La propiedad de unos terrenos enfrenta al obispo de León con los vecinos

Por tercera vez en los últimos doce años el obispado de León ha demandado judicialmente a la junta vecinal de La Virgen del Camino por la propiedad de unos terrenos próximos al santuario del mismo nombre, cuyo valor se estima en más de cien millones de pesetas.Los citados terrenos han sido doblemente inscritos en el registro de la propiedad -en 1946 a nombre de la Iglesia y veinte años más tarde a favor del pueblo como patrimonio comunal-, lo que ha dado origen a los tres pleitos. Mientras los vecinos aseguran que las fincas objeto de litigio figuraban ya en el catastro de 1942 como bienes comunales, momento desde el cual la junta ha venido pagando regularmente las contribuciones correspondientes a los mismos, los administradores del monasterio -y, en su nombre, el obispado- basan su demanda en una real orden de 11667 según la cual todos los terrenos comprendidos en un radio de un kilómetro alrededor del monasterio son propiedad del mismo.

En las dos ocasiones anteriores -1966 y 1976- los tribunales desestimaron las demandas del obispado, aunque sin reconocer expresamente los derechos de la parte contraria. Las fincas en disputa, con un total de 75.000 metros cuadrados, están situados en el centro del pueblo, y a tres kilómetros de León, y venían siendo utilizadas tradicionalmente como «eras», sirviendo posteriormente de recinto a una romería religiosa de carácter regional; de su alquiler durante tres días al año dependen los escasos recursos de la junta vecinal, cuyo presupuesto apenas es de un cuarto de millón de pesetas anuales. En un futuro próximo iban a ser destinadas a zona verde.

Coincidiendo con el nuevo pleito, la junta ha denunciado el expollo de que han si do objeto otros terrenos de su propiedad por la comunidad de los padres dominicos, administradores del santuario. Algunos de los cercados que estos últimos habían instalado en el lugar fueron derribados más tarde por orden de la actual junta, quedecidió utilizarlos como basureros. Se da la circunstancia de que otras diez hectáreas de terreno -de propiedad mixta y valorados en otros 150 millones- están siendo utilizadas por una sociedad recreativa con autorización del antiguo Ministerio del Aire, que las había expropiado hace cuarenta años para la construcción de viviendas militares al precio de ochenta céntimo el metro cuadrado. Los libros de cuentas de anteriores juntas vecinales, finalmente, están siendo investigados desde hace tres meses por los servicios de inspección yasesoramiento de las corporaciones locales, a propuesta de la actual junta.