Puede retrasarse la fecha para la independencia de Namibia
La fecha estipulada para la independencia de Namibia, 31 de diciembre de 1978, puede ser retrasada como consecuencia de presiones externas e internas sobre el Gobierno surafricano, que también se vería obligado a cancelar su particular censo de votantes para la elección de una asamblea constituyente, iniciado el pasado mes de junio y casi completado.
Después de una reunión de urgencia del administrador plenipotenciario de Namibia designado por Suráfrica, juez Steyn, con el primer ministro John Vorster parece que Pretoria ha abandonado su intransigencia sobre la fecha designada para la independencia del territorio que ocupa ilegalmente, lo que abriría las puertas a la elaboración de un nuevo censo. Dos de las agrupaciones más importantes que concurrirán a las elecciones, el movimiento de liberación SWAPO y la alianza multirracial Frente Nacional, han denunciado ante la misión de la ONU encargada de poner en marcha sobre el terreno el proceso independentista que la población negra de Namibia no está suficientemente informada sobre el registro de votantes emprendido unilateralmente por Pretoria. Las iglesias luteranas de Namibia y la católica, a las que pertenecen en conjunto más del 50% de la población negra, se han unido a la petición de los principales grupos políticos para que el censo sea iniciado de nuevo bajo la supervisión de los funcionarios de la ONU. El interés de Pretoria por unas rápidas elecciones conforme al actual censo deriva en parte del hecho de que en él no figuran los miles de refugiados en Angola y Zambia, que son votos virtualmente seguros para el SWAPO.
Se reanuda el diálogo
El frágil diálogo entre la misión de las Naciones Unidas y el juez Steyn se reanudó ayer en Windhoek, después de que el jefe del grupo internacional, el diplomático finlandés Martin Ahtisaari, amenazara con abandonar el territorio, al que la misión llegó el pasado domingo, debido a la falta de cooperación e intransigencia de las autoridades surafricanas. Según el plan puesto a punto por el llamado «grupo de contacto» (Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña y Alemania Federal) y aceptado por Suráfrica el pasado abril y por el SWAPO el 12 de julio, en Luanda, los 850.000 habitantes de Namibia, de ellos 100.000 blancos, elegirán en los próximos meses una asamblea que redactará el texto constitucional del nuevo Estado. El proyecto occidental prevé un inmediato cese el fuego, la presencia de casi 5.000 «cascos azules» de la ONU para garantizar el proceso pacífico hacia un Gobierno de mayoría negra, el confinamiento de los guerrilleros en sus campamentos y la evacuación del territorio por la casi totalidad de las tropas surafricanas, que quedarían reducidas a 1.500 hombres pertrechados con armas ligeras.
Todo apunta a que el plan para Namibia sobrevive en una peligrosa precariedad, acrecentada por la continuación de la guerra. Por un lado, el régimen surafricano ve como buena cualquier excusa para abandonar una iniciativa impuesta, en la que se ha embarcado contra todos sus deseos y que puede desembocar en la toma del poder en su frontera por un Gobierno marxista salido de las urnas. Por añadidura, el Consejo de Seguridad ha resuelto la absorción dentro del futuro Estado de Walvis Bay, un puerto de estratégica importancia económica y militar codiciado por Pretoria.
El movimiento de liberación SWAPO, por su parte, no está dispuesto a suspender sus ataques mientras Vorster no cumpla dos de sus principales obligaciones conforme a los términos del plan de las potencias occidentales: la supresión del estado de excepción que rige en Namibia y la liberación de todos los presos políticos.
