La Junta de Andalucía pide la disolución de la coordinadora de las diputaciones

Tal como se esperaba, el Consejo Permanente de la Junta de Andalucía ha pedido a las diputaciones provinciales que disuelvan su comisión coordinadora en el plazo de quince días, por estimar que, una vez constituida la Junta, dicho organismo carece de sentido. El acuerdo se tomó por once votos a favor y dos abstenciones, precisamente las de los señores Barbadillo y Santaolalla, representantes de las diputaciones en el Consejo. En contra de lo que se venía pronosticando, la petición fue apoyada por los consejeros de UCD Alés y De Ona (los otros cuatro de este partido excusaron su asistencia).

Fuentes del PSOE dudaron de que la postura de UCD hubiera sido la misma de haber asistido todos sus consejeros, recordando, al respecto, la oposición radical a que desapareciese la coordinadora expresada por el diputado cordobés Rodríguez Alcaide, considerado uno de los hombres fuertes del partido gubernamental en Andalucía. Eugenio Alés, por el contrario, declaró a EL PAIS que la opinión de Rodríguez Alcaide era puramente personal y no representaba la de UCD en su conjunto.En relación con el tema, el secretario general de la junta, Joaquín Ruiz Navarro, explicó a los informadores que no hay ninguna ley ni decreto que ampare la existencia jurídica de esa coordinadora y que esperaba no hubiera problema alguno por parte de las diputaciones para su autodisolución. «No quiero ni pensar en las consecuencias que -tendría una negativa a cumplimentar este acuerdo», señaló.

Poco interés hacia el problema del paro

El Consejo volvió a considerar el problema del paro obrero, haciendo hincapié en la escasa acogida de la carta dirigida por el presidente a los gobernadores civiles de la región, en la que se solicitaba información sobre el paro en cada provincia. Hasta ahora -la carta se envió hace veinte días- sólo han contestado los de Córdoba y Cádiz, y sus respuestas han sido cordiales, pero la Junta las considera evasivas en lo que se refiere al tema central que se planteaba: el control de los fondos del empleo comunitario. Los consejeros acordaron, en este sentido, dirigirse a los ministros del Interior y Regiones.A propuestas del consejero de Industria, Tomás García, el Consejo examinó la preocupante situación de crisis del sector naval, que afecta a las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva, y decidió solicitar del Gobierno soluciones y que se tenga en cuenta la posición de la Junta sobre el problema. Al propio tiempo, se pidió al ministro de Trabajo que no autorice expedientes de regulación de empleo en el sector hasta que no se encuentren soluciones globales.

Otros temas del Consejo

Al margen de estos temas centrales, el Consejo escuchó diversos informes; realizó nombramientos; acordó dedicar su próxima sesión, a celebrar el sábado 8, a la aprobación definitiva de su reglamento de régimen interior, y facultó al presidente para buscar fórmulas de institucionalización de las relaciones de la Junta con algunas fuerzas extraparlamentarias con presencia en la región (AP, PSA, PTA e ID).