La sindicación de funcionarios adquirió rango de convenio de la OIT

La sindicación de funcionarios de la Administración pública, uno de los temas de mayor importancia de la agenda de trabajo de la 64 conferencia de la Organización Internacional de Trabajo, que se está celebrando en Ginebra, desde la perspectiva de los trabajadores españoles ha adquirido rango de convenio internacional.

La comisión de función pública de la conferencia, que ha estudiado la revisión de un proyecto elaborado sobre este tema en la edición anterior, después de una semana de debates en los que no se han logrado avances significativos, ha aprobado el criterio de otorgar rango de convenio internacional y recomendación para el citado proyecto. Este acuerdo se logró pese a la oposición de algunos delegados gubernamentales, miembros de la comisión, a que el proyecto se convirtiera en convenio.La mayor fuerza jurídica y moral que implica un convenio, dentro de lo que es la mecánica de la Organización Internacional del Trabajo, ha hecho que la discusión adquiera caracteres más sutiles y que hayan quedado en evidencia nuevas posturas retrógradas por parte de algunos Gobiernos, que no plantean una negativa rotunda a la sindicación, pero sí intentan limitarla y restringirla con una serie de proposiciones y enmiendas.

La delegación de los trabajadores españoles bajugado un papel destacado en estas discusiones, defendiendo el derecho a la sindicación para los funcionarios públicos.

A este ambiente, confuso en ocasiones, ha contribuido la presión extraoficial, de «pasillos», ejercida por el secretario de la Unión Internacional de Sindicatos de Policía (UISP), que en calidad de observador en la comisión ha dado a conocer un documento en el que solicita que los miembros o funcionarios policiales sean incluidos con los mismos derechos en el texto del futuro convenio internacional sobre sindicación y libertades sindica les para los funcionarios públicos.

En efecto, en el capítulo «campo de aplicación y definiciones» del proyecto de convenio se dice que «la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto las garantías previstas son aplicables a las fuerzas armadas y a la policía», es decir, deja al arbitrio de las autoridades de cada país el problema de la sindicación de la policía y las fuerzas armadas.

La UISP, que agrupa a 393.509 funcionarios poficiales de los sindicatos nacionales de Bélgica, RFA, Gran Bretaña, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda del Norte, Islandia, Luxemburgo, Mónaco, Holanda, Noruega y Suecia, en su documento hace ver que «los miembros de la policía aparecen desfavorecidos y discriminados si se les compara con otros miembros de la función pública», alegando que la policía es parte «irrefutable de la función pública».

Sin embargo, estos y otros argumentos hasta ahora han caído en el vacío, dado que la comisión considera que abrir debate sobre esta compleja materia retrasarla en un año más la aprobación del proyecto de convenio sobre libertades sindicales para los funcionarios de la Administración pública.

La sindicación de los funcionarios de la Administración es uno de los principales objetivos de las centrales españolas, que, de hecho, cuentan ya con funcionarios en sus filas, y que tanto a nivel de declaraciones como de manifestaciones públicas o a través de los parlamentarios de los partidos obreros (proyecto de ley de Acción Sindical, por ejemplo) han venido reivindicando en el contexto de una libertad sindical plena para este importante colectivo de trabajadores.