La enseñanza ante el nuevo curso: muchos problemas pendientes

Los problemas pendientes pueden agruparse siguiendo un doble criterio: las deficiencias o carencias del sistema educativo y los que se relacionan con el necesario cambio de estructuras para acomodarlas a la nueva situación democrática.Entre los primeros merecen destacarse la falta de puestos escolares que afecta desigualmente a los distintos niveles de enseñanza y a las distintas regiones, la existencia de puestos escolares en condiciones deficientes, la falta de profesorado y, en muchos casos, su inadecuada preparación pedagógica y la escasa dotación de los centros en material pedagógico. Todas estas carencias acusan la insuficiente dotación financiera que padece la enseñanza que se traduce en falta de recursos económicos para resolverlos. Entre los segundos dominan los que hacen referencia a los objetivos últimos del sistema de enseñanza, la relación entre la enseñanza estatal, pública y privada, todos cuantos se plantean a nivel de descentralización y competencias de los gobiernos autonómicos, los estatutos de centros y profesores, el acceso a la función docente, la autonomía de las universidades y, en general, cuantos plantean el control democrático de la enseñanza.

Las deficiencias en puestos escolares

En la enseñanza de párvulos o preescolar (niños de cuatro y cinco años), en el curso de 1977-78, el déficit de plazas se calculaba en 513.055, a las que habría que añadir los 43.931 niños de incremento de la población escolar de esta edad previstos para el curso 78-79. En la Enseñanza General Básica y para el mismo curso se calculaba que existía un déficit funcional de 803.200 puestos escolares, a los que habría que añadir 96.782 de incremento anual de la población a escolarizar. Hay que tener presente que en este cálculo sólo se tiene en cuenta la enseñanza estatal (que representa el 61,30% del total), por lo que también tendrían que añadirse los alumnos de EGB de la enseñanza privada escolarizados en condiciones deficientes. En el BUP el problema se centra en que para el curso próximo se ha ampliado un año con la inclusión del COU, lo que, unido a los repetidores y a la tendencia no corregida de que los padres prefieren el BUP a la formación profesional para sus hijos, hace aparecer una necesidad para este curso de unas 200.000 plazas más que para el curso precedente en el sector estatal que representa sólo el 56% del total de este grado y tipo de enseñanza. En formación profesional no parece que se vayan a presentar problemas de falta de puestos escolares, ya que la tendencia es a una disminución de matrícula por centro, debido, sin duda, a la ya indicada tendencia en las opciones de los padres favorables al BUP. Por último, en la enseñanza superior los problemas no serán distintos a los de otros años, y aún quedarán en parte paliados por haber aumentado un curso en la enseñanza del BUP lo que disminuirá la presión sobre los centros universitarios.Con el fin de resolver parcialmente estos déficit escolares en el pacto de la Moncloa, se había previsto un crédito extraordinario de 40.000 millones de pesetas destinado a la creación de 200.000 nuevas plazas en educación preescolar, 400.000 plazas en EGB y 100.000 plazas en BUP, lo que venía a suponer algo menos de la mitad del problema que se va a presentar en el próximo curso, pero parece que este plan va con enorme retraso. Hasta finales de enero no se aprobó este crédito extraordinario y a partir de entonces se han establecido los proyectos y han comenzado las dificultades para la elección de los solares, su adquisición, etcétera. No parece, pues, posible que a primeros de curso las deficiencias previstas hayan disminuido por la aplicación del plan y se hará necesario arbitrar soluciones provisionales, como los dobles turnos, la habilitación de locales no acondicionados, número elevado de alumnos por clase, etcétera, soluciones todas ellas que no dejarán de provocar conflictos y malestares entre padres y profesores.

El curso 1977-78 ha sido un año muy conflictivo a nivel de los profesores. Entre esta conflictividad merece destacarse lo siguiente:

En el mes de diciembre de 1977 la huelga de 7.000 profesores no numerarios de instituto (sobre los 12.000 existentes), pidiendo la congelación de las oposiciones, contrato laboral frente al ingreso en el funcionariado y creación de nuevos institutos. En enero de 1978 se producen diversas acciones en apoyo de la congelación de las oposiciones cuya convocatoria se discutía en el Congreso. Pese a estas presiones, el Congreso se opuso a la congelación y el Ministerio decide convocarlas, ya que, aunque parece estar de acuerdo en que debía modificarse el sistema de acceso a la enseñanza y prepara una ley para regular las nuevas formas de acceso tiene que resolver antes el problema de la falta de profesores que se va a presentara todos los niveles por la creación de los nuevos puestos escolares previstos en el pacto de la Moncloa, así como el problema que plantean los profesores interinos y contratados pidiendo seguridad en el empleo. El 15 de febrero la posición del ministro frente a los profesores en conflicto es tajante: con respecto a la constelación de las oposiciones el problema ya estaba resuelto con el rechazo de la Cámara de los Diputados a la moción en este sentido: en relación con la petición de contrato laboral para los PNN el Ministerio aclara que se trata de una figura jurídica cuya introducción en la docencia exige una nueva ley y el acuerdo parlamentario, en lo que se refiere a la reivindicación de nuevos puestos escolares, el Ministerio se remite a los acuerdo, del pacto de la Moncloa, cuya aplicación está en marcha, y, por último, en cuanto a la anulación de contratos por motivos políticos y sanciones por la huelga que los profesores denunciaban, prometía el dejar sin efecto la anulación de los contratos siempre que se acreditase que el motivo había sido político. Respecto a las sanciones por huelga se atiene a la legislación que contempla el descuento de los haberes correspondientes a los días de paro. A partir de este momento se produce un aumento considerable de la conflictividad en casi todos los niveles de enseñanza.

Al conflicto de los PNN e interinos de todos los sectores se añade el de las Escuelas Universitarias de Profesorado de EGB por el anteproyecto de integración en los cuerpos docentes, el paro de los profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid por las arbitrarias actuaciones del Ministerio en lo referente a concursos de traslado y acceso del profesorado, que posteriormente afectará a otras escuelas de ingeniería, y el conflicto que se inicia en los institutos de Tenerife y que más tarde va a afectar al cuerpo de catedráticos de toda España, que se oponen al proyecto de integración ya citado por entender que introduce discriminaciones, al tiempo que exigen una consulta a todos los sectores afectados por los proyectos de estatutos de centros y profesorado no universitario, convocatoria inmediata de concurso general de traslados y apertura de negociaciones para el estudio de retribución para 1979.

Los agregados de instituto, por su parte, en mayo, en número de 7.000 y correspondiendo a 44 provincias, realizan un paro para apoyar su plataforma reivindicativa, cuyos puntos esenciales eran un aumento lineal de retribuciones, la publicación inmediata del decreto de integración. la supresión del plazo de dos años en el puesto para acceder al traslado y la convocatoria inmediata del concurso de traslados.

En resumen, y en la enseñanza del BUP, se calcula que los profesores en su conjunto no han impartido más de cinco meses de clases en todo el curso.

En la Enseñanza General Básica el conflicto más importante se presenta en el mes de abril tanto en los centros estatales como en los centros privados. En su momento más agudo llega a afectar a 90.000 maestros de centros estatales y a un número menor, pero importante, de profesores de la enseñanza privada. Las reivindicaciones son, en primer lugar, económicas y de horarios, a las que se añaden en ambos casos reivindicaciones de garantía y estabilidad en el empleo, gestión democrática de los centros, libertad sindical, de reunión, expresión y docencia y mejora de la calidad de la enseñanza. Toda esta conflictividad del curso nos sitúa ante un conjunto de problemas que afectan a la ensenanza y a los profesores: por una parte, aparece la extraña paradoja de una situación de paro involuntario que afecta a licenciados y maestros que año tras año terminan sus estudios y que no encuentran empleo en la enseñanza, lo que no impide la falta de profesores a todos los niveles de la enseñanza para enfrentarse con los aumentos previstos de plazas escolares, así como con la deficiente relación profesor-alumno que supera los márgenes legales en una gran cantidad de centros. Por otra, el problema de los PNN e interinos, que exigen la estabilidad en el empleo y la existencia de los diferentes estamentos en que se divide el cuerpo docente y que en algunas ocasiones los enfrenta en la defensa de sus posiciones respectivas. A estos dos grandes problemas se añaden las reivindicaciones económicas, los métodos de acceso a la enseñanza y la formación de los enseñantes, la intervención en la gestión de los centros, la libertad sindical y de docencia y las reivindicaciones específicas de los profesores de gimnasia, formación cívica, música, dibujo, etcétera, que se consideran discriminados.

El Ministerio aplaza la resolución definitiva de estos problemas hasta la discusión y aprobación parlamentaria de los estatutos del profesor y de los centros y arbitra la convocatoria de oposiciones para cubrir 1.400 plazas de catedráticos de instituto, 11.300 de agregados de instituto y 12.000 de profesores de EGB. Con esta convocatoria el Ministerio trata de resolver, por una parte, las nuevas plazas necesarias para atender los nuevos puestos escolares que se creen con motivo del pacto de la Moncloa 700.000- y las que corresponden al presupuesto ordinario de ampliaciones -170.000- y, por otra, la situación de internidad de los PNN. Por ello una parte de las plazas las saca al turno libre, 11.650., y el resto -13.050- a turnos restringidos entre las que ya tenían plaza, pero en condiciones de interinidad como no numerarios, esperando, sin duda, resolver mediante esta convocatoria una buena parte de los conflictos previsibles para el año próximo.

La reforma democrática del sistema de enseñanza

Los problemas de fondo, sin embargo, se plantean en torno a la reforma del sistema educativo para ajustarlo al cambio político democrático. Las fuerzas políticas parlamentarias se pusieron de acuerdo en el marco que les ofrecía el pacto de la Moncloa para señalar los criterios de la reforma: «La política educativa se orientará -se establece en el pacto- conforme a los siguientes principios: democratización del sistema educativo, buscando la participación de todos los sectores y definiendo un estatuto de los centros educativos y del profesorado. Deberán constituir objetivos priotarios de esa política la mejora de la enseñanza y la homogeneización técnica de la misma entre los centros estatales y privados.» En general, esta parte del pacto se consideró como una de las contrapartidas más importantes que había obtenido la oposición de izquierdas por la aceptación de la regulación limitativa de la subida de salarios. La redacción de los estatutos del profesorado y de los centros en los que debían quedar plasmados estos criterios y principios generales se ha ido demorando, actualmente existe ya un anteproyecto del Ministerio de estatuto de centros, que será enviado a las Cortes para su discusión y aprobación, en su caso, y unos criterios generales del Ministerio para la elaboración del estatuto de profesorado, criterios que han sido comunicados a los sindicatos de la enseñanza, para que en el término de unos días den sus opiniones sobre las distintas alternativas que en el mismo se prevén. Parece indudable que la política del Ministerio de Educación y Ciencia en esta materia es eludir toda participación de las organizaciones de profesores, padres y alumnos en la redacción de los proyectos, aun cuando les hayan consultado sobre los mismos y situar su aprobación en las Cortes, dentro del marco que le resulta más favorable por la relación de fuerzas. De todas formas, los estatutos no serán discutidos probablemente hasta después que se apruebe la Constitución y dentro de su marco y no del acuerdo de la Moncloa.Todas estas circunstancias, y la fuerte campaña que viene realizando la derecha en torno al tema de la enseñanza, hacen prever que en el curso próximo pueda presentarse una fuerte conflictividad de carácter político en torno al estatuto de centros, sobre todo en los aspectos limitativos que contiene el proyecto de la gestión democrática de los centros por las escasas facultades que se conceden al previsto Consejo de Dirección y al claustro de profesores, así como en relación con la limitación prevista a la libertad docente de los profesores en los centros privados, ya que deben condicionar esta libertad, no sólo al respeto de la Constitución y a las leyes, sino también al «ideario educativo del centro».

Por su parte, la discusión y la elaboración del estatuto del profesorado va a ser también un motivo de posible conflictividad en el próximo curso, y dentro del mismo los temas más espinosos serán, sin duda, la regulación de la formación del profesorado y del acceso a la función docente, que puede dar lugar a posiciones fuertemente antagónicas entre el Ministerio, los profesores y los alumnos de las escuelas de profesorado. El tema de los cuerpos docentes y de los distintos estamentos que hoy existen y que no sólo separan los distintos niveles de la enseñanza, sino también dentro mismo de cada nivel, es otro de los grandes temas polémicos en el que existen fuertes intereses encontrados. Los traslados y la dedicación exclusiva serán también cuestiones conflictivas. La libertad de docencia y la participación del profesorado en la gestión y dirección de los centros se resolverán en el estatuto de centros y no en el de profesores.

Completan el posible cuadro conflictivo del próximo curso al que, sin duda, habría que añadir la permanente cuestión de las remuneraciones y los horarios, y ya en la enseñanza superior, el estatuto de las autonomías de las Universidades, al que ya dedicamos un trabajo anterior y los dos grandes temas de fondo con los que tendrá que enfrentarse la reforma:

El traspase de competencias desde el Estado central a los diferentes gobiernos autonómicos, íntimamente unido, por otra parte, al de la oficialidad de las lenguas de las nacionalidades con lengua propia.

Enseñanza-actividad conómica de producción

La relación entre la enseñanza privada y la enseñanza estatal, sobre todo en el aspecto de la financiación en sus niveles obligatorios. Las subvenciones o fórmulas de ayuda por el Estado a los centros privados puede indirectamente influir en las tensiones generales que sacudirán a la enseñanza en el próximo curso y movilizar en los conflictos a las asociaciones de padres según sus respectivas tendencias políticas.Forzados por la agudeza de la crisis económica al pacto social y político en el campo de las relaciones laborales, la enseñanza, donde concurren los intereses de la casi totalidad de la población, y donde las tensiones o conflictos latentes no faltan -la enumeración que hemos hecho es bastante expresiva de estos conflictos latentes y que pueden producirse en el próximo curso-, puede llegar a convertirse en el lugar de enfrentamiento para las grandes tendencias políticas en las que permanentemente se divide la sociedad. En la historia los ejemplos son numerosos de este desplazamiento de los campos de lucha aguda hacia la enseñanza. A este respecto es importante no olvidar la íntima relación que existe entre el sistema de enseñanza y la actividad económica de producción y que en último término podría superponer sobre la conflictividad educativa de los profesores e interior dentro del sistema, la conflictividad nacida de las reivindicaciones de los alumnos de cara a las espectativas que esa relacion entre sistema educativo y mercado de trabajo hoy les ofrece. La situación del mercado de trabajo, donde el paro de los jóvenes en busca de su primer empleo está presente sin que de momento aparezca el menor síntoma de alivio, tiene un efecto inmediato y directo sobre la masa de alumnos y estudiantes, tanto de la Universidad y estudios superiores como sobre los de la escuela de formación profesional y aun sobre los de BUP en sus últimos cursos, y colocan a todo el sistema de enseñanza en una situación vulnerable frente a los alumnos. La inutilidad del esfuerzo realizado o por realizar se hace presente y la crítica al sistema de ensenanza se endurece y los conflictos estudiantiles tienen una base objetiva que aumenta en razón directa con la exigencia de estudio que el sistema al perfeccionarse les imponga.

El tapón de un mercado de trabaio desfavorable no sólo influye en la totalidad del sistema de enseñanza alargando los estudios que empiezan a no tener sentido -el ejemplo más evidente es el aumento de un curso en BUP y en formación profesional y los aumentos de alumnos que preparan el doctorado y prolongan sus estudios de posgraduados indefinidamente- duplicándose el número de repetidores y de «malos estudiantes» que carecen del estímulo más importante para el esfuerzo, sino también hace volverse contra el sistema una buena parte de las aspiraciones de los jóvenes que ven cerrado el camino de su independencla económica.

Este último factor de posible conflictividad puede o no presentarse en el próximo curso de una manera abierta, pero de una u otra forma no puede olvidarse en el momento de hacer el recuento de los problemas presentes en la enseñanza en el umbral del curso 1978-79.