Se mantiene la posibilidad de regular legalmente el divorcio

La Comisión Constitucional del Senado mantuvo ayer la posibilidad abierta por el proyecto de Constitución a una futura regulación legal del divorcio, al dar su aprobación al texto aprobado por el Congreso que alude a la disolución del matrimonio. Durante la sesión de la tarde fueron rechazadas varias enmiendas del senador de designación real Luis Olarra, encaminadas a reforzar el derecho de propiedad. Prosperó una de Antonio Pedrol por la que se prevé la regulación de los colegios profesionales.En relación con el artículo 30 del proyecto de Constitución que regula el matrimonio fue aceptada la propuesta de Camilo José Cela de sustituir la alusión a la edad núbil por la refetenciaa la edad fijada por la ley. Tras una discusión sobre el apartado primero del artículo citado se llegó a una fórmula conjunta que obtuvo la aprobación general. Es la siguiente: «El hombre y la mujer, a partir de la edad fijada por la ley, tienen derecho a contraer matrimonio basado en la igualdad jurídica de los cónyuges. » La mayor defensa del mantenimiento de la referencia a esta igualdad jurídica fue realizada por los senadores socialistas y la senadora de desigpación real Belén Landáburu. El texto aprobado mejoró en este sentido al del Congreso, que se refería a la igualdad de derechos y deberes del hombre y la mujer al contraer matrimonio, pero no a la equiparación jurídica de los cónyuges.

En cuanto al tema de, la disolución -apartado segundo del mismo artículo, que se aprobó sin modificaciones-, la posición más contraria al texto fue defendida por el almirante Gamboa, quien señaló que, como católico, pedía que se suprimiera la alusión a las causas de disolución del matrimonio, que es indisoluble. Declaró que el divorcio sólo podrá introducirse previa consulta popular.

Rechazada la enmienda de Xirinacs

En el otro extremo del debate, y curiosamente también desde una perspectiva católica, aunque en esta ocasión progresista, el senador señor Xirinacs manifestó que la ley del divorcio supone una mejora para la Humanidad. Manifestó, como sacerdote, que somos herederos de situaciones que no se corresponden con la realidad de Jesús de Nazaret. Recordó que entre los judíos hubo divorcio y que la Iglesia católica lo aceptó durante mucho tiempo. Terminó afirmando que desde un punto de vista católico, no fanático, debe aceptarse el divorcio. En todo caso, la enmienda del señor Xirinacs fue rechazada y la Comisión Constitucional del Senado optó, como el Congreso, por la vía intermedia de no mencionar el divorcio, pero prever una ley que regule las formas del matrimonio, los derechos y deberes de los cónyuges, «las causas de separación y disolución y sus efectos».

Derecho de propiedad

El artículo 31, que regula la propiedad privada y la herencia, así como el derecho de expropiación

fue aprobado con la única modificación, a propuesta del Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes (PSI), de añadir los derechos a la exigencia de que ningún español pueda ser privado de sus bienes. El texto aprobado en este punto establece: «Ningún español podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causas justificadas de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. »

El intento del senador de designación real Luis Olarra -que no logró añadir al reconocimiento del derecho de propiedad la frase «la propiedad personal es inviolable »- por establecer que la expropiación sea previa y justa, argumentando en la defensa de los pequeños ahorradores, no logró ningún voto favorable y fue rechazado con los nueve votos en contra de socialistas, PSI y Entesa dels Catalans y las dieciséis abstenciones de los restantes grupos.

Otras enmiendas de los senadores señores Iglesias, Cacharro y Rivera, similares a la del señor Olarra, fueron asimismo rechazadas.

La expropiación no perjudicará a los pequeños propietarios

El senador socialista Ramón Sainz de Baranda señaló, que el gran capital se acuerda ahora de los pequeños propietarios, de los que se, ha lucrado durante los últimos años. Aseguró que la regulación constitucional de la expropiación no perjudicará a esos pequeños propietarios. El señor Olarra puntualizó, por alusiones, que las grandes empresas son propiedad de cientos de miles de pequeños ahorradores.

Una enmienda del PSI, que pretendía añadir que «quien por expropiación fuere privado de sus medios de trabajo podrá rechazar la indemnización y exigir que se le reponga en situación similar a la que disfrutaba», fue también rechazada.

El artículo 32, que regula el deber y el derecho al trabajo, fue aprobado con la única modificación de suprimir la alusión al carácter social de la promoción que corresponde, entre otros derechos, a los trabajadores.

No prosperó una enmienda socialista encaminada a fijar el marco mínimo de condiciones laborales que habrá de contener el estatuto de los trabajadores previsto en el apartado segundo del mismo artículo.

En cambio, al término de la sesion, prosperó la enmienda de Antonio Pedrol, por la que se incorporó su nuevo artículo al proyecto de Constitución, el 32 bis, con el siguiente texto: «Una ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales con estructura y funcionamiento democrático y con el respeto a las normas de adscripción y ejercicio hasta ahora vigentes. »

En la sesión de la tarde se aprobó también, por unanimidad, una enmienda del profesor Enrique Fuentes Quintana, de la Agrupación Independiente, por la que el artículo 29, sobre las cargas fiscales, queda modificado en su párrafo primero y recibe un nuevo apartado segundo, según el cual «el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación, ejecución y control responderán a los principios de eficiencia y economicidad». El antiguo párrafo segundo, pasado a tres, determina que sólo por ley podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales.