Los presos prefieren la reforma de las leves penales al indulto
Un grupo de 1.615 reclusos ha respondido a una encuesta, efectuada a iniciativa de los propios presos «sin asesoramiento de nadie y con el único fin de acercar el problema penitenciario a la opinión pública». En 1977 se realizó una primera encuesta entre quinientos internos de Carabanchel. Los presos hacen constar que ésta ha sido más ambiciosa y se ha extendido a diez centros penitenciarios: Carabanchel, Alcalá, Barrelona, Alicante, Puerto de Santa María, Córdoba, Cartagena, Burgos, Ocaña y Murcia. Asimismo, exponen que la encuesta se ha hecho «sin conocer las modernas técnicas de encuesta», pero con «un importante esfuerzo, movidos por el afán de presentar el problema de manera objetiva». «Los resultados -añaden- son claros y no nos corresponde analizarlos a nosotros.»
Los presos entre los que se llevó a cabo la encuesta cuentan con edades que oscilan desde los dieciocho a más de cuarenta años; 1.203 de ellos son reincidentes, y el resto primarios; 731 son penados y 884, preventivos.A la pregunta de cómo ven la situación penitenciaria actual, 712 responden que esperanzadora; 348, poco esperanzadora; 274, buena; 196, mala y 85, muy mala. En cuanto a la opinión que les merece el director general de Instituciones Penitenciarias, Carlos García Valdés, 727 reclusos responden que buena, 561, muy buena; 232, regular; 61, mala y 34, muy mala. Mil cuatro cientos cuarenta y seis presos no conocen el anteproyecto de ley general Penitenciaria, mientras que la respuesta es afirmativa en 169 casos. El problema mayor de las instituciones Penitenciarias es el de las condenas para 618 de los 1.6 15 encuestados; las condiciones de las prisiones, para 272; los propios presos, para 243, y, en número inferior de respuestas, el trabajo en las cárceles, los funcionarlos, la falta de asistencia jurídica y social y la falta de formación. Entre el indulto y la reforma de las leyes penales, 926 reclusos eligirían el cambio de leves y 689 el indulto. De la reforma de las leyes penales lo más importante es la reducción de penas - 1.047 contestaciones-, y las garantías procesales, 568 respuestas.
Entre las reivindicaciones que, de cumplirse, resolverían el problema de las cárceles, las respuestas apuntan mayoritaníamente a la reforma del Código Penal y al establecimiento de un máximo de seis meses de prisión preventiva. Siguen los centros abiertos para todos, el indulto y la libertad condicional al 50% de la pena.
También se pronuncian por la reforma del reglamento de prisíones, la formacíón profesional para el preso, el seguro de desempleo, y, en 34 casos, por la depuración de funcionarios.
Del total de 1.615 respuestas, 839 no volverían a delinquir si se les diera una auténtica oportunidad de reintegrarse a la sociedad con un puesto de trabajo digno y adecuado a sus condiciones y conocímientos, 246, no saben; 318 no creen que se les diera esa oportunidad; 112 no volverían a delinquir y 98 sí volverían a hacerlo.
Comunicado de apoyo a la reforma de García Valdés
Por otra parte, reclusos de diecinueve centros penitenciarios han hecho público un comunicado, que según ellos, «recoge el sentir de la inmensa mayoría de los reclusos, así como de todos los centros penitenciarios del Estado». Los firmantes manifiestan en dos ocasiones su total apoyo a la obra reformadora iniciada por el director general de Instituciones Penitenciarias», Carlos García Valcés, y dicen que mientras exista el diálogo entre la administración penitenciaria y los presos las reivindicaciones de éstos serán presentadas de forma pacífica, aunque «es lógico que nuestras aspiraciones sean superiores a los planteamientos de la futura, ley general Penitenciaria». El comunicado hace un llamamiento a todos los presos para que acepten y fomenten una «sana convivencia basada en el respeto mutuo entre los presos y los funcionarios» y hacen constar que mientras mantienen la esperanza de que se alivie la tensión de las cárceles «gracias a la labor del actual dírector general de Instituciones Penitenciarias», el fundamento de su rebelión permanece inalterable. En este sentído, los reclusos dicen que todavía hoy «sólo sufrimos prisión los desheredados que carecemos de medios o padrinos» Y señalan que la tramitación de los sumarios y las vistas de los juicios siguen desarrollándose con total falta de garantías procesales y que la reforma del Código Penal no entrará en vigor hasta pasados dos años como mínimo, con lo que seguirán en prisión «a pesar de que los poderes públicos saben que la reforma por ellos anunciada traerá consigo una reducción de perías».Los firmantes del comunicado piden que se adopten de forma urgente las disposiciones necesarías para que todos los presos tengan garantías procesales y de defensa; que se apruebe un decreto ley que modifique el articulado del Código Penal que afecta a la escala de penas, con independencia de la reforma posterior, y que se mantenga el diálogo con la administración penitenciaria para que ésta tome medidas «contra las provocaciones de violencia, vengan de donde vengan».
Ayer terminó la huelga de hambre que treinta reclusos de los cincuenta existentes en el centro de Pampiona, mantenían desde el pasado día 29 de junio, en apoyo de sus reivindicaciones, según Europa Press.
Huelga de hambre en Valladolid
Dieciocho presos comunes se han sumado a la huelga de hambre que mantienen, desde el pasado 30 dejunio, once reclusos de la prisión de Valladolid en protesta por la entrada en vigor del decreto ley de medidas antiterroristas, informa Luis Miguel de Dios. Además de estos 29 presos, otros cuyo número se estima entre veinte y treinta, se autolesionaron en la noche del pasado domingo tras la celebración de una asamblea en la que se analizó la postura a adoptar ante la aplicación de la mencionada disposición. Todos los autolesionados fueron conducidos al hospital universitario desde donde regresaron nuevamente al penal después de recibir las primeras curas.
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