Numerosas empresas del metal de Vizcaya rechazan el convenio colectivo
A excepción de Altos Hornos, la mayor parte de las empresas del metal de Vizcaya pararon ayer durante dos horas en protesta por la no aceptación del convenio del sector por parte de 153 factorías. El convenio fue homologado el pasado 22 de julio.
El paro, que afectó a unos 100.000 trabajadores -de los aproximadamente 130.000 con que cuenta el sector- se llevó a cabo en las diferentes empresas, sin turno fijo, entre las nueve y trece horas. En las dos horas de inactividad se celebraron en las diversas factorías asambleas en las que se dio cuenta de las graves consecuencias que pueden desprenderse del incumplimiento del convenio sectorial.
Pequeñas y medianas
La mayor parte de las 153 empresas descolgadas son pequeñas y medianas y se da la circunstancia de que entre ellas figura la totalidad del sector del montaje, algunas con plantillas elevadas. Los empresarios disidentes se han acogido a las posibilidades que ofrece la ley en caso de que las alzas salariales pactadas superen los niveles fijados en el pacto de la Moncloa.Las centrales sindicales de Vizcaya hicieron saber ya en su día el temor de que el argumento empleado por las empresas descolgadas, centrado casi exclusivamente en la cuestión de dietas por desplazamiento u otros motivos, sea empleado por una parte del empresariado para no aplicar el resto de los puntos pactados en el convenio.
El fondo del problema
Los portavoces sindicales declararon a EL PAIS que el fondo del problema hay que buscarlo en la costumbre de las pequeñas y medianas empresas del sector de satisfacer salarlos reales más elevados de los declarados, con el fin de reducir su cotización a la Seguridad Social. El convenio prevé una serie de disposiciones tendentes a cortar esta práctica; disposiciones que parte de los empresarios no parecen dispuestos a aceptar.Para presionar a los empresarios descolgados del convenio, la totalidad de las centrales sindicales participarán el próximo día 5 en Bilbao en una manifestación autorizada, en principio, por el gobernador civil de Vizcaya.
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