CAMPSA garantiza un razonable abastecimiento de gasolina

La huelga de gasolineras anunciada para los días de mayor incidencia en el período vacacional (del 29 de julio al primero de agosto próximo),podría ser desconvocada por las centrales sindicales que apoyan la negociación del convenio del sector -CCOO y UGT-, según impresiones recogidas por EL PAÍS en medios obreros y de la Administración.De una parte, los sindicatos son conscientes de que la actual situación del conflicto ha registrado un giro de 180 grados, toda vez que se ha pasado de la intransigencia patronal a negociar el convenio colectivo del sector -cuya prórroga en sus actuales términos pretendía hasta que CAMPSA revise las comisiones en el próximo mes de noviembre- a la oposición obrera a una oferta de los empresarios que, al menos en su enunciado, se ajusta en lo económico a los topes máximos que establecen los pactos de la Moncloa.

De esta manera, para la Administración los malos, papel que antes protagonizaba la intransigencia patronal, son ahora los trabajadores que rechazan de plano una oferta que, «discutible o no, en ello no entramos -según declara a EL PAÍS una fuente de Hacienda-, es negociable y nunca merecedora de una negativa rotunda a su aceptación, y, consecuentemente, desencadenante de la ruptura de unas negociaciones que, en alguna medida, hemos forzado».

Por otra parte, la misma fuente señala la inoportunidad de un conflicto de la repercusión desestabilizadora que entraña el desabastecimiento nacional de carburante, lo que «nos permite suponer una reacción de responsabilidad por parte de las centrales implicadas en él».

Incautación temporal, no nacionalización

Después de catorce horas de negociación, reanudada ésta a iniciativa patronal, tras conocer la amenaza de incautación de las gasolineras afectadas por la huelga, tampoco fue posible el acuerdo y el convenio queda nuevamente roto y a la espera del laudo solicitado por los empresarios.La oferta de un incremento salarial del 22 % sobre la masa salarial de 1977, lo que supondría una subida de 3.300 pesetas para la Península a partir de julio y de 4.500 para Canarias a partir de noviembre, fue rechazada por los trabajadores, quienes consideran que estas cantidades tan sólo suponen un 1,5 % de lo estipulado en los pactos de la Moncloa.

Para los empresarios, según señaló a EL PAÍS el presidente de la Confederación Nacional de Estaciones de Servicio (patronal del sector), Fernando Castaño, estas cantidades, sin embargo, represetan el máximo de lo que pueden ofrecer en los actuales momentos, «e incluso aunque pudiéramos dar más la misma ley nos lo impediría».

En la negociación, sin embargo, tampoco hubo acuerdo sobre otros aspectos no económicos, tales como la concesión de amnistía laboral (sobre la que los empresarios, según el señor Castaño, se mostraron favorables); la aplicación de los derechos sindicales que contenía el texto original de la ponencia que debatió el proyecto de ley de Acción Sindical en la empresa; restablecimiento del artículo 35 de la ley de Relaciones Laborales, y la dotación mínima de dos trabajadores por cada aparato surtidor.

En opinión de los medios de la Administración consultados por EL PAÍS, la negativa de los trabajadores trataría de forzar el conflicto en un intento de conseguir la nacionalización del sector, tomando como base el anuncio gubernamental de que serán incautadas temporalmente las gasolineras afectadas por la huelga cuyo servicio se considere imprescindible para garantizar el abastecimiento durante el tiempo que dure el conflicto. Por otra parte, según los mismos medios, se trataría por la parte obrera de forzar la absorción de este colectivo por parte de CAMPSA, cuyas condiciones laborales son sensiblemente superiores, tanto en lo económico como en lo social, al sector privado.

Garantizado el abastecimiento

En cuanto a la posible materialización de la huelga, pese a las optimistas previsiones ya apuntadas, medios de CAMPSA insisten en asegurar un abastecimiento razonable a los usuarios, a los que, no obstante, advierten de los peligros que entrañaría un acaparamiento de gasolina en recipientes inadecuados, posibilidad ésta que fomenta la amenaza de huelga.La decisión gubernamental de incautar las estaciones de servicio que se consideren necesarias para garantizar el abastecimiento de combustible -exactamente 386 gasolineras, elegidas por su estratégica ubicación en los puntos de mayor tráfico rodado en las fechas señaladas para la huelga- se mantiene, si bien se trata de desdramatizar el eco que obtuvo el anuncio de tal medida, al tiempo que se insiste en que tal medida nada tiene que ver con la pretendida nacionalización del sector por parte de los trabajadores.

Los mismos medios informan que, de acuerdo con las votaciones hasta ahora efectuadas entre los trabajadores del sector, más de un 60 % de los mismos se habrían mostrado contrarios a la huelga. Al mismo tiempo, el carácter familiar del régimen de explotación de gran número de estaciones de servicio, de una parte, y la presencia en el sector de centrales minoritarias que han sido excluidas de la negociación y, consecuentemente, se muestran contrarias al paro, de otra, hacen prever una escasa incidencia de la huelga si es que, finalmente, llegara a materializarse.

Pese a todo, el Gobierno se muestra decidido a no ceder ante presiones de una u otra parte -a última hora de la noche fueron desalojados de Trabajo los catorce miembros del comité negociador por parte obrera, que permanecían encerrados en este departamento como protesta por la ruptura de negociaciones-, y en este sentido el Ministerio del Interior ha cursado instrucciones a los gobiernos civiles para afrontar las previsibles consecuencias de una paralización del sector.

Fundamentalmente estas medidas persiguen garantizar el abastecimiento regular de carburante durante los cuatro días para los que está convocada la huelga, para lo cual el Gobierno no descarta, junto con la incautación de gasolineras, la militarización del personal a su servicio.