La Asociación Profesional de Policías recurre contra el decreto de incompatibilidades
La situación en el conflicto de la policía tiende a mejorar, no sólo por el cese temporal de la huelga de celo, sino por la actitud general de los reunidos ayer en asamblea nacional de la Asociación Profesional. Así se desprende de todas las informaciones solventes que han podido recogerse de la reunión. La asociación ha interpuesto recurso contra el decreto de incompatibilidades.
Los representantes de los funcionanos acordaron evitar las declaraciones a la prensa a título particular, y seguir los cauces de la rueda de prensa, o bien de los comunicados, pero, pese a todo, la impresión predominante era positiva.La noticia de la jornada puede estar, junto a lo anterior, en el anuncio oficial de interposición de un recurso contencioso-administrativo, por parte de la Asociación Profesional de Funcionarios del Cuerpo General de Policía, contra el decreto de 27 de enero pasado, que estableció el régimen de incompatibilidades profesionales y que desarrolló una orden del Ministerio del Interior del pasado día 9.
Ello muestra, pese a la persistente negativa en reconocerlo públicamente, que el tema de las incompatibilidades está en el centro de las preocupaciones profesionales. Ayer mismo, en Barcelona, la asociación facilitó una nota en la que destacaba: «Rotundamente afirmamos que no es ni ha sido este decreto, el de las incompatibilidades, el motivo de la postura de riguroso celo adoptada.»
De las informaciones que han podido conocerse a través de fuentes próximas a los funcionarios se sabe que no sólo ha sido el tema de las incompatibilidades el motivo de las últimas discrepancias entre los profesionales y el Ministerio del Interior, sino otras cuestiones de régimen interno que han contribuido a enrarecer el clima.
La situación de una veintena de auxiliares administrativas de la Dirección General de Seguridad, que venían desempeñando, de hecho, funciones de policía, y que al crearse el cuerpo femenino tuvieron acceso al mismo mediante oposiciones restringidas, con una convocatoria igual en número de plazas a las funcionarias que venían desarrollando estas tareas. La equiparación de este grupo femenino provocó serio descontento en un sector de funcionarios, y se sabe que altas autoridades del Ministerio del Interior defendieron personalmente esta postura.
Un extremo más delicado y que resulta difícil abordar abiertamente cuando se intenta obtener información es la creación de unidades especializadas de policía judicial y, concretamente, la dedicada a delitos de terrorismo, que, de acuerdo con el decreto aprobado en el último Consejo de Ministros, «se integrará conjuntamente por miembros de la policía gubernativa y de la Guardia Civil y dependerá directamente del ministro del Interior, a través de la Subsecretaría de Orden Público».
Aunque oficialmente no es posible obtener respuesta afirmativa, y de hecho se niega esta posibilidad, todas las informaciones solventes coinciden en afirmar que esta integración de los dos cuerpos en unidades únicas ha provocado malestar entre los funcionarios, que mantienen desde antiguo un sentido de cuerpo, no siempre compatible con la eficacia de las investigaciones.
En el País Vasco, donde desde hace años se viene manteniendo la acción policial frente al fenómeno terrorista de ETA, no han sido infrecuentes las desconexiones entre la acción de la policía y de la Guardia Civil y en más de una ocasión se ha echado de menos una coordinación más profunda que, al parecer, se intenta ahora definitivamente con estas unidades especiales antiterroristas.
Por lo que respecta a la distinta respuesta que han dado los cuerpos afectados por el conflicto, hay que reseñar que el tema de las incompatibilidades afecta de manera importante a la Guardia Civil, pero se piensa que el carácter militar de la institución ha servido para mantener la actitud de disciplina hasta ahora observada.
Por otra parte, se hace notar que Barcelona ha sido el punto donde se ha mantenido la actitud de protesta más adecuada. En la nota que ayer hicieron pública los funcionarios de la capital catalana puntualizaban algunos extremos de las informaciones que respecto a su postura se habían dado, pero aclaraban que solicitan el entablar conversaciones con el ministro y que, en caso de que éste se negase, recomendarían que la huelga de exceso de celo se extendiese a todo el territorio nacional. En cuanto a la dimisión del ministro Rodolfo Martín Villa, señalan que se trató en su asamblea de la posibilidad de solicitarla, sin que se llegase a concretar nada.
Presidente nacional
La asamblea de la asociación profesional dio comienzo ayer en la Escuela Superior de Policía de Madrid, y en la sesión de la mañana fue elegido presidente nacional Carlos Cabrerizo Rico, que ya lo era provisionalmente y que ostenta la jefatura de la junta regional de Madrid de la asociación. El resto de la junta quedó integrada por los otros once jefes regionales de la asociación, coincidentes con las demarcaciones territoriales del cuerpo general.
Asisten a la asamblea unos setenta delegados en representación de los casi 6.700 miembros con que cuenta la asociación y que suponen en el 85% de los 8.000 funcionarios de policía.
Un portavoz de la asociación declaró a la agencia Efe que la mayoría de los asociados están a favor de las incompatibilidades y a trabajar únicamente como Policías, pero entienden que el decreto supone una discriminación respecto a los miembros de otros cuerpos de funcionarios.
El propósito de los reunidos en la asamblea es escuchar la opinión de todas las representaciones regionales, sobre los decretos aprobados en el pasado Consejo de Ministros y sobre el de incompatibilidades -vigente desde enero, aunque no se había desarrollado hasta hace unos días- y tratar de unificar posturas para, más tarde, entablar un diálogo con el Ministerio.
Ayer no fue posible conocer la opinión oficial sobre estas posibilidades, y, en todo caso, se cree que hay que esperar al término de la asamblea para tener una idea exacta de cómo puede encauzarse finalmente el posible conflicto.
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