Oposición sindical al proyecto de ley de bases de la función pública

Las centrales sindicales que tienen presencia en la Administración pública se reunieron ayer en los locales de la Asociación Española de la Administración Pública y elaboraron una nota en la que denuncian el procedimiento de elaboración del proyecto de ley de bases de la función pública y se oponen a su contenido.

La información facilitada ayer por EL PAÍS daba cuenta de algunos de los aspectos más fundamentales del proyecto de ley de bases y anunciaba que el próximo Consejo de Ministros abordaría el tema. En principio se esperaba que el asunto, tras sucesivos aplazamientos, dada la trascendencia y lo delicado del tema, recibiese luz verde por parte del Gobierno, para remitir el proyecto a las Cortes, que habrán de debatirlo.Sin embargo, esta reacción sindical introduce un nuevo elemento en el problema, dados los términos de absoluta oposición al mismo en que está redactado el comunicado de las centrales.

En él rechazan «rotundamente el procedimiento empleado en la elaboración del mencionado proyecto, por no haber sido consultados los funcionarios a través de las centrales sindicales y asociaciones profesionales, ni siquiera -prosigue el comunicado- en la forma en que lo fueron por el anterior secretario de Estado para la Administración Pública, consulta que, por otra parte, ya fue rechazada por insuficiente por todas las centrales sindicales».

La nota denuncia que «el nuevo proyecto de ley de bases ha sido redactado por un grupo de funcionarios pertenecientes a cuerpos privilegiados, lo que supone una ruptura con todas las expectativas actuales, resultando, además, claramente elitista y regresivo».

Tras señalar que «el estatuto de la función pública es un tema que afecta a la fuerza laboral más numerosa del país y condiciona la eficacia de la Administración, presupuesto básico de un Estado democrático», exigen «la retirada del proyecto de ley y su negociación previa con las centrales sindicales y asociaciones de funcionarios».

Por su parte en el Ministerio de Hacienda ha podido detectarse un rechazo ante la afirmación recogida en nuestra información de ayer y procedente de círculos cualificados de la Administración, en el sentido de que el departamento ha venido manteniendo una notable influencia en estos temas, a través de determinados cuerpos considerados de élite.

El Consejo de Ministros ha sido aplazado y, en principio, no se reunirá esta semana, por lo que se ignora si mantendrá en el orden del día de su próxima reunión el estudio del proyecto de ley de bases para la función pública. Tampoco puede valorarse la incidencia que la actitud sindical pueda tener en el planteamiento del tema. Cualquiera que sea la decisión final, se está ante una cuestión capital, toda vez que un deterioro en la normal actividad del funcionariado acarrearía gravísimas consecuencias.

A la información facilitada ayer por EL PAÍS sobre las líneas fundamentales del proyecto de ley de bases puede añadirse, según anuncia la agencia Efe, que la disposición contempla los siguientes aspectos:

- Supresión de la Junta de Retribuciones, de forma que los funcionarios no tengan que someterse a sus criteros.

- Equiparación permanente de los funcionarios a los mismos niveles que se desempeñen en el sector privado.

- Computación global de todas las retribuciones que perciben de cara al establecimiento de sus pensiones de retiro.

- Establecimiento de una carrera de promoción administrativa, de carácter restringido, para Ios funcionarios que lo deseen.

- Establecimiento de un mecanismo riguroso y efectivo de vigilancia de incompatibilidades.