El empleo comunitario, solución temporal y transitoria al problema del paro

Al igual que en febrero junio y julio, el campo andaluz ha vuelto a ser noticia laboral y política y el motivo sigue siendo el mismo: las acciones de los obreros agrícolas contra el paro que crece cada día. Las recolecciones de esta época (trigo, remolacha y girasol, fundamentalmente) han alcanzado un alto grado de mecanización y ello se traduce en un aumento del desempleo que en los próximos días puede afectar a 100.000 trabajadores.Aunque se abre paso la idea de que la agricultura no podría por sí misma absorber toda la mano de obra excedente en el campo, lo cierto es que la política agraria del Gobierno no ayuda tampoco a mejorar la situación.

Líderes sindicales consultados estiman que las faenas agrícolas que hay que realizar las próximas semanas (aceituna de verdeo y vendimia) sólo vendrán a remediar el problema en escasa medida y en algunas provincias.

Así, según Carmelo Acuña (CCOO), de los más de 20.000 jornaleros parados que tiene Jaén, el verdeo va a dar trabajo solamente a la mitad durante diez días. En Córdoba la vendimia puede emplear a 2.000 trabajadores durante un mes, en Granada la harán los propios campesinos y sus familias y en Cádiz únicamente beneficiara a los pueblos del marco de Jerez, Chiclana y Arcos de la Frontera, quedando toda la serranía sin posibilidades. Sin embargo, la vendimia francesa viene a paliar en gran medida este problemalaunque se reconoce que esta no es la solución. En este sentido, informaciones oficiosas señalan que se han conseguido más contratos para la vendimia francesa de los previstos inicialmente. Las ofertas de trabajo se han triplicado y hay pueblos enteros que marchan a recoger la uva al sur de Francia. En Lora del Río (Sevilla) saldrán cuatrocientas personas y en Baena (Córdoba) lo hará un 80 % del censo laboral.

Otoño sombrío

De todas formas, los meses de octubre y noviembre, cuando el verdeo y la vendimia hayan terminado en todas partes, se presentan sombríos. La repetición de los mismos problemas por las mismas fechas una y otra vez crea un pesimismo muy generalizado entre los trabajadores, que han dado hasta ahora, no obstante, grandes muestras de responsabilidad; aunque los dirigentes sindicales expresan continuamente -y no sólo para la prensa, también en privado- su temor de que se produzcan estallídos incontrolables. «O el Gobierno da de una vez soluciones o aquí pueden pasar cosas muy gordas», anuncia Manuel Lara (CSUT).

Hay que señalar, no obstante, que el paro en el campo viene de muy lejos e incluso que la situación ha mejorado en cuanto que la entrega de fondos destinados al empleo comunitario va siendo una realidad en todos los pueblos. Hace cinco o seis años se podían contar con los dedos de una mano las localidades de cada provincia que disfrutaban de este sistema de subvenciones contra el desempleo que, si bien no ataca la raíz del problema y disgusta a los propios trabajadores, significa una conquista y alivia tensiones.

Pero, lógicamente, la democratización del país ha abierto unas expectativas en el campo superiores a las de otros sectores sociales. En realidad es esto lo que ha cambiado en el campo: el trabajador ha adquirido conciencia de que es el niarginado entre los marginados de la sociedad española y está dispuesto a que cambie esta situación, a gozar de un puesto de trabajo estable o, en su defecto, de un seguro de desempleo equiparable al industrial.

Lo que está ocurriendo ahora es que se están agotando en todas las provincias los 2.000 millones aprobados por el Consejo de Ministros para el empleo comunitario, sistema mediante el cual el jornalero parado realiza una jornada de seis horas en arreglo de calles, plazas, carreteras y caminos a cambio de 810 pesetas diarias.

El primer problema del empleo comunitario es precisamente este carácter de parche para ir tirando, un remedio eventual que no es solución y que los obreros aceptan de mala gana, a sabiendas de que no hay otra cosa, pero con una sensación de inutilidad e impotencia. Las autoridades, por su parte, tienen conciencia de que en realidad están subvencionando el mantenimiento del orden público. Con frecuencia este dinero, siempre insuficiente -«una aspirina para un enfermo con pulmonía doble»-, ha sido dilapidado en obras inútiles y se dan muchos casos de picaresca en torno a él.

Ha habido casos en que los parados han tenido que arreglar el camino de su finca al propietario de tumo o preparar el salón para la boda de una hija del contratista. Otras veces el amontonamiento de trabajadores para abrir una simple zanja ha provocado la organización de pintorescos tumos a fin de que cada uno diese un golpe de cuando en cuando. Es justo reconocer, como hacen todos los sindicatos, que en los últimos tiempos hay un mejor aprovechamiento de los recursos debido a que cada partida destinada a cualquier población tiene que responder a un proyecto previamente aprobado.

Esta obligación ha evitado despilfarros y, de paso, está mejorando ostensiblemente la red viaria en el interior de los pueblos. «Vamos a tener las calles mejor pavimentadas de España es el comentario mas común en los pueblos. El inconveniente son los retrasos que se producen, como ocurre en estos momentos en Cádiz, donde el Ministerio de Trabajo retiene 48 millones a la espera de que los ayuntamientos remitan los correspondientes proyectos. Y es verdad que algunos alcaldes retrasan los trámites por desinterés o por boicotear la democracia, aunque otros, como denuncia José Valle (UGT), se endeudan despreocupadamente para dejar una pesada herencia a los ayuntamientos democráticos. En todo caso los municipios deben hacer frente a los gastos de material de cada obra y, dada su situación financiera, tampoco esto permite acometer muchas obras necesarias.

Otro de los problemas del comunitario (así se le llama en los pueblos) deriva del decreto de 22 de marzo, que excluye de sus beneficios a los jóvenes menores de dieciocho años y a los mayores de 65, aunque esta norma se incumple sistemáticaménte.