Ni vencedores ni vencidos

En pocas ocasiones la negociación de un convenio colectivo había centrado la atención popular en torno a su desenlace como en el que afecta a los trabajadores de las gasolineras. La amenaza de una huelga que habría supuesto el colapso del tráfico rodado en unas fechas que registran el mayor movimiento turístico del año tenía prendida la atención de la opinión pública.De esta manera, los intereses obreros, de una parte, y los patronales, de otra, se han dirimido, en gran medida, al margen de los únicos baremos lícitos en toda negociación colectiva: la real situación económica de las empresas. Al margen de la exacta situación financiera de las empresas-comisionistas de CAMPSA, aspecto sobre el que ambas partes discrepan absolutamente, el acuerdo es fruto. en gran medida, de los ecos de un conflicto que no ha llegado a materializarse.

Así. cumplidos los objetivos obreros de presionar a los empresarios para una negociación que éstos han tratado de utilizar, a su vez, para su negociación con CAMPSA de las comisiones que reciben del monopolio por la venta de sus productos, la fórmula salomónica parece haber sido la solución que evita un balance de vencedores y vencidos.

En esta ocasión, Hacienda -que ante una situación similar. hace exactamente un año, cedió a la presión patronal para evitar la huelga- ha mantenido los plazos establecidos para proceder a la revisión de las comisiones.

No obstante, el elemento definitivo en la solución del conflicto parece haber sido la nota difundida ayer por el Ministerio del Interior, en la que se anunciaba la postura gubernamental ante la huelga. Esta postura, en una situación de democracia como la actual, no podía ser otra que la de, respetando el derecho a la huelga, garantizar el servicio al usuario mediante el recurso a una práctica habitual en los países civilizados: el Estado, en este caso a través de las fuerzas de orden público, suple subsidiariamente a un colectivo obrero que, en uso de un derecho reconocido legalmente, deja al descubierto un servicio público como es el de abastecimiento de carburante.

Este proceso, sin embargo, pone una vez más de relieve la urgencia de una ley de negociación colectiva que evite situaciones límite como la que comentamos. La actuación del Ministerio de Trabajo, habitual mediador en conflictos que tienen su origen en la negociación obrera, perdería en voluntarismo, que no siempre satisface a las partes, para ganar en eficacia y objetividad si la negociación colectiva estuviera regulada por una norma aceptada por las fuerzas sociales.