Aumentan los enfrentamientos entre los partidos portugueses

El presidente de Portugal, Ramalho Eanes, reanudó ayer los contactos con los partidos parlamentarios, mientras éstos se acusan mutuamente del fracaso en los intentos de llegar a un acuerdo interpartidario para poner fin a la crisis gubernamental que arrastra el país desde hace ahora tres meses. Eanes recibió ayer las delegaciones del Partido Comunista y de los demócratas cristianos. Hoy se entrevistará con socialdemócratas y socialistas.En un memorándum remitido al jefe del Estado, los demócratas cristianos culpan al Partido Social Demócrata de ser el principal responsable del fracaso de un acuerdo entre los tres partidos de la llamada «mayoría presidencial» (PS, PSD y CDS). Atribuyen tal actitud al hecho de que los seguidores de Sa Carneiro están decididos a provocar elecciones generales anticipadas y para conseguirlas se cierran de antemano a cualquier intento de diálogo.

El CDS urge al jefe del Estado que inicie las negociaciones para la designación de un primer ministro capaz de recoger a la vez la confianza presidencial y del Parlamento y la formación de un Gobierno con la colaboración de los tres partidos, pero sin formar coalición.

Por su parte, el Partido Socialista es blanco de las acusaciones opuestas, pero convergentes, de comunistas y de socialdemócratas. Ambas formaciones consideran que el partido de Mario Soares es el responsable principal de la crisis, por seguir negándose a un acuerdo con los comunistas, según éstos, y por rechazar su participación en un «Gobierno de salvación nacional», como reprochan los socialdemócratas.

Por otro lado, la decisión del Ministerio de Agricultura de acelerar las entregas de tierras a sus antiguos propietarios en la zona de reforma agraria relanza la polémica acerca de los poderes atribuidos a un Gobierno carente de la confianza del Parlamento.

El Partido Comunista ha protestado oficialmente contra la decisión del Ministerio de devolver nuevas fincas, argumentando que el Gobierno de Nobre da Costa, derrocado en el Parlamento, carece de autoridad política para intervenir en un sector particularmente sensible, donde su acción puede provocar graves repercusiones sociales.

La oposición de izquierda considera que el Gobierno está demostrando un celo más que sospechoso en servir los intereses de los empresarios. Para justificar su acción, el Ministerio de Agricultura ha divulgado una nota oficial afirmando que la ejecución de una ley «democráticamente votada» en el Parlamento hace más de un año es obligación de cualquier ejecutivo, aunque éste tenga carácter interino.

Conviene recordar que la ley en cuestión -ley de base de la reforma agraria- fue votada en agosto de 1977 con los votos del PS y del PSD. El PCP, que se opuso a la ley, pedía, como mínimo, que su aplicación fuese objeto, en cada caso, de negociaciones con los trabajadores agricolas afectados.