Compás de espera en el conflicto de la policía

Un compás de espera, para dar lugar a la reflexión de las partes, parece haberse impuesto en el conflicto que enfrenta a un amplio sector de la policía con el Gobierno, con motivo de los últimos actos terroristas contra agentes de las fuerzas de orden público. Mientras el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, trata de unifcar criterios con los altos mandos de las fuerzas de orden público, con los que mantuvo ayer una reunión, que seguramente se prolongará hoy, la Junta Nacional de la Asociación Profesional del Cuerpo General de Policía se reunirá hoy, domingo, para preparar la entrevista que mañana, lunes, mantendrá dicha junta con el director general de Seguridad, Mariano Nicolás.

En la entrevista con el director general se tratará, fundamentalmente, de los expedientes abiertos a ocho funcionarios de la policía a raíz de la publicación de una nota en la prensa tras los atentados terroristas del pasado 28 de agosto, con el resultado de cuatro agentes del orden asesinados. El Boletín Oficial del Estado del pasado viernes publicó las correspondientes órdenes por las que se conceden a los agentes asesinados la cruz de la orden del mérito policial con distintivo blanco.Al mismo tiempo que aborda con los altos mandos de las fuerzas de orden público la situación profesional de la policía, el fenómeno terrorista y cuestiones de coordinación entre los distintos cuerpos, el Ministerio del Interior ha procedido a cubrir algunos de los puestos dejados vacantes por los últimos ceses policiales. En sustitución del comisario Andrés Gómez Margarida ha sido designado jefe superior de Policía de La Coruña el inspector Javier García Carpintero, de 33 años, encuadrado últimamente en la brigada especial de juego. Es la primera vez que un inspector ocupa un cargo de jefe superior, reservado, hasta ahora, a los comisarios. Como comisario general de Documentación ha sido nombrado el comisario Angel Moneva, de 58 años, que sustituye al comisario Cerrillo.

Mientras tanto, la Unión Nacional de Policía, asociación clandestina que según parece no cuenta con mucho arraigo en la policía, hizo público ayer un comunicado en el que toma postura por primera vez ante los atentados terroristas contra agentes del orden público y ante el conflicto surgido en el seno de la policía. La UNP condena «los viles asesinatos de que han sido objeto miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior contra los representantes de la Asociación Profesional de Policía, los métodos de los grupos terroristas, la represión de que han sido víctimas el País Vasco y los demás pueblos del Estado español, así como la nota de prensa de la Asociación Profesional de Policía.

Respecto a las medidas del Ministerio del Interior manifesta que no son legales, a la vez que sitúan a los funcionarios expedientados en una situación de desamparo ante la que no cabe sino la solidaridad.

Sobre la nota de prensa de la Asociación Profesional de Policía declara que sus ataques al Parlamento, al Gobierno y a las fuerzas políticas y sindicales no resisten el menor análisis crítico, aparte de que «nosotros -la policía- somos responsables de la situación creada anteriormente con nuestra represión, de la que éramos ejecutores o cómplices mudos, ahora dejándonos manipular por individuos que se declaran demócratas, pero que nunca lo fueron».

Finalmente, la UNP hace un llamamiento, en primer lugar, a los componentes de los cuerpos de seguridad del Estado para que no se dejen manipular por posturas radicales que sólo favorecen a las lacras sociales de los terroristas y de los golpistas y, en segundo lugar, a las fuerzas políticas y sindicales para que la actual situación se arregle sin ningún tipo de traumas tanto sociales como individuales, instando al ministro del Interior a que revoque las medidas sancionatorias adoptadas de manera autoritaria.