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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Los beneficiarios de una censura

AL IGUAL que ocurrió con el comunicado en que ETA reivindicaba el asesinato del general Sánchez Ramos y del teniente coronel Pérez Rodríguez, el ministro del Interior ha amenazado con interponer acciones contra los medios de comunicación que reproduzcan, total o parcialmente, el mensaje con que la organización terrorista se ha proclamado autora del asesinato del capitán de corbeta Liesa. La razón esgrimida es que la inserción de ese documento haría incurrir a la publicación que lo difundiera en responsabilidad penal por apología del terrorismo y por ofensas e injurias a las Fuerzas Armadas.El recuerdo de las continuas y abusivas invasiones del poder ejecutivo en el ámbito de la libertad de expresión se halla demasiado vivo en nuestro país como para que estas medidas cautelares de la Administración no produzcan un reflejo inmediato de rechazo. El régimen de censura previa, vigente en España hasta la ley Fraga, utilizaba también como justificación para el lápiz rojó el presunto carácter delictivo de una noticia o las lesiones que para el bien común o los intereses superiores del Estado pudiera producir su publicación. El reconocimiento de la libertad de información, garantizado en el texto constitucional, significa que el ejercicio de ese derecho, básico en una sociedad pluralistal no puede tener más límites que el ordenamiento penal promulgado por los representantes de la soberanía popular, ni más jueces que los tribunales ordinarios, ni más acusadores que el ministerio fiscal o los querellantes privados. La actuación del Ministerio del Interior al prohibir la difusión de los comunicados de ETA no sólo lleva implícita una carga intimidatoria apenas velada, sino que además significa la intromisión en los canales jerárquicos del ministerio fiscal.

Pero no se trata sólo del natural temor que despierta la resurrección de prácticas administrativas del anterior régimen ante la posibilidad de que esa prohibición sólo sea el comienzo de la puesta en marcha de nuevos mecanismos censores. Hay, también, cuestiones de fondo que hacen criticable la medida. Los asesinos del capitán de corbeta Liesa hacen la mayor apología del terrorismo al practicarlo y cometen la más grave ofensa contra las Fuerzas Armadas al quitaíalevosamente la vida a uno de sus oficiales. Al lado de la brutalidad desnuda de ese crimen, su justificación en un comunicado es puro e inevitable, formulismo. Esos documentos suelen componerse de farragosas elucubraciones, que muestran la indigencia teórica y el fanatismo político de sus elaboradores, y de conjeturas paranoides acerca de la realidad a las que se intenta descifrar de información, pero que no resisten la prueba de los hechos. La prohibición de su difusión sólo puede servir para conceder a los rumores y a los bulos el privilegio de sustituir a la informacion y para crear cierta curiosidad morbosa acerca de los argumentos o las noticias censurados.

La reproducción de las bravatas de ETA y de sus acusaciones contra las Fuerzas Armadas puede ser, en cambio, necesaria para desmontar las falacias de los asesinos. Sólo incurriría en apología del terrorismo quien aplaudiera los crímenes de ETA; y en ofensas e injurias contra las Fuerzas Armadas quien suscribiera sus insultos contra el Ejército o la Marina.

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Hay,que temer a los crímenes de ETA, a ese insensato curso terrorista que está sembrando de cadáveres de españoles (entre ellos, varios vascos) nuestra naciente democracia. Hay que temer sus pistolas, sus metralletas y sus explosivos porque hablan el lenguaje brutal de la violencia, de la crueldad y de la muerte. Pero, en cambio, nada hay que temer de sus palabras, que sólo expresan el discurso de unos criminales que tratan de justificar con una penosa jerga que pretende ser teoría revolucionaria una práctica abiertamente contrarrevolucionaria. Los textos en que ETA vierte sus despropósitos es un útil material de lectura para los que deseen comprobar el grado de insensatez, el nivel de irrealidad y el techo de irracionalidad que puede alcanzar ese inefable cóctel inventado por la izquierda abertzale extremista y que se compone de orgullo racista, ignorancia audaz, mimetismo tercermundista, gusto psicopático por la violencia, tradicionalismo clerical secularizado y esclerosis marxista-leninista.

La organización terrorista se muestra discípula aventajada de las viejas teorías de Goebbels sobre la necesidad de hacer enormes las mentiras para darles apariencia de verdad. Necesita aportar pruebas falsas a su grotesco análisis, huérfano de hechos, de que nada ha cambiado en España después de la muerte de Franco. Necesita trastocar las secuencias cronológicas y los datos para realizar su operación favorita de travestismo: cambiar su condición de verdugos por el disfraz de víctimas, transformar su oficio de criminales en la profesión de combatientes, ocultar sus graves responsabilidades en los padecimientos del pueblo vasco tras la cobertura de un ejército de liberación que acude en su ayuda, rebautizar sus chantajes a los industriales vascos como «impuestos revolucionarios» recaudados por bandidos generosos. Necesita, en suma, mentir en los hechos para poder dar un mínimo soporte a sus enloquecidos diagnósticos y a sus disparatadas propuestas. A sus falsedades hay que responder con la verdad, no con el silencio o con la censura. Porque sólo así resulta posible poner al descubierto ese monumento de miseria ideológica y de necedad política que justifica y motiva, a la vez, a los asesinos.

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