La Policía municipal corregirá los abusos de los taxistas de Barajas

Una brigada especial de la Policía Municipal de nueva creación está destinada desde ayer en el aeropuerto de Barajas con el fin de asegurar los servicios de circulación del aeropuerto y, de modo especial, el buen funcionamiento del servicio de taxis, que en los últimos meses ha sido objeto de numerosas polémicas y denuncias por parte de los usuarios y de la misma Policía Municipal.

La brigada, mandada por un oficial, está compuesta por 64 números de a pie, seis motoristas y ocho conductores. Funciona durante las veinticuatro horas del día, dividida en tres turnos de ocho horas cada uno, y tiene bajo su cargo todos los temas derivados de la circulación en las inmediaciones del aeropuerto.La medida adoptada por la Delegación de Seguridad y Policía Municipal, al uso en la mayoría de los aeropuertos europeos, está más directamente encaminada a cortar los continuos abusos de lo que algunos sindicatos -como el SU- han denunciado, como la mafia de taxistas de Barajas, que a asegurar la circulación en el aeropuerto, que, salvo algunas infracciones por aparcamiento indebido, no ofrece mayores problemas. Tanto la delegación municipal citada como el Gobierno Civil impusieron en varias ocasiones, durante los últimos meses, multas a taxistas por abusos en el cobro de las tarifas y por no atender debidamente el servicio.

La medida adoptada ahora en el aeropuerto de Barajas, solicitada en repetidas ocasiones por numerosas personas y entidades, es similar a la que está en vigor en la estación de Chamartín, que funciona desde el principio sin apenas ningún problema.

Según el delegado de Seguridad y Policía Municipal, Santiago Estrada, la medida ha logrado reducir a cero el número de denuncias que habitualmente formulaban los policías municipales y que alcanzaban la media de cincuenta diarias.

Los empresarios del taxi se niegan a pagar los aumentos salariales

Los empresarios del taxi se han negado a abonar los aumentos concedidos por un laudo de la Delegación Provincial del Ministerio de Trabajo, el pasado mes de junio, a los asalariados del sector. Esta decisión fue hecha pública por los empresarios en el curso del acto de conciliación convocado en la Delegación de Trabajo, ante la solicitud, por parte de los asalariados, de conflicto colectivo.La negativa a abonar el aumento salarial, denunciada por el Sindicato Unitario, se basa, según fuentes de los empresarios, en que ellos habían recurrido, en su día, contra la decisión administrativa y que no disponen de los medios económicos necesarios para haber efectivo el aumento.

Se da la circunstancia de que el aumento de tarifas concedido para los taxis por la Comisión Provincial de Precios -de un 18,5%- se hizo, en parte, sobre la base del laudo de la autoridad laboral que obligaba al aumento de salarios. Según fuentes sindicales, los empresarios están, en este momento, obteniendo beneficios dobles: por un lado, los derivados del no abono del aumento de salarios, y por otro, por el cobro del aumento de tarifas.

El Sindicato Unitario ha asegurado que tomará todas las medidas que estime necesarias para que el laudo de la Delegación de Trabajo sea cumplido. Estas medidas pueden ir desde denuncias ante el Gobierno Civil hasta acciones legales masivas ante la Magistratura de Trabajo. Sin embargo, si estas acciones no dieran el resultado esperado por los trabajadores, «se tomarían actitudes más radicales».