Las familias recibirán las subvenciones para la enseñanza gratuita
El primer Consejo de Ministros posterior a las vacaciones oficiales, que se reunirá probablemente el próximo día 25, puede estudiar el proyecto de ley de financiación de la enseñanza gratuita en los niveles obligatorios -fundamentalmente EGB-. El diario Ya publicó ayer un resumen del proyecto, cuya fiabilidad no ofrece dudas, dadas las vinculaciones del periódico católico con el Ministerio de Educación.
El proyecto -que va a ser puesto en marcha justamente tras la retirada de las enmiendas de UCD a la regulación constitucional de la enseñanza- será aplicado como ley a partir del curso 1980-81, y entre sus novedades más destacadas está el que a partir de ahora el derecho a la subvención para la gratuidad de la enseñanza no beneficiará directamente a los centros, sino a los padres de los alumnos, que decidirán libremente el centro escolar al que llevar a sus hijos mediante la entrega de la subvención. Se entiende que han sido automáticamente subvencionadas las familias que tengan a sus hijos en centros públicos.La ley creará en el Ministerio de Educación una comisión que analizará los costes de la enseñanza, y en base a sus informes el Gobierno determinará cada primer trimestre de año el coste del puesto escolar en los centros estatales. Cada mes de abril el Ministerio hará una convocatoria pública para que los centros privados puedan acogerse al régimen de gratuidad. Estos centros deberán remitir posteriormente al departamento de Educación una relación de los alumnos matriculados.
Hasta que se ponga en marcha el nuevo sistema, continuará el actual de subvención directa a los centros. Los colegios que decidan no acogerse al nuevo sistema tendrán que notificarlo al Ministerio de Educación con, al menos, dos años de antelación.
El sistema de financiación que establece este proyecto prevé que los centros acogidos al sistema subvencionado no podrán percibir de las familias más que lo correspondiente a los gastos impuestos y arbitrios del inmueble donde esté ubicado el centro. Las enseñanzas no regladas y las actividades complementarias serán, en todo caso, voluntarias y abonadas por los padres de los alumnos.
Otro aspecto importante del proyecto es la obligación que contraerá el Estado de estimular la libre iniciativa de la sociedad en la creación de centros docentes de los niveles obligatorios y gratuitos. Para esto se organizará un sistema de ayuda y beneficios que podrá alcanzar a subvenciones para la construcción y equipamiento de centros, créditos y otros beneficios ligados a la declaración de interés social. Las subvenciones serán descontadas anualmente de las cuotas correspondientes al centro por el número de matriculados.
Para controlar la correcta distribución de las subvenciones se contará con la supervisión de las juntas económicas de los centros, y se crearán en cada provincia comisiones de control compuestas por representantes de las asociaciones de padres, diputaciones, títulares de centros, del profesorado y de la Administración.
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