los candidatos como insuficientes. Mientras el señor Álvarez protesta «porque es absolutamente desproporcionado para las necesidades que la ciudad tiene y para las demandas de sus ciudadanos»; Enrique Tierno dice que está desvirtuado. «Frente a los 25.000 millones de pesetas del presupuesto ordinario de 1978 habría que tener 40.000 ó 50.000 millones para que el municipio fuera bien. Tenemos que construir un sistema en el que, por ejemplo, hubiera unos 35.000 millones de gastos presupuestarios, 5.000 para gastos de infraestructura y otros 5.000 para tenerlos efectivos en caja. Con una política de saneamiento, en la que se revisarían, por ejemplo, las contratas, se podría conseguir en el espacio de unos años hacer más aprovechable el presupuesto», manifestó el señor Tierno.«Un Ayuntamiento democrático podrá decir si se necesitan o no 60.000 millones para hacer frente a las necesidades; adelantar, por tanto, una cifra me parece aventurado. Tan importante como aumentar los ingresos es mejorar los gastos con la adecuación de los funcionarios a sus puestos, con lo que se podría salir de esa productividad tan baja y con el sometimiento, a estudio de los gastos de inversión para saber si representan o no un auténtico beneficio social», manifestó el señor Tamames.

Los otros dos partidos encuestados, ORT y PTE, coincidieron, asimismo, en que los niveles actuales del presupuesto son muy bajos. Mientras Paca Sauquillo opina que «el presupuesto es raquítico, injusto, regresivo e incapaz de atender las necesidades populares del municipio», Joaquín Aramburu solícita que la cantidad actual «tendría que ser doblada, ya que de no responder positivamente a las necesidades existentes sería negar de hecho la democratización del muníciplo». No hay que olvidar, como recordó al ser preguntado José Luis Álvarez, que los recursos por habitante no sólo son menores a los de otras capitales europeas, sino que también lo son a ciudades como Bilbao, Barcelona, Valencia o Sevilla».