"Se impone una oposición democrática

(Catedrático de Teoría del Estado y Derecho Constitucional)Algunos comentaristas políticos vienen propugnando un Gobierno de «gran coalición» integrado por UCD y PSOE, que comenzaría a gobernar después del referéndum nacional y tras haberse aprobado la, Constitución. Se dice que un Gobierno de esta naturaleza -como el qué tuvo Alemania Federal en sus primeras andaduras democráticas, después de la segunda guerra mundial-, al estar basado en una evidente mayoría parlamentaria y propugnar un programa -político de compromiso, podría gobernar (pues todos sus proyectos de ley lograrían la aprobación de las Cortes) y con ello acometer con eficacia las reformas de las es tructuras económico -sociales de España y superar la grave crisis económica y sociopolítica que pesa sobre el país.

Frente a esta postura opinamos que un Gobierno de coalición -aparte de que en la actualidad perjudicaría muy seriamente al PSOE- tan sólo estaría absolutamente justificado por exigencias gravísimas impuestas por la nación y reflejadas previo proceso electoral. Si el país lo exigiera se tendría que constituir un Gobiemo de coalición; pero eso tan sólo en caso de graves emergencias, en última instancia. Sería fatal para la joven democracia dejarla sin una «oposición» al «Gobierno». Sólo si las Cámaras, en el futuro, hicieran inviable el proceso transformador, que la sociedad española exige, es cuando se tendrían que marginar diferencias y aunar esfuerzos para salvar al país. Los Gobiernos de coalición son Gobiernos para situaciones de emergencia, de crisis graves... Por eso, antes de que surjan tales Gobiernos han de existir las causas que justificarán, absolutamente, la necesidad de los mismos.

Gobierno y oposición

Gobernantes y gobernados son los dos términos indispensables de toda sociedad política. Los gobernantes, en su acepción estricta, se estructuran en instituciones políticas concretas, y el Gobierno o Gabinete, Administración, etcétera, y también a través de «su» grupo parlamentario en las Cortes... Pero, al igual que los gobernantes, también los gobernados se articulan en sus propias instituciones sociales, unas, y políticas, otras. Sólo que estas últimas cobran su mayor relieve y significado como factores de la vida política y del proceso democrático. Los partidos políticos -fuerzas políticas por excelencia- y los grupos de interés, de promoción y de presión son los actores políticos y sociales que ponen en movimiento la estruc tura política creada por la Constitución. A este respecto creemos oportuno denunciar ya, desde ahora, que los partidos, a través de «su» grupo parlamen tario y de la «disciplina de voto», seguida por los diputados y sena dores, están imponiendo un nue vo tipo de mandato imperativo, que es abiertamente antide mocrático. Bastantes diputados y senadores españoles actuales posponen los intereses del electo rado que los eligió, y en contra de «su propia disciplina personal», según palabras del diputado va lenciano del PSOE señor Ruiz Ramírez, a la «disciplina de voto » impuesta por el partido. Hay que denunciar «este peligro oli gárquico» que, cual espada de Damocles, pende sobre la joven democracia española. Si no se adoptan las medidas oportunas, pronto veremos que las institu ciones creadas por la Constitución serán puras correas de transmisión de la voluntad de los comités de los par tidos. Con ello, el camino tristemente seguido por la democracia italiana estará ante nosotros, y la joven democracia española tomará idénticas andaduras. Y frente a la democracia surgirá, suplantando la voluntad de la mayoría, pero con el respeto de la minoría (y basada en el mandato representativo) la partidocracia. Y el partido es un instrumento para hacer viablé la democracia y no para desvirtuarla, como sucede en Italia. La demo cracia debe basarse en el «gobierno dé los ciudadanos» y no en una «oligarquía caciquil», cual es la de los «comités de los partidos». Hay que evitar la «dictadura de los partidos». En caso contrario, las instituciones políticas serán meras transmisoras de la voluntad de los partidos en el Poder. Y si así sucediere, la Constitución se habrá convertido en semántica onominal, al decir de Loewenstein.

Las Cortes generales

En el título del proyecto constitucional -actualmente a debate por el Senado- se prevé un bicameralismo, en cuyo análisis no vamos a entrar. Las dos Cámaras son la de los diputados y el Senado. Pues bien, el pueblo español, en uso de su soberanía, se dio -y se dará en el futuro- un Parlamento, que es, y debe ser, la verdadera columna vertebral de toda democracia que merezca tal nombre. Y para eso el Parlamento no sólo tiene que existir sino funcionar como tal. Allí el Gobierno -sin que medie una previa política de consenso- tiene que exponer y defender su programa político, y la «oposición» o las «oposiciones» deberán ese es su papel- pronunciarse: el Poder y el control del Poder por la oposición son los dos elementos esenciales de todo proceso político democrático.

Opino que, en el seno del Parlamento, el Gobierno, los gobernantes, deben dar la cara y responder, en exclusividad, de la acción de gobierno que les incumbe desarrollar; y si no pudieran cumplir con su esencial función cual es la de gobernar, por no tener las apoyaturas parlamentarias suficientes, los gobernantes deben dimitir y se debe proceder a la formación de otro Gobierno con suficientes asistencias parlamentarias o, en caso contrario, a un Gobierno de coalición con otras fuerzas políticas «minoritarias» que, con sus correspondientes votos en el Parlamento, le permitan gobernar con eficacia. Pero siempre hay que evitar las «grandes coaliciones» porque éstas tan sólo tienen razón de ser -como hemos dicho- en situaciones de emergencia, y por que, además, impiden otras «alternativas de Poder». Pero, eualesquiera que sean los Gobiernos que se formen, siempre serán mejores que una reunión de «conjurados» que a puertas cerradas -y basándose en la antidemocrática política del consenso-, tejan y destejan, como Penélope, el posible pacto social y político, necesario para toda sociedad política, en este caso, España.

La política del consenso».o la «política de las oligarquías de partido» es un método antidemocrático, propio de las «autocracias». La luz y taquígrafos de Maura es el mejor distintivo de las «dernocracias». Y la peor manera de construir una democracia es impidiendo la discusión pública de los asuntos que, directa o indirectamente, afectan al interés general. Y sin la existencia de una «Oposición», tal discusión no se producirá. Será inviable. ¿Por qué? Ciertos comentaristas políticos y algunas informaciones provenientes de fuentes fidedignas están propugnando y defendiendo -como hemos dicho antes- un Gobierno de «gran coalición»: UCD y PSOE. De realizarse esta operación política, la vida democrática española se quedaría sin perspectivas, sin alternativa de Poder... y, en otro orden de cosas, sin una eficaz y necesaria «oposición».

Gobierno y control

Así, pues, los gobernantes y gobernados se nos presentan, desde una perspectiva dinámica, actuando y decidiendo, unos, y controlando, otros, es decir, los gobernantes impulsan, dirigen y deciden: ejercen la función de regir los asuntos públicos. Y los gobernados deben exigir, reclamar -a veces de modo imperioso- y controlar, pero, normalmente no deciden. Una sociedad bien, organizada ha de implicar la existencia de ambos elementos: la dosis cambiará según las circunstancias sociales, económicas e ideológicas de cada uno de ellos. Por eso, si no hubiera efectiva participación ciudadana en todos los niveles, la sociedad quedaría imperfecta, subdesarrollada, como es el caso de las sociedades totalitarias. Por eso se hace imprescindible la existencia de una «oposicion».

En síntesis, subrayemos con R. Dahl, que uno de los rasgos más característicos de la democracia es la existencia de uno o varios partidos que ejerzan o puedan ejercer una eficaz «oposición» o función de control a la gestión ordinaria del Gobierno, hasta tal punto que podemos afirmar que la ausencia de una «oposición» de esta naturaleza puede servir como testimonio de la falta de carácter democrático de un régimen político.