Reunión de eurofascistas

LA VOLUNTAD de suprimir el aniversario de la guerra civil como fiesta nacional marca la línea divisoria entre quienes desean fundamentar la convivencia entre los españoles sobre bases pacíficas y los que sueñan con volver a transformar la Península en el escenario de un conflicto fratricida. La madurez de nuestra sociedad halla su mejor prueba en que tanto la derecha que ha heredado la victoria, como la izquierda, que se identifica históricamente con los vencidos, se muestran casi unánimes a la hora de impedir la utilización para objetivos políticos de los recuerdos que simbolizan aquella cruel guerra.La pretensión de borrar de la memoria colectiva aquellos años y de renunciar a analizar las causas que los produjeron no sería tan sólo una empresa inútil, sino también una involuntaria forma de posibilitar la repetición de la secuencia de hechos que nos empujaron hacia la catástrofe. Es preciso, por razones políticas, hacer la historia de aquel período, pero despojando de pasiones anacrónicas y de interpretaciones partidarias las diversas lecturas que cabe hacer de los orígenes de la guerra civil.

Naturalmente, esa decisión y ese sentimiento generalizados que se extienden desde la derecha autoritaria hasta sectores de la izquierda extraparlamentaria, también conocen excepciones. La romería organizada estos días, en Madrid, por el eurofascismo, que se inició con la conferencia de prensa dada el sábado, prosiguió con el mitin en la plaza de Las Ventas y concluirá hoy con una excursión colectiva al Valle de los Caídos, obedece al propósito de extender el acta notarial mediante la que la ultraderecha de Europa del Sur reclama el 18 de julio como símbolo de sus empresas políticas.

Este secuestro del 18 de julio por Fuerza Nueva y sus socios italianos y franceses es así un proyecto político hacia el futuro. Con insolencia notable, el señor Almirante se ha inmiscuido en los asuntos internos de nuestro país para predicar el voto negativo a la Constitución, marcando así la dirección de la ofensiva política que la ultraderecha se propone desplegar en España. El señor Piñar, más preocupado por la puesta en práctica de esa estrategia, ha dedicado sus mejores trinos a proseguir, incansable, su campaña de burda adulación a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden Público, para tratar de instrumentalizarlas en su propio provecho. Se diría que ese proyecto es la única pieza de su programa político, junto con la tentativa de sembrar el desconcierto (vamos a llamarlo así).

Esta pintoresca troupe de fascistas nostálgicos, que realizan también su obligado aggiornamento político expulsando a Hitler de su panteón de salvadores de la civilización occidental tiene, por supuesto, todos los derechos a gozar de las libertades de la sociedad democrática, a la que tanto detestan y cuya supresión predican.

Pero no está de más recordar a los aspirantes a restablecer el Sacro Imperio Romano que esos derechos les obligan a no golpear a sus conciudadanos, no disponer arbitrariamente de armas de fuego y tratar de inducir a la sedición y a la rebelión a los ejércitos. Los grupos parlamentarios, que suman la casi totalidad de los sufragios emitidos el 15 de junio de 1977, expresaron su condena, hace ya unas semanas, de los comportamientos violentos de Fuerza Nueva. Al Gobierno hay que exigirle, ahora que aplique a estos grupos, ala horade castigar sus excesos, la misma vara de medir que al resto de los españoles, tanto sin son civiles como si son miembros de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Orden Público. Una pasividad en este terreno no puede ser interpretada como un nuevo error de esos a los que últimamente nos tiene acostumbrados el ministro del Interior.