El Gobierno aprobará el plan siderúrgico a corto plazo
El Consejo de Ministros convocado para la tarde del próximo lunes aprobará, previsiblemente, las primeras disposiciones del plan siderúrgico elaborado por Industria y negociado con las empresas del sector a lo largo de los últimos meses. El Gobierno aprobará las bases del plan y una primera parte de los créditos y ayudas financieras necesarios para llevarlo a cabo. Las primeras medidas supondrán un reforzamiento de los recursos propios de las tres empresas integrales -Altos Hornos de Vizcaya y Mediterráneo y Ensidesa-, así como ayudas financieras. Además se aprobará la suscripción por parte del INI del 34% de la ampliación de capital de Altos Hornos del Mediterráneo y la entrada del sector público en la gestión de la sociedad, primero con carácter minontario, para luego comprar la totalidad de las acciones.
No parece probable que el Consejo estudie el plan naval, que está ya negociado en su primera fase con las centrales sindicales y las empresas, ya que quedan aún temas pendientes de formulación concreta.
En algunos medios se especula con la posibilidad de que el Gobierno decida próximos aumentos de precios en todos los productos energéticos. Los estudios y alternativas sobre este tema están realizados tanto a nivel de Junta de Precios como de Ministerios de Industria, Comercio, Economía y Hacienda, que son los más directamente vinculados al tema.
Las distintas alternativas de incremento de precios sejustifican en base a incrementos de costes, sobre los que no hay acuerdo entre los distintos ministerios, y a aumento de la recaudación del Tesoro. En las propuestas de aumentos se contempla la desparición de subvenciones que en estos momentos gravan el presupuesto en casi 100.000 millones, que se consideran más necesarios para atenderotras necesidades urgentes.
La mayor polémica en cuanto a posibles aumentos de precios se centra en las tarifas eléctricas y en el destino de los fondos que se obtengan por el aumento previsto.
En las distintas redacciones del Plan Energético se consideraba que los aumentos de precios por razones de ahorro energético debían tener carácter de recaudación fiscal, y no ir a Las empresas que prestan el servicio y hacen el cobro. Este era uno de los temas polémicos con el sector privado que aún no se sabe cómo va a articularse.
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