La Unión General de Trabajadores rechaza un acuerdo económico y político

La unión General de Trabajadores (UGT) no trata de favorecer un pacto social, acuerdo contra el que está la central socialista, ni tampoco está dispuesta a negociar unos nuevos acuerdos en los que intervengan los partidos políticos y menos por un período de tres años, ya que supondrá la desmovilización de la clase obrera y la continuidad de un Gobierno de derechas.

Tal es la postura de la ejecutiva de UGT, que será expuesta al comité federal de la organización en su reunión prevista para los días 7 y 8 de octubre, en la que la central socialista adoptará una postura definitiva de cara a la posible negociación de unos nuevos acuerdos que sustituyan los pactos de la Moncloa.La posición actual de UGT, según explicó Nicolás Redondo en la rueda de prensa en la que d lo a conocer las objeciones de la central al proyecto de ley de convenios colectivos, remitido por el Gobierno a las Cortes, es de esperar ante el anuncio de que el Gobierno invitaría a los sindicatos a unas jornadas de reflexión sobre los resultados del pacto de la Moncloa. La postura definitiva de la central, sobre los principios ya apuntados, será definida por el comité federal.

Otro argumento contrario a unos acuerdos cuya extensión supere el período de un año hace referencia a la hipoteca que supondrían tales pactos para un posible Gobierno distinto del actual. en relación con unos compromisos adoptados en circunstancias tan desfavorables para la clase obrera como los actuales.

En cuanto al contenido, que UGT considera sustancial con independencia del calificativo que se le diera a los acuerdos, en ningún caso admitiría la central que se limitara al aspecto salarial, ni que incluyera aspectos políticos que corresponde establecer a los partidos en el Parlamento.

Acerca de la futura ley de Negociación Colectiva. la central socialista considera anticonstitucional el proyecto gubernamental por cuanto induce a la renuncia del derecho de huelga (el proyecto contempla como deber de la negociación el establecimiento de paz social), y discrimina de la negociación a los funcionarios públicos y trabajadores al servicio de la Administración militar, frente al derecho de libre sindicación para todos los trabajado res que establece la Constitución. También critica UGT la supervivencia del laudo y la imposibilidad de articular convenios colectivos, desde el estatal hasta el de empresa.

En este sentido, el ministro de Trabajo ha señalado a EL PAIS que el proyecto no excluye a los funcionarios ni al personal civil de la Administración militar, sino que estos colectivos se regirán por la legislación específica que con temple sus condiciones de trabajo. Tampoco, según el ministro, se limita el derecho de huelga, pues tan sólo se dice que «los convenios podrán contener cláusulas de paz social». En cuanto al arbitraje forzoso, el señor Calvo Ortega dijo que el proyecto de ley lo contempla de manera muy restrictiva.