Criterios irreconciliables en la primera sesión pesquera hispano-comunitaria

Una voluminosa documentación técnica, que no aporta ninguna novedad en el fondo, fue la argumentación española presentada ayer en Bruselas a los responsables comunitarios de la política pesquera. En definitiva, la delegación dirigida por Víctor Moro, subsecretario de Pesca y de la Marina Mercante, repite continuamente sus argumentos técnicos frente a los oídos sordos de los comunitarios.Ante la imposibilidad de España de ofrecer contrapartidas en materia pesquera, los nueve de la CEE se cierran en banda y son reacios, por no decir contrarios, a incrementar el número de licencias -121 en la actualidad- que conceden a barcos españoles para sus capturas en la zona de las doscientas millas de aguas de pesca comunitarias. La reunion de ayer no aporta nada nuevo, por el momento. Los expertos, una vez más, proseguirán su diálogo de sordos en la jornada de hoy y, posiblemente, días sucesivos. España quiere más licencias para pescar y pretende conservar sus antiguos privilegios en las zonas de pesca irlandesa y francesa -convertidas hoy en aguas «comunitarias»- y los comunitarios se niegan a una política aperturista ante las presiones de sus propios pescadores, que han tenido que reducir también sus capturas debido a la escasez y necesidad de preservar ciertas especies, y frente, a sus propios problemas internos para definir una «política común de la pesca» a la que se oponen los británicos.

El litigio pesquero hispano-comunitario está bastante envenenado por falta de confianza mutua. Por un lado los comunitarios argumentan que los pescadores españoles no respetan la pesca bajo licencias en aguas de la CEE. Los españoles replican que el aspecto social del cerrojo comunitario en el sector pesquero afecta indirectamente a casi medio millón de personas y que, en cualquier caso, es imposible pescar el cupo concedido por la CEE con sólo 121 licencias que, operacionalmente, se convierten en realidad en concesiones para que sólo puedan faenar «legalmente» 87 barcos.

La reunión de ayer se desarrolló, en un primer tiempo, bajo un clima de tensión. La delegación comunitaria, presidida por Raymond Simonet, director de Pesca de la Comisión Europea, criticó a las autoridades españolas por su alentación a la «rebeldía» de los pescadores al pagar las multas que impone la CEE a los barcos españoles que no respetan las normas comunitarias. Víctor Moro y el embajador Raimundo Bassols replicaron que no se trataba de ningún pago directo, sino de subvenciones para el sector pesquero español, afectado por las reglas comunitarias.

La impresión general al término de esa precipitada sesión negociadora, una más de las múltiples que vienen desarrollándose en la capital belga desde hace, tres años, es que el meollo del asunto continúa siendo político. El sector pesquero europeo está en crisis y necesita una reestructuración. Ante las propuestas de la propia Comisión Europea los Estados miembros de la CEE son, en algunos casos, -Gran Bretaña e Irlanda-, reacios a programas a largo plazo, frente a unos pescadores-electores. La problemática española debe abordarse desde una óptica de adhesión, con todas las consecuencias que ello implica. La responsabilidad final está en manos del propio Gobierno, y en este caso, de su encargado de Relaciones con las Comunidades Europeas, el ministro Leopoldo Calvo Sotelo. Lo demás es una repetición general de interminables reuniones «técnicas» en las que cada bando saca sus propios argumentos, irreconciliables a primera vista.