El Ministerio de Economía negocia el apoyo de la banca al sector naval con 30.000 millones de pesetas

El Ministerio de Economía y un grupo de representantes de bancos privados negocian desde hace unos días la concesión de una importante ayuda crediticia que el sector bancario concedería a uno de los sectores industriales en crisis, el de la construcción naval. El volumen de esta ayuda ascendería a unos 30.000 millones de pesetas.

Los antecedentes de esta operación hay que situarlos en el almuerzo de trabajo celebrado en el Banco de España, hace mes y medio, cuando Abril Martorell anunció a los siete primeros «espadas» de la banca privada que el cómputo del coeficiente de inversión volvía a su cauce y que era necesario ir pensando en dos nuevos asuntos: por una parte, cómo apoyar financieramente al sector naval y, por otra, cómo conseguir que el crédito en 1979 no se facilite a precios tan elevados como los actuales (es decir, tipos de interés menos altos).La sugerencia de apoyo al sector naval es precisamente lo que Gobierno y banqueros negocian en estos momentos. El Gobierno pretende que los bancos financien la construcción de buques para reanimar la demanda y conseguir que los armadores nacionales se lleven los barcos de los astilleros, algunos de los cuales están en las gradas esperando que su propietario pase a retirarlo; otros buques están aceleradamente en construcción, sin que de momento se conozca a quién van destinados. La forma de financiar estos barcos, que permitiría a las empresas constructoras de buques empezar a ingresar dinero en sus arcas vacías, es la que está siendo objeto de discusión.

Los tres protagonistas

Medios solventes han señalado que las negociaciones entre las dos partes tienen en realidad tres protagonistas. Por una parte, la Administración, con dos posturas diferenciadas. Por otra, los representantes del sector bancario.En cuanto a la Administración, el Ministerio de Economía propugna la tesis de que estos 30.000 millones de pesetas deben facilitarlos los bancos fuera de los coeficientes, a un tipo de interés del 8% y a un plazo de unos doce años. El Ministerio de Hacienda, por su parte, aunque de momento no parece haber entrado directamente en la negociación, estaría dispuesto a suscribir estas condiciones, pero con dos matices:

-En primer lugar, los créditos que conceda la banca privada no deben llevar aval del Estado, sino, en todo caso, del Instituto de Crédito Oficial.

- En segundo lugar, el tipo de interés de las operaciones de crédito que se realicen no debe ser superior al 8%, descartando por lo tanto cualquier elevación por la vía que sea, sobre todo si es a costa de subvención.

En cuanto a la parte privada, los bancos parecen dispuestos a suscribir este acuerdo especial de apoyo financiero, con la excepción de uno de los siete grandes, que ha pedido tiempo para consultar a su dirección colegiada. Los bancos quieren, sin embargo, un tipo de interés medianamente remunerador, del 11%, unos plazos algo inferiores en la concesión de los créditos -que podrían ser de hasta ocho años y aval del Estado para estas operaciones por valor del 90% del coste del buque.

Marcha atrás

Con esta ayuda financiera, que se debería instrumentar a lo largo de los meses próximos, las autoridades económicas consiguen en realidad una ampliación de los coeficientes obligatorios que el Banco de España señala a los bancos privados, y que en el caso de coeficiente de inversión representa el 23% de los recursos ajenos computables. Los 30.000 millones adicionales no constituyen un aumento sustancial de este coeficiente, pero en la realidad representan en cierta medida un proceso de marcha atrás en la vía de liberalización del sistema financiero español, que en el caso del coeficiente de inversión se materializó en una rebaja de dos puntos, pasando del 25 al 23%.Con esta operación, el Gobierno pretende comprometer a la banca privada en el relanzamiento de la inversión el año próximo. Desde la publicación del documento del Banco de España, llamando la atención del Gobierno sobre un despegue, espectacular de la inversión, se ha ido imponiendo la idea de que el elemento más dinámico del sector financiero el año próximo debe ser el crecimiento del crédito bancario al sector privado. Incluso en algunos medios se señala que el Gobierno debería orientar su política monetaria, no en base a la evolución de las disponibilidades líquidas, sino a la evolución del crédito privado, ya que esta variable es la que mejor refleja la actividad económica real, la marcha de la inversión, y las posibilidades de financiación de las empresas. El control sobre las disponibilidades líquidas no es todo lo preciso que las circunstancias actuales requieren, ya que las oscilaciones del sector exterior influyen de forma indeseable sobre el conjunto de la economía. Se ha visto claro en los últimos meses, cuando al componente exterior se ha unido el comportamiento inestable del sector público. Con estos dos factores autónomos, la única forma de controlar la evolución de las disponibilidades líquidas o cantidad de dinero es aplicando una política crediticia de claro signo restrictivo, cuya repercusión sobre las empresas y, en consecuencia, sobre el nivel de empleo, es inmediata.

¿Restauración financiera?

Por otra parte, la operación tiene un cierto sabor restaurador de los denominados, y tan frecuentemente denostados, circuitos privilegiados de financiación, cuya existencia se suprimió casi de un plumazo hace un año, con la trágica consecuencia para la economía del país de que desapareció la financiación a largo plazo. La desaparición de aquellos «circuitos» no ha sido lamentada casi por nadie, pero su no sustitución por otros activos financieros también a largo plazo y en condiciones de precio que posibiliten la inversión de proyectos industriales de amplio alcance económico y financiero, es en estos momentos uno,de los factores que imposibilitan a la economía española para alcanzar tasas de crecimiento apreciable en la inversión a largo plazo. Estos 30.000 millones de pesetas que el Gobierno quiere sacar a la banca privada cumplen aparentemente las funciones de financiación a largo plazo requeridas pero su asignación concreta a la financiación de ventas (o compras) de buques es lo que parece discutirse en algunos sectores bancarios, que no parecen ir de muy buen grado a una.operación de signo aparentemente dirigista.