La defensa insiste en la versión salazarista del "caso Delgado"

El último director general de la policía política salazarista, el comandante Silva País, un subdirector, Pereira de Cavalho, y un simple agente de la PIDE, Agostinho Tienza, responden desde el lunes en el segundo tribunal militar de Lisboa del asesinato, hace catorce años, en territorio español, cerca de Badajoz, del general Humberto Delgado y de su secretaria brasileña, Arajaryr dos Campos.

La primera audiencia ha confirmado las preocupaciones de los antiguos amigos de Delgado y de los resistentes al régimen salazarista: el juicio de los implicados en lo que muchos consideran como «el crimen de Estado del siglo" no desvelará toda la luz sobre esta acción de escarmiento ejemplar de la PIDE. El proceso Delgado no será, como muchos juristas democráticos esperaban, el «Nuremberg del totalitarismo ibérico».

De los diez acusados, tan sólo tres están sentados en el banquillo y han adoptado una táctica común: cargar la autoría material de los hechos sobre los ausentes, que, según Silva Pals, «infringieron las órdenes", ya que el plan de la PIDE eran tan sólo traer a Delgado a Portugal, encarcelarlo un cierto tiempo y «devolverlo a la paz familiar».

La defensa ha dejado ya entender su intención de retomar la versión lanzada por la propaganda salazarista en el momento del crimen y según la cual la ejecución de Delgado habría sido organizada por sectores de la oposición marxista.

Madrid, en el enigma

Silva País no teme que sus argumentos sean impugnados: Barbieri Cardoso y Rosa Casaco no comparecerán frente a sus jueces. Del primero, se dice que sigue en activo por cuenta de los servicios secretos franceses: fue visto varias veces en Madrid donde cuenta con numerosos amigos en los medios ultraderechistas ligados a la Internacional negra. Rosa Casaco también desapareció, pero mandó al tribunal una carta en la que niega anteriores declaraciones, prestadas voluntariamente en la embajada portuguesa en Madrid en junio de 1974.