Doce testigo, dispuestos a declarar que fue la policía la causante de la muerte de Barandiarán

, Doce testigos están dispuestos a declarar que los disparos que causaron la muerte de Joseba Barandiarán partieron de las armas utilizadas por las fuerzas de orden público. Sin embargo, los 63 policías que participaron directamente en los enfrentamientos del día 11 en la cuesta de Aldapeta, donde cayó herido de muerte Barandiarán, aseguran que no hicieron uso de sus armas de fuego.La acusación privada que representa a la familia del fallecido informó ayer en una rueda de prensa que el Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián ha enviado a la sección de balística, para su análisis, el proyectil que alcanzó en el corazón a la víctima. El juzgado encargado del caso ha remitido también a uno de los departamentos del Ministerio del Interior los dos subfusiles de la dotación del jeep que se encontraba más cercano al lugar del suceso, así como las dos pistolas propiedad de los policías de paisano, perfectamente identificados, que, no cabe duda, dispararon fuego real tres cuartos de hora antes de que muriera el vecino de Astigarraga.

La acusación privada, que tiene acceso al sumario, ha presentado también como posibles pruebas unas fotografías en las que, entre un grupo de policías que se encuentran en la cuesta de Aldapeta, se puede ver a dos miembros de las FOP en posición, de tiro con unas armas que podrían ser subfusiles.

El colectivo de abogados que se ocupa del caso ha enviado un escrito al jefe del Estado en el que solicitan una indemnización económica para la familia del fallecido. argumentando que el Estado, en caso de resaltar responsable, no sólo debe cubrir los daños a las cosas, como en el caso de Rentería, sino también el daño a las personas que podría derivarse de los sucesos. de San Sebastián.

En el supuesto de que la acusación privada consiga demostrar que los disparos que causaron la muerte de Barandiarán procedían de un policía armado, el sumario pasaría inmediatamente a la jurisdicción militar, momento en el que finalizaría la función de los abogados civiles que llevan el caso.

La acusación privada que se está ejerciendo no excluye la figura de la acusación popular ni la de la querella criminal contra el gobernador civil de la provincia.