El Gobierno británico quiere ampliar el poder de la policía

El Ministerio del Interior británico apoya la ampliación de los poderes de la policía, ahora en estudio, pero sus propuestas a la comisión correspondiente no van tan allá como las del jefe de la fuerza pública, Sir David McNee, que pide del Parlamento poderes para mantener incomunicados a los sospechosos hasta 72 horas sin formular cargo alguno contra ellos, tomar por la fuerza huellas digitales y la abolición del derecho que tienen los ciudadanos arrestados a guardar silencio.En su informe el Ministerio del Interior argumenta que la policía británica, habitualmente desarmada, deberá afrontar en el futuro desafilos superiores a los actuales y sugiere la ampliación de su autoridad en tres terrenos concretos: dar el alto, interrogar y registrar en la calle, poder preguntar nombre y dirección sin excepciones y disponer de mayores facilidades para la obtención de mandamientos judiciales de busca y captura y para el registro domiciliario de personas detenidas.

En la actualidad, y legalmente, la fuerza pública no puede interceptar y registrar sin mandamiento Judicial a un transeúnte sospechoso, salvo que vaya a proceder a su arresto, ni obligar al testigo de un presunto delito a facilitar su nombre y dirección. En la práctica, sin embargo, la policía se suele acoger en sus actuaciones a algunas de las numerosas leyes locales u obsoletas, que, como la «ley de Vagos» de hace más de un siglo y medio, facilitan el registro de «personas sospechosas». Los inmigrantes de color suelen ser las víctimas propiciatorias de estos procedimientos. El propio jefe de la policía metropolitana ha reconocido recientemente que algunos de sus subordinados quebrantan disposiciones legales tan serias como la que prohíbe la incomunicación de detenidos con sus abogados.