El ministro de Justicia anuncia la actualización de la organización judicial
La actualización de la organización judicial española fue anunciada por el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, en el acto de apertura del año judicial celebrado ayer en el Palacio de Justicia. También ayer se celebró, en la sede del Consejo Supremo de Justicia Militar, el acto de apertura del año judicial, bajo la presidencia del teniente general Francisco Coloma Gallegos, presidente en funciones de dicho consejo.
«Ya estamos en trance de abordar la actualización de la organización judicial y adecuar los mecanismos procesales de forma que se asegure la pronta, eficaz y justa decisión de los litigios y el efectivo control jurisdiccional del poder desde las áreas del Derecho.» Estas palabras forman parte del discurso pronunciado por el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, en el acto de apertura del año judicial celebrado ayer en el Palacio de Justicia.Justificó el señor Lavilla su comparecencia en la pronunciación del discurso de apertura de los tribunales ante «la singularidad de este momento constituyente y la dimensión del empeño, que a todos anima, de consolidar un Estado de Derecho...». Afirmó que «singular relevancia tiene el tema de la protección de las libertades públicas a la hora de considerar la proyección de la futura Constitución sobre la función jurisdiccional».
«No es posible examinar en este momento, pormenorizadamente -afirmó el ministro de Justicia- cada una de las libertades públicas y derechos fundamentales que figuran en el proyecto de Constitución. Entiendo, sin embargo, que, por la naturaleza misma de este acto, resulta oportuno y hasta obligado que someta a vuestra reflexión algunos puntos inmediatamente relacionados con los mecanismos de protección judicial.»
«Cuando la excesiva duración de los procesos alcanza cotas generalizadas -dijo Landelino La villa- y la jurisdicción pierde eficacia social, por causas que no están en la individualizada inoperancia de los hombres a los que la sociedad encomienda la misión de juzgar, sino en la inadecuación de la organización judicial o de los cauces procesales, la responsabilidad trasciende a otras áreas del poder político. En esas circunstancias, con el designio de corregir los efectos de una justicia tardía, muchas veces identificada con la injusticia pura y simple, es obligado adoptar, con la urgencia que el respeto a las libertades públicas y derechos fundamentales impone, las medidas que hagan realidad el mandato constitucional.»
Declaró también que «la protección a las libertades públicas preocupa especialmente desde el ángulo de las agresiones posibles de los agentes administrativos. Por esto, es usual que los mecanismos de protección se articulen, sobre todo, frente al ejecutivo y los agentes integrados en el cuadro complejo de la Administración, dejando la defensa de los derechos fundamentales, en los eventos de ataque procedentes de particulares, a las vías ordinarias penales, cuando el ataque se configura como tipo penal, o a las civiles, anudando a la agresión una responsabilidad patrimonial».
«El proyecto de Constitución española, en su artículo 177 - prosiguió el ministro de Justicia-, introduce en nuestro ordenamiento el derecho o procedimiento de habeas corpus como amparo judicial directo para producir la inmediata puesta a disposición del juez de toda persona detenida ilegalmente, especificando, por tanto, como técnica procesal diferenciada del amparo genérico de las libertades públicas la aludida al habeas corpus.
El señor Lavilla dijo también que «es notoria la precaria situación de la Administración de Justicia, que se ha venido manteniendo por condicionantes económicos generales. Pero entre los objetivos políticos del actual Gobierno está abordar definitivamente el tema, a cuyo objeto se está tramitando el oportuno proyecto de ley.
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